Rubén Giustiniani y Fernando “Pino” Solanas
Qué esconde el contrato que le da en concesión directa a Chevron por 35 años la explotación de Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional del mundo, entre empresas offshore? En primer lugar, que lo que en realidad realiza Chevron no es una inversión genuina sino un préstamo a YPF, que engorda la ya abultada deuda que tiene la compañía, y que se intenta esconder a través de empresas pantalla ubicadas en paraísos fiscales.
Ese dinero -según ha reconocido públicamente la propia empresa- no se canalizó a través de cuentas que están a nombre de YPF, sino de otras cuya titularidad está a nombre de personas físicas que, según trascendidos periodísticos, eran directivos y ejecutivos de YPF. En segundo lugar, que Chevron se esconde en el país a través de empresas creadas por la propia YPF. Además de las empresas offshore, que permiten eludir los impuestos que todos pagamos en Argentina, YPF crea la “Compañía de Hidrocarburos No Convencionales S. R. L” (CHNC), constituida en nuestro país en la misma dirección legal de la petrolera estatal.
De acuerdo al Boletín Oficial, CHNC incrementó su capital social de 100 mil pesos en julio de 2013 a 6.464,64 millones de pesos en marzo de 2014. YPF le transfiere a esa empresa el 50% del yacimiento de Loma Campana, quedando en evidencia la maraña desarrollada por YPF para encubrir que en realidad CHNC es Chevron. Pero, ¿por qué Chevron no quiere aparecer en Argentina como tal? Porque como el fracking es un método de altísimo riesgo ambiental, Chevron ha tomado todos los recaudos para que los pasivos ambientales corran por cuenta exclusiva de YPF, es decir de todos nosotros En tercer lugar, el contrato esconde que las controversias entre las partes no serán resueltas en Argentina, sino por un juez de distrito en Nueva York o en la Cámara Internacional de Comercio (CCI) con sede en París. Una nueva prorroga de jurisdicción en tribunales extranjeros, error que ya nos costó a los argentinos miles de millones de dólares. El ejemplar fallo de la Corte Suprema del pasado 10 de noviembre fue contundente: dijo que “la empresa funciona bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional”, “que desempeña trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público”, y que por ello no puede, “en el marco de los principios de una sociedad democrática, negar información que hace a la transparencia y la publicidad de su gestión”.
A más de 250 días de haber sido dictado, el contrato sigue secreto. Curiosamente, la jueza Carrión de Lorenzo, que tenía la responsabilidad de ejecutar el fallo de la Corte haciendo público el contrato, y luego de aceptar innumerables chicanas jurídicas de YPF renunció a su cargo. Ahora la palabra la tiene la Cámara Federal.
El gobierno, que envió recientemente al Congreso una Ley de Acceso a la Información Pública, debería primero ordenarle a sus directores en YPF que cumplan con sus deberes de funcionarios públicos y hagan público el contrato.
¿Qué esconde, entonces, el contrato YPF-Chevron? Si no es perjudicial para los intereses nacionales, ¿por qué no se lo hace público? La Corte Suprema sentenció que “la información no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina”.
En vísperas del 25 de mayo, una vez más, “el pueblo quiere saber de qué se trata”.
Rubén Giustiniani, ex Senador y diputado provincial (Sta. Fe)
Fernando “Pino” Solanas, Senador nacional
