El conflicto que se ha suscitado en el distrito de Antauta (Melgar, Puno) entre un grupo de dirigentes y la empresa Minsur, ha dividido a la población.
Mientras que un sector, liderado por el alcalde de Antauta Marco Soto Vilca, insiste en que Minsur comparta sus regalías con la comunidad, otros pobladores están en desacuerdo y consideran que lo mejor es que la empresa minera continúe invirtiendo en proyectos de manera directa, sin intermediarios.
Las organizaciones que mueven el convenio marco son los llamados Comité de Gestión de Convenio Marco y Comité de Defensa del Convenio Marco, ambas creadas ad hoc para presionar a la minera Minsur y obligarla a entregar el 10% de sus utilidades y pagar compensaciones por operaciones de 40 años, entre otros pedidos. Precisamente, el alcalde Soto es presidente del Comité de Gestión, secundado por los señores Lucio Barrionuevo y Edmundo Alarcón, mientras que el Comité de Defensa es presidido por Raúl Anahua Sánchez (Larimayo).
Pobladores de Antauta señalan a estos dos últimos como los dirigentes del llamado “Comité del convenio marco”, quienes estarían liderando el pedido y la movilización social. “Son personas que no nos representan, nadie los ha elegido y no son dirigentes”, señala un poblador antauteño.
Según cuentan los pobladores que no están de acuerdo con el convenio marco, el caso de Edmundo Alarcón es el más controversial, pues sería habitual proveedor del municipio y tendría diversos procesos judiciales en su contra. Según informa el medio local Radio La Exclusiva, se vio involucrado en un sonado caso de corrupción en el distrito de Coasa (Carabaya), donde fue gerente municipal (actualmente el ex alcalde de esta localidad se encuentra prófugo). Lucio Barrionuevo, por su parte, es el vocero y principal cabeza visible del “convenio marco” y estaría laborando para la municipalidad de Antauta, pero la gente no sabe exactamente que está haciendo.
Un informe elaborado por Desarrollo Antauta muestra la opinión divida en la región. “Nadie los ha elegido para que hablen en nuestro nombre”, reitera una pobladora local. “Minsur debería conversar con los barrios y sectores del distrito, no con ellos”, añade la fuente.
Los vecinos sostienen que viven amenazados. Durante el paro que emprendieron a comienzos de abril lograron conminar a los pobladores a formar piquetes bajo diversas amenazas. “Los que estábamos en contra del paro no podíamos ni salir de nuestras casas”, se lamenta una vecina. Asimismo, manifiesta que para poder cubrir los piquetes trajeron gente de otras zonas como San Antón y Sicuani. “Nos sentíamos secuestrados en nuestro propio distrito”.
Al preguntar sobre la justicia del pedido y las posiciones, coinciden en que Minsur efectivamente debe invertir más, pero discrepan en las formas. “No estamos de acuerdo en que les den utilidades a ellos (los dirigentes), no sabemos cómo van a manejar esa plata”, afirma un poblador. Otro señala que “si a la empresa no la presionas, no actúa, aunque los paros nos perjudican a todos”.
Sin embargo, se debe señalar que en Antauta ya existe una mesa de diálogo entre representantes del distrito y Minsur. Uno de sus miembros, quien también pidió no ser identificado por el momento, señala que “en este espacio estamos representantes legítimos de los diversos sectores del distrito y hablamos sobre inversiones puntuales como un proyecto de agua potable, becas para estudiantes, cercos ganaderos, empleo para más antauteños”.
Consultada su opinión sobre la Mesa de diálogo del convenio marco, se muestra pesimista: “es difícil que obtengan algo así, es mejor un medio de diálogo y desarrollo como el que llevamos a cabo, pues se conversa tranquilamente y se presentan propuestas. Hubiera sido mejor que participen en nuestra mesa; quizás estaríamos trabajando más proyectos y nos habríamos evitado tanto conflicto”.
Las perspectivas de este conflicto son de pronóstico reservado, por lo pronto el 10 de mayo se frustró el diálogo por no haber acuerdos en lo más básico: el reglamento. Pero la conclusión más saltante de todo esto es la débil institucionalidad que padecemos en nuestras regiones, donde las empresas son el receptáculo de las sobre expectativas y frustraciones de la población ante un Estado débil o ausente. Lo más paradójico del caso de Antauta es que sea un alcalde quien le exija a una empresa que cumpla las funciones que le fueron encomendadas por mandato popular.
