En la cuenta pública del Ministerio de Defensa, el ministro José Antonio Gómez anunció que se modificará la Ley Reservada del Cobre, luego de las investigaciones a ex funcionarios del Ejército por un fraude cercano a los $ 5 mil millones.
Gómez anunció que la cartera “tiene el propósito de ingresar en el segundo semestre una indicación sustitutiva que cumpla con los objetivos de tener financiamiento real y efectivo que impida que la baja inversión y recursos para mantención del potencial bélico nos lleve a perder las capacidades que hemos generado en los últimos 25 años. En segundo lugar, que tenga los mayores controles y transparencia que en una sociedad democrática deben existir, reguardando el secreto en aquellas áreas que no se pueden revelar”. según logró conocer La Tercera.
Gómez además señaló que “se ordenó efectuar revisiones semestrales a los procesos regulados por las leyes sobre Compras y Contrataciones del Sector Público y Reservada del Cobre”. Sobre las investigaciones de corrupción que afectan a la institución sostuvo que “quienes están involucrados en estos casos no son militares, son delincuentes”.
Ayer, además se desarrolló la comisión investigadora a la Ley Reservada del Cobre. A esta asistieron el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y los ex ministros de Defensa, Francisco Vidal y Rodrigo Hinzpeter. En primera instancia, Cruz descartó que el casino Monticello -donde el cabo Juan Carlos Cruz apostó cerca de $ 2.300 millones- haya efectuado reportes de operaciones sospechosas, los cuales les permiten iniciar las indagatorias que podrían derivar en denuncias a la fiscalía. La autoridad sí reconoció que el casino informó reportes de operaciones en efectivo, las cuáles no permiten el cruce de información ni abrir una investigación.
En la tarde, el ex ministro Francisco Vidal negó tener algún tipo de denuncia de irregularidades en su administración (2009 a 2010). En relación al caso del ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, señaló que “la verdad es que no pensé en el patrimonio, pero no se me pasó por la cabeza en verdad. Lo que uno ve es la carrera militar y particularmente el tema de los derechos humanos”, dijo.
Por su parte, el ex ministro de la cartera entre 2012 y 2014, Rodrigo Hinzpeter, no se manifestó de acuerdo con modificar la Ley Reservada del Cobre en este contexto. “Legislar sobre el financiamiento a partir de un caso de fraude, es una mala aproximación. Sugeriría hacerlo desde una perspectiva de Estado. Ese proyecto desgraciadamente se entrampó en el Senado y de allí que no se pudo avanzar” y agregó que “nunca me entregaron un informe de denuncia sobre un hecho irregular respecto de esa norma”.
Ambos ex secretarios de Estado dijeron desconocer informes o alertas sobre el fraude, bajo su administración. En lo que sí coincidieron es que el brigadier Jorge Pantoja era el encargado de administrar las cuentas de la Ley Reservada del Cobre.
Es por ello que la comisión citará a Pantoja. El presidente de la comisión, Jaime Pilowsky (DC), sostuvo que “ha surgido este nuevo antecedente, que esa persona administraba los fondos, hace al parecer mucho tiempo. También llama la atención que no se hayan hecho auditorias a la administración de estos fondos, lo que habría permitido, tal vez, evitar este fraude”.
El Ejército de Chile administra un fondo para armas no revelado: son pocos los que saben cuántos miles de millones de dólares contiene, en dónde se los invierte o exactamente en qué se los gasta. Ahora, un escándalo de apuestas en un casino local, parece que va a cambiar todo esto.
Fiscales y periodistas están desenrollando la historia de cómo al menos US$3,5 millones de dólares del fondo fueron sustraídos por uno de sus administradores para financiar un estilo de vida en donde se combinan los juegos de azar, las carreras de caballos y los viajes al extranjero. El periodista Mauricio Weibel, quien destapó el escándalo y escribió un libro al respecto, dice que este puede ser el comienzo de muchos otros casos.
“Todavía desconocemos su magnitud, pero sabemos que la corrupción está muy extendida”, dijo Weibel. “Todos los días surge información de casos más importantes y nuestra sensación es que este es solo el comienzo de una larga investigación sobre corrupción y fraude dentro de las Fuerzas Armadas”.
El caso sigue a una serie de otros escándalos en Chile relacionados con la financiación de campañas políticas y sobornos, y afecta la imagen de un país famoso por su honestidad. También amenaza el último legado de una dictadura militar que otrora controlaba todo lo sucedido en la nación sudamericana y no admitía críticas a su reputación. Como una prensa y un sistema jurídico que se han fortalecido, el gobierno promete mayor transparencia y los militares son una sombra de lo que fueron.
El fondo para armas se financia según lo dispuesto en una ley redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet, que garantizaba a los militares un 10 por ciento de las ventas de la minera estatal de cobre Codelco. Con el auge de los precios del cobre durante gran parte de la década pasada, ese porcentaje representaba mucho dinero, tanto como US$14.300 millones entre 2000 y 2015. Cómo gastaban los militares ese dinero, dependía de ellos, siendo poca la supervisión por parte del Gobierno.
Incluso después de actualizar al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en la década pasada, el fondo podría contener aún unos US$6.600 millones, o casi un 3 por ciento del producto interno bruto de Chile, de acuerdo con el legislador Jaime Pilowsky, que dirige la comisión del Congreso que investiga la corrupción en el Ejército.
“Es una abominación que en tiempos de democracia esta ley opere bajo tal nivel de reserva”, dijo Pilowsky en un comunicado por escrito. “No puede haber más leyes secretas encerradas en bóvedas de difícil acceso incluso para los congresistas”, agregó.
Pilowsky está haciendo campaña para cambiar la forma en que se financia a los militares, para que se garantice un mayor control por parte del Gobierno.
Una investigación en curso a cargo de la fiscal militar Paola Jofré ha sacado a la luz 2.500 facturas supuestamente irregulares entregadas por los administradores del fondo en menos de un año.
Los fiscales acusaron a seis funcionarios militares y tres civiles que fueron contratados para hacer el trabajo para el Ejército y que produjeron las facturas falsas. Al menos dos de los funcionarios admitieron su culpabilidad.
Ahora, se está investigando cómo el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, pudo haber gastado casi US$400.000 en viajes por todo el mundo, a la vez que compraba y vendía propiedades en Chile, según Weibel.
Llegar al fondo de la cuestión puede no resultar fácil. En su libro recientemente publicado, Traición a la Patria, Weibel reveló numerosos casos de corrupción militar, pero la mayoría de sus fuentes se negaron a hablar, dijo.
“La mayoría de mis fuentes fueron amenazadas física o verbalmente y mientras escribía el libro asaltaron mi casa tres veces”, contó en una entrevista telefónica.
Mientras que el actual comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, ha pedido que se respete la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, el Gobierno está indicando que el gasto militar no puede seguir como antes.
“Es el momento de hacer cambios”, expresó el ministro de Defensa Antonio Gómez, el viernes. “Para salir de esta situación, no podemos tomar atajos o negar la realidad. El primer paso es reconocer los errores y la negligencia que nos llevó a esta situación”, recalcó.
