Martín Hidalgo Bustamante
La Comisión de Energía y Minas del Congreso podría aprobar la próxima semana la derogación de la norma para la formalización de la pequeña minería y la minería informal.
El nacionalista Tomás Zamudio es el autor del proyecto de ley N° 5139 que propone derogar el Decreto Legislativo N° 1105 , norma que establece disposiciones para el proceso de formalización minera. Según lo publicado por el portal El Comercio.
Esta iniciativa es el pilar del predictamen que presentó un grupo de trabajo que preside el mismo Zamudio junto con Amado Romero (Dignidad y Democracia) y Eduardo Cabrera (Fuerza Popular). El documento, que será votado el próximo miércoles en la Comisión de Energía y Minas, plantea que el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) sea la autoridad competente en materia de formalización minera.
El planteamiento ha merecido el rechazo del Ministerio del Ambiente, que elaboró un documento donde señala que dicho proyecto “pretende desconocer importantes avances en materia de formalización y erradicación de la minería ilegal”.
En declaraciones a El Comercio, Zamudio defendió su proyecto al asegurar que el proceso de formalización iniciado “no está funcionando con eficiencia” a través de los gobiernos regionales.
Su colega nacionalista Rubén Coa, actual presidente de la Comisión de Energía y Minas, señaló que su bancada no apoyará la iniciativa. “Discrepamos categóricamente de Zamudio. Algunos tienen representación de sectores que no son el sentir de la bancada”, dijo.
En tanto, Amado Romero anunció que la Comisión de Transportes insistirá en el proyecto de ley de su autoría que declara de necesidad pública la construcción de la carretera de integración regional de Madre de Dios.
Esta iniciativa fue observada por el Ejecutivo por afectar al Parque Nacional del Manu. Sumado a esto, existe un informe de la Contraloría General de la República donde se señala que el Gobierno Regional de Madre de Dios ha iniciado la obra “sin contar con certificación ambiental”.
Romero fue suspendido en el 2011 por tener vínculos con la minería ilegal. Lo apodaron ‘comeoro’.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, consideró hoy que la formalización de los mineros artesanales se vería reforzada con la creación de una entidad de fomento que canalice el acopio, tratamiento y comercialización del oro extraído.
“Podría establecerse, por ejemplo, una entidad de fomento que pueda recibir el mineral y tratarlo en las plantas, pagándole a los mineros artesanales, y a partir de este punto toda la comercialización tendría que ser legal y centralizada”, dijo a la Agencia Andina.
Gálvez agregó que se necesita un mayor esfuerzo para acopiar, tratar ese mineral y venderlo dentro del marco de la legalidad, para que no sea una fuente de lavado de dinero.
“Las grandes empresas no deben acopiar, eso no puede ser, tiene que haber una entidad que centralice esto debidamente, porque las soluciones fáciles traen grandes complicaciones en el futuro", advirtió.
"En eso se debe tener mucho cuidado con la letra menuda en la normativa, porque el demonio está en el detalle”, señaló tras afirmar que la iniciativa del Gobierno para la formalización es correcta.
El dirigente gremial sostuvo que debería darse una mirada a los detalles de la normatividad, para hacer más viables las propuestas de solución, las cuales no son fáciles.
Agregó que el trabajo de formalización minera del Gobierno ha sido positivo y que la próxima administración debería enfocar más esfuerzos para incorporar a los mineros informales a la legalidad y puedan trabajar de manera artesanal.
“Nada puede ser ni ilegal, ni informal. Yo entiendo cuando se habla de un minero artesanal, pero que está en condiciones de dar todas las garantías de seguridad a la vida y a la integridad del ser humano que trabaja en estas operaciones, además de preservar el medio ambiente”, dijo.
Añadió que la minería no es una actividad barata, pues las cosas se tienen que manejar bien en esta actividad.
"A eso se debe apuntar cuando se acepta una operación minera artesanal, porque la minería aluvial no puede ser manejada de cualquier manera, ni la puede hacer cualquiera", sostuvo.
“Usted tiene que tener cascos, botas, respiradores, guantes, entre otros, y eso obviamente cuesta. Pero no se trata sólo de valorizar genéricamente los costos, porque la vida de las personas vale mucho más”, aseveró.
MIA RÍOS
Hernando de Soto, nuevo asesor de Fuerza Popular (partido que lidera Keiko Fujimori), ha dado que hablar en los últimos días por su propuesta de dialogar/negociar con exterroristas (arrependitos) a los que denomina ‘sendero verde’.
Y es que de acuerdo con Soto, existe tres tipos de terroristas: Los del Vraem, los del Movadef y los de ‘sendero verde’ que son – en su opinión- exterroristas que ya han cumplido sus penas. “No tienen armas. Todos son ecologistas”.
“Nosotros hemos dicho que una parte de Sendero, no todos, ha cambiado. Si nosotros no anotamos eso, no vamos a parar los conflictos mineros, ni la paralización de proyectos. Otra cosa es cuando se dice cuál es la estrategia que se va a seguir frente a personas que ya no cargan armas; de eso es lo que se trata”, sostuvo en declaraciones en Radio Capital.
Asimismo, dijo que lo que busca el partido es que los comuneros tengan la misma oportunidad que los demás peruanos. “Ellos no tienen título de propiedad y es lo primero que tú necesitas para hacer capital. Los mineros que vienen del extranjero a conseguir dinero porque se titulan, consiguen un tratado bilateral y ponen un seguro; pero las comunidades no pueden hacerlo.
Ante los comentario de Pedro Pablo Kuczynski, que criticó que los terroristas “lo colgaron (figurativamente) en la vía expresa cuando era ministro de Energía y Minas”, De Soto dijo que, aún cuando habían amenazas, “a mí no me amenazaron porque era inocente”.
“Nosotros lo que estamos viendo es que quien está postulando a la presidencia (PPK) nos dice que la razón por la que se fue del Perú es porque el país se volvió peligroso. ¿Ese va a ser nuestro presidente, quién tiene más pantalones?”, cuestionó.
Tanto Keiko Fujimori como Pedro Pablo Kuczynski señalan la importancia de formalizar a los pequeños mineros, quienes están presentes en casi todas las regiones del país y explotan hasta una quinta parte del territorio nacional. En conjunto, su producción anual asciende a US$1.315 millones, según el Instituto Cooperacción –cifra similar a lo que se invertiría durante el período de construcción del proyecto Tía María–.
Si bien ambos candidatos coinciden en aspectos como facilitar el acceso al crédito y la asistencia técnica, las diferencias resaltan al determinar el punto de partida.
Fujimori ha firmado un contrato con representantes de mineros informales y, asesorada por el economista o (conocido internacionalmente por su tesis sobre informalidad y voceado asesor presidencial en dicho rubro de ganar Fujimori las elecciones), propone la derogación de los decretos legislativos 1100 y 1105, promulgados por este gobierno, que norman a la pequeña minería y minería artesanal. Además, ofrece la titulación para pequeños mineros.
El Decreto Legislativo 1100 regula la interdicción de la minería ilegal, es decir, la potestad del Estado de quemar maquinaria y campamentos mineros en zonas prohibidas. El 1105 determina la diferencia entre minería ilegal (llevada a cabo en zonas reservadas o con maquinarias prohibidas) e informal (en zonas autorizadas, pero sin permiso de explotación). Asimismo, establece los pasos que se deben tomar para la formalización minera.
Que la formalización minera vuelva a fojas cero es el punto más controversial de su propuesta. De Soto, desde el 2014, se ha mostrado abiertamente en contra de la estrategia implementada por el gobierno desde el 2012. Él califica al proceso de formalización como “un rotundo fracaso” y propone redefinirlo, dado que obliga al minero artesanal a regularizarse para pagar impuestos, pero sin ningún incentivo. ¿Pero cuán factible sería aplicar la estrategia de De Soto?
1. ¿Se pueden entregar títulos a los mineros informales, como plantea Hernando de Soto?
Es difícil. De Soto propone convertir a los mineros informales en propietarios, para que con sus títulos tengan acceso al sistema financiero y, de esta manera, garantizar su emprendimiento empresarial.
El problema radica en que la mayoría de estos (todos, según declaró el dirigente minero Víctor Chanduví a El Comercio) opera en áreas que ya están concesionadas.
El no tener concesión ni contratos de explotación o cesión firmados con los titulares es el principal obstáculo. Esto impide el avance de la formalización, de acuerdo con Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental: “La titulación de los que actualmente operan las zonas pone en riesgo el derecho de los anteriores, que pueden ser otros concesionarios mineros, comunidades indígenas, entre otros”.
Dicha postura también es compartida por Iván Lanegra, ex viceministro del Ambiente. “Una política de formalización hacia la gente que opera las concesiones significaría también una de expropiación de concesionarios originales”, menciona.
Para otorgar títulos, las empresas que tienen las concesiones tendrían que estar de acuerdo con ello o, en todo caso, el Estado tendría que anular las concesiones otorgadas.
2. ¿Cuáles serían las implicancias de derogar los decretos?
De Soto sostiene que en el compromiso firmado por Fujimori, Fuerza Popular se compromete solo con los mineros informales –que estima son el 80% de los 400.000 mineros–, mas no con los ilegales que depredan la selva.
Sin embargo, derogar el decreto 1105 implicaría que no se pueda diferenciar entre minería informal e ilegal, y el 1100, que no se puedan realizar interdicciones. Con lo cual ya no aplicaría el marco normativo bajo el cual el Estado pueda combatirlos. Esto, entre otras cosas, permitiría que los ilegales sigan operando en zonas protegidas, como Tambopata, en Madre de Dios, donde solo este año se han deforestado 130 hectáreas.
En el caso de los informales, la derogación de los decretos no significaría que estos sean considerados formales, pero sí que ya no sean catalogados como ilegales por no haber firmado la declaración de compromiso, que es el primer paso del proceso de formalización.
A fines de abril, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, criticó la propuesta de derogación de los decretos y dijo que esto crearía “una falsa expectativa” y que, en lugar de alentar la formalización de los mineros, sería “una trampa”.
3. ¿Realmente fracasó el proceso de formalización?
No exactamente, pero si se mira desde el punto de vista de cuántos mineros lograrían su formalización, sí fracasó. El gobierno esperaba incorporar en la legalidad a 200.000 mineros a fines de este año, pero solo llegará a 5.000, según la Presidencia del Consejo de Ministros.
Durante el proceso de formalización, los mineros tienen que cumplir ciertos requisitos complejos, tomando en cuenta su pequeña escala. Uno de ellos es la acreditación de la titularidad o un contrato de cesión sobre la concesión minera o, en su defecto, un acuerdo de explotación; pero, como se explicó, esto depende de las negociaciones con los titulares de las concesiones. Otro requisito es contar con certificados de gestión ambiental y uso de aguas.
“Una de las opciones es que los mineros escalen y se organicen en grupos más grandes para afrontar los costos de acceder a la formalidad. Pero esto requiere de una mayor iniciativa estatal”, opina Iván Lanegra.
Sin embargo, algunos especialistas coinciden en que el proceso no es un fracaso porque ha empezado a generar reglas de juego claras. “La formalización, pese a que no se ha culminado, está bien enfocada”, señala Pedro Solano. “Uno de sus aciertos es la diferencia entre los informales e ilegales que deben ser erradicados”, concluye.
El vocero de Peruanos Por el Kambio en minería y medio ambiente, César Ipenza, se pronunció para dar a conocer las principales propuestas que el candidato Pedro Pablo Kuczynski plantea para lograr la formalización minera. El especialista ambiental destacó la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones, del programa Oro Limpio y la implementación del Banco Minero.
Asimismo, Ipenza señaló que el Gobierno Central es el encargado de brindarles recursos a los Gobiernos Regionales para que realicen la formalización minera, sin embargo, estos usualmente no cuentan con personal ni con los instrumentos necesarios para llevarla a cabo. Ante esta situación, el especialista planteó la creación de un Ministerio de Apoyo a las Regiones orientado a asesorar a los gobiernos subnacionales.
“Creemos que debemos acompañar a los gobiernos regionales para que cuenten con asistencia técnica y recursos necesarios para lograr la formalización minera. Por ello, planteamos la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones junto al Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas para que impulsen este proceso”, señaló César Ipenza.
De igual forma, el especialista afirmó que en el eventual gobierno de PPK se ejecutará el programa “Oro Limpio” que implica usar mecanismos y procesos eficientes de formalización asistiendo a las regiones brindándoles recursos y acompañamiento. Para ello, destacó la necesidad de tener un fondo para la formalización minera necesario para crear mecanismos con tecnologías limpias.
Finalmente, destacó que a través del Banco Minero se comprará la producción de los mineros que cumplan con las normas ambientales, con el fin de darles créditos y lograr formalizarlos. No obstante, afirmó que los mineros que queden fuera del proceso por trabajar en concesiones ajenas, participarán en la transformación del oro con valor agregado, ya que se necesitará mano de obra para realizar esta actividad que no requiere extraer el oro, sino de transformarlo.
