El Presidente de la Nación decidió convocar de urgencia, apenas con tres horas de antelación, a los máximos dirigentes del sindicalismo y el empresariado nacional, junto al ministro de Producción Francisco Cabrera, jefe de Gabinete y su equipo.
El Gobierno les pidió a las partes el compromiso de una tregua para que no haya despidos, ni tampoco reclamos exagerados de las partes, entre un plazo de dos a tres meses, período a partir del cual se espera una gradual reactivación de la actividad productiva y comercial, y la apertura de listas de empleo para encarar un ambicioso plan de obras públicas.
Previamente, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere y uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, habían anticipado a la prensa que sus entidades estarían dispuestas a firmar un compromiso antidespidos por un plazo determinado, pero reclamaron al Gobierno que antes habilite una "mesa de diálogo" para tratar los problemas sectoriales que existen por la caída de la actividad económica del mercado interno y el impacto del frente externo, principalmente la crisis de Brasil.
En el encuentro con el Presidente, en la Casa Rosada, se llegó a un acuerdo con los dirigentes sindicales y también con líderes políticos de la oposición en Diputados, para que no acelere el tratamiento de la bautizada Ley Antidespidos, que implicaría votar la doble indemnización.
Entre los presentes, Infobae pudo confirmar que estaban los sindicalistas Antonio Caló (metalúrgicos) y Luis Barrionuevo (gastronómicos), de las CGT Alsina y Azul y Blanca, respectivamente; José Luis Lingeri (obras sanitarias), Carlos West Ocampo (sanidad), Armando Cavalieri (comercio), Gerardo Martínez (construcción), Roberto Fernández (colectiveros), Juan Carlos Schmid (dragado y balizamiento), Guillermo Pereyra (petroleros), Omar Maturano (maquinistas ferroviarios) y Gerónimo "Momo" Venegas (peones rurales).
Más costos que beneficios
Cabe destacar que en la última semana se intensificaron los pedidos de los empresarios pyme a los legisladores para que no avancen con una iniciativa que estiman generará más costos que beneficios para el sector.
Por el contrario, del lado del sindicalismo, durante abril continuaron las denuncias de suspensiones y despidos de personal, tanto en el sector público como privado, por un total cercano a 140.000 personas en el cuatrimestre, aunque nada comunicaron de los casos de creación de empleos netos, como realmente ocurrieron en el período, según aseguran fuentes oficiales de Trabajo y Producción.
Al respecto, encuestas de opinión a empresarios, como las de LIDE y estudios de "caza talentos", mostraron en los últimos días que las expectativas empresarias son de creación neta de empleos en lo que resta del año, revirtiendo el cuadro predominante en los pasados cuatro años.
El acuerdo del Gobierno con empresarios no tuvo ningún impacto en la discusión de la Cámara de Diputados por la ley antidespidos. Aunque con posiciones diferentes, que mantienen la incertidumbre sobre el desenlace, toda la oposición rechazó ayer que la Casa Rosada intente frenar la sanción de la ley por medio de un compromiso sin valor legal.
"Una vez más, el país asiste a un acuerdo entre el Gobierno y las empresas para evitar despidos cuando en el Parlamento avanza un proyecto para darles estabilidad a los trabajadores con fuerza de ley", criticó José Luis Gioja, del Frente para la Victoria (FPV). "El anuncio del Presidente peca en el mejor de los casos de voluntarista. Con voluntarismo no se resuelve ni la inflación ni el miedo de la gente a perder su trabajo", dijo Facundo Moyano, del Frente Renovador.
Las críticas se multiplicaron en todos los sectores de la oposición. "Estamos esperanzados en que podremos salir de esta coyuntura compleja, pero mientras tanto los sectores más vulnerables deben tener la seguridad y el resguardo que sólo una ley puede ofrecer", coincidió Diego Bossio, del Bloque Justicialista. "Estamos en un Estado de Derecho, en una sociedad del siglo XXI, ¿por qué no una ley en vez de un pedido por favor y un compromiso?", se sumó Alicia Ciciliani, del Frente Amplio Progresista (FAP).
Con el rechazo de esos cuatro espacios, los más numerosos de la oposición, quedó confirmado que la Cámara baja seguirá adelante con el debate de la ley, en contra de los deseos del Presidente. Lo que aún resta definir es cuándo se discutirá en el recinto y si se harán cambios que obliguen a que el proyecto vuelva al Senado, una dilación que resisten los gremios y el kirchnerismo.
Un primer intento de sesionar se dará mañana. El FPV y el Frente de Izquierda (FIT) convocaron a una sesión especial para las 10, una hora antes de que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, exponga ante el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto. El cronograma establecido por el oficialismo indica que las comisiones podrán emitir dictamen sólo a partir del jueves. Esa hoja de ruta arranca hoy con la visita de representantes de pymes.
La intención de Sergio Massa, una suerte de árbitro entre el oficialismo y el FPV, es dictaminar el miércoles y debatir en el recinto el jueves. El ex intendente de Tigre insiste en introducir cambios al proyecto que se votó en el Senado para agregar un capítulo de beneficios impositivos para las pequeñas y medianas empresas. Durante varios días negoció esos cambios con el frente Cambiemos, que pretende dilatar el trámite legislativo de cualquier manera. Durante el fin de semana deslizó que no pondrá trabas a la sanción de la ley.
Para poder tratar el proyecto en la sesión especial de mañana, el FPV y la izquierda deberán reunir el quórum. Para eso es crucial la posición del Bloque Justicialista y el Frente Renovador. Oscar Romero, presidente de los justicialistas, aclaró que si no se llega a un acuerdo para hacer cambios, su bloque acompañará el proyecto del Senado. Pero ayer evitó firmar el pedido de sesión especial.
Massa se opone a la convocatoria del kirchnerismo, pero no está claro qué postura tomarán los siete diputados del Frente Renovador de origen sindical. Ese apoyo es decisivo para que se haga la sesión especial. El ex intendente de Tigre reúne hoy a su bancada para tratar de acordar una postura común.
En caso de reunir el quórum en la sesión especial, se necesitará el voto de dos tercios de los presentes para habilitar el tratamiento. Eso obliga al oficialismo a juntar a sus diputados en las puertas del recinto e ingresar en el caso de que se consiga el quórum.
Coincidencias
Toda la oposición rechazó ayer que la Casa Rosada intente frenar la sanción de la ley por medio de un acuerdo sin valor legal
Planes del kirchnerismo
El FPV y el Frente de Izquierda convocaron mañana a una sesión especial para avanzar con la ley
La estrategia de Massa
La intención de Sergio Massa, una suerte de árbitro entre el oficialismo y el FPV, es dictaminar el miércoles y debatir en el recinto el jueves
