En medio de la fuerte contracción de la inversión extranjera en el sector minero, que el año pasado cayó 60 por ciento, las cabezas de tres de las empresas más representativas unieron sus voces en busca de cambios reales que les permitan continuar su operación en la coyuntura actual de bajos precios de las materias primas, pero también en el largo plazo.
Mientras algunos conocedores de la situación señalan que solo cuando una de las grandes firmas comience a restringir operaciones y se note en los empleos se verá el impacto, los presidentes de Drummond, José Miguel Linares; de Cerrejón, Roberto Junguito, y de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, coinciden en que tras un largo compás de espera, es hora de conocer con claridad las medidas para que el sector pueda acomodarse a la nueva realidad.
Linares no solo advierte que se necesita que las anunciadas medidas de alivio para el sector petrolero y minero se concreten en el corto plazo, sino que se debe implementar una política de Estado, no solo del Gobierno, sino que logre involucrar a otros pilares como la Rama Judicial, el Congreso y los entes de control.
Por su parte, el presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, no ve una intención de que la minería colombiana sea competitiva y dice que “se requiere que desde el alto nivel del Gobierno digan ‘esto es lo que nosotros queremos hacer’, y eso no lo vemos”.
Para los directivos, esta política comprende aliviar la carga tributaria, garantizar la estabilidad jurídica; la lucha contra la minería criminal y defender abiertamente al sector como lo que es: generador de empleo que aporta grandes cantidades de dinero en regalías e impuestos, con responsabilidad social y ambiental.
Respecto a la parte impositiva, los tres representantes de las mineras señalan que es clave revisar las condiciones de manera continua, pues se compite internacionalmente, tal como ya han hecho países como Chile, Perú, Australia, Canadá o Sudáfrica, para mantener el atractivo ante los inversionistas.
Roberto Junguito, presidente de Cerrejón, explica que esto es muy importante para atraer inversión al país en momentos en que los recursos para la minería a nivel internacional son muy pocos.
Para los empresarios, la estabilidad jurídica se ha visto erosionada en los últimos meses con los fallos de la Corte Constitucional sobre minería en las áreas de páramos, con la suspensión de explotación en pozos petroleros y las consultas a las comunidades para proyectos mineros.
Linares expresa que las que están regulando el sector en estos momentos, en temas como las consultas populares, los niveles de ruido en las operaciones férreas, los alcaldes participando en la toma de decisiones de los proyectos, son las Cortes y no el Gobierno, como debería ser.
