“Tanto el congelamiento tarifario como la política de subsidios al consumo eléctrico, si bien tuvieron algún efecto de corte social, han impactado negativamente en el desempeño de las empresas del sector energético y en las cuentas fiscales, siendo además uno de los factores más importantes en la determinación del déficit público comprobado”, sostiene en una de sus conclusiones el informe especial del sector eléctrico realizado por KPMG y titulado “Tarifas eléctricas, congelamiento, subsidios e impacto del ajuste”.
El estudio llega a la conclusión de que el crecimiento de los subsidios económicos al sector energético no tiene precedentes y que en poco más que una década su magnitud se incrementó en un múltiplo superior a las 870 veces respecto de 2002, y su participación en el total de transferencias en más de 44 veces.
Sostiene que “desde un punto de vista comparativo, las tarifas al consumo eléctrico en Argentina presentaron, durante todos estos años y hasta al reciente cambio de esquema, dos características fundamentales: i) eran anacrónicas (porque estaban pesificadas y congeladas desde el año 2002 y sufrieron escasas variaciones o ajustes en los últimos años) y ii) estaban desligadas de los costos de generación desde que la Ley de Emergencia Económica rompió la relación inherente entre éstos (donde impactan el precio internacional del gas -de grandes variaciones en la última década- y la inflación local) y la tarifa deconsumo (subsidiada por el Estado). Teniendo en cuenta esas dos importantes cualidades, y que el actual gobierno modificó el esquema tarifario para atenuar su impacto, la tarifa promedio que abonaba un usuario representativo en nuestro país hasta diciembre de 2015 se encuentra en las antípodas de lo que abonan los usuarios en otros países de la región, exceptuando únicamente a Venezuela.
El valor de la energía eléctrica por kilowatt/hora (Kw/h) en Argentina representaba, en promedio y hasta fines del 2015, alrededor de la sexta parte de la media regional (es decir, tan solo el 18% de ésta) o la séptima y décima parte de las cobradas en Chile y Brasil, respectivamente. Si bien las diferencias en las tarifas medias que abonan los usuarios de los distintos países resultan muy notorias respecto al caso Argentino (o al de Venezuela), las mismas no estarían explicadas por los subsidios en su totalidad sino también, y en gran parte, por el congelamiento anacrónico de
En otra parte del texto se señala que en los últimos diez años los fondos asignados a subsidiar el consumo de energía eléctrica crecieron en un múltiplo de 118, es decir desde 1.185 millones asignados en 2005 a rozar los 140.000 millones de pesos en 2015. Del total acumulado de subsidios con fines económicos registrados en la década 2005-2015, que llegó a U$S 130.500 millones, el Estado destinó al sector energético U$S 85.000 millones. “Comparados con los subsidios a otros sectores, el aquí analizado no tiene precedente histórico y ha sido un instrumento esencial de la política económica del último gobierno”, se afirma.
Según Ariel Eisenstein, socio a cargo de Energía y Servicios Públicos de KPMG y uno de los autores del informe, la grave situación del sector llevó a que “la calidad del servicio eléctrico disminuyera notablemente. La mejor evidencia es que crecieron exponencialmente los reclamos de los usuarios a las empresas distribuidoras. En la última década la cantidad de reclamos por falta de suministro o deterioro en la calidad del mismo se ha multiplicado 18 veces representando hoy el 93 por ciento del total de los reclamos. En síntesis, la política de subsidios para mantener tarifas baratas fue contra los mismos usuarios que vieron cómo el servicio decaía año a año por la falta de inversiones a raíz de que las empresas tuvieron que afrontar serios problemas de desfinanciamiento.”
