MARIANGEL MARCOS
Las últimas semanas, la minería ilegal ha vuelto a las primeras planas y se ha convertido en el principal eje de las campañanas electorales de esta segunda vuelta.
Si gana Keiko Fujimori, el plan del actual gobierno vuelve a foja cero. La propuesta de la lidereza de Fuerza Popular es derogar los decretos legislativos 1100 y 1105, referentes a la formalización minera.
Su propuesta levantó voces a favor y en contra. Para llevar a cabo su propuesta, recientemente sumó a su equipo al economista Hernando de Soto, conocido por sus enfrentamientos con este gobierno respecto a la formalización, en especial los entredichos con el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.
El Decreto Legislativo 1100 (promulgado en 2012), prohíbe el uso de dragas y cualquier maquinaria que cause daño ambiental y regula la interdicción. Según las cifras oficiales en 2015 se realizaron 62 interdicciones, donde de destruyeron campamentos, maquinarias, suministros, etc. Cada una de estas interdicciones le cuesta al Estado S/1 millón.
Pese a esto, los campamentos mineros siguen expandiéndose por la Amazonía, especialmente en Madre de Dios donde los mineros ilegales han llegado a ocupar casi 500.000 hectáreas de bosques, según la PCM. Entre 2001 y el 2014 se han deforestado 40.977 hectáreas.
De derogarse el decreto, las dragas volverían a ser legales, y mientras el nuevo gobierno pone en marcha el nuevo plan, la deforestación seguirá avanzando.
La propuesta de Keiko caló fuerte en el gobierno de Ollanta Humala, propulsor de la formalización e interdiccion y apuntaron todos los cañones contra su propuesta. El ministro de Ambiente la tildó de irresponsable, mientras que su acérrina enemiga, la primera dama Nadine Heredia, le envía mensajes vía Twitter: "La minería ilegal, atenta contra nuestros niños, los explota, les destruye el futuro y corrompe todo. Hay que combatirla no promoverla, Keiko".
En otro de sus tweets Heredia le recuerda que la minería ilegal mueve dinero sucio y promueve la prostitución y la trata de personas.
Su contrincante, Pedro Pablo Kuczynski, se sumó a las críticas. “Derogar los decretos y decir: eche usted su mercurio al río no es una buena propuesta; vuelva a poner las dragas, no es una buena propuesta; es una propuesta totalmente demagógica”, expresó el candidato de Peruanos Por el Kambio (PPK).
El ministro de Ambiente embestió con todo y mostró las cifras de lo alcanzado durante su gestión.
"El Gobierno ha formalizado a la fecha a más de 1.000 operadores mineros que se encontraban al margen de las normas vigentes. Este proceso ha funcionado de forma correcta", dijo Pulgar Vidal.
Según explicó, la formalización requiere generar asociaciones, por tanto, este proceso comprende a empresas mineras que se constituyen aglutinando a un conjunto de operadores en una proporción estimada de cinco a uno, lo que eleva la cifra de actores formalizados.
Esto en respuesta a quienes indican que la cifra no supera los 240 mineros formalizados. Lo cierto es que Pulgar Vidal se refiere al efecto multiplicador....
"El proceso de formalización ha venido marchando de manera adecuada y, junto con la interdicción de la minería ilegal, debería continuar en el futuro. La Amazonía peruana no merece dragas de ninguna naturaleza”.
Según cifras oficiales, alrededor de 300.000 personas viven, directa o indirectamente, de la minería ilegal.
Además de Madre de Dios, regiones como Puno, Cusco, Ancash y La Libertad sufren también el flagelo de los mineros ilegales.
Unas 15 áreas naturales protegidas se encuentran amenazadas por la minería ilegal, incluyendo la Reserva Nacional de Tambopata.
La formalización iniciada por este gobierno ha sido lenta. Según la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE) esto se debió a dos motivos fundamentales: uno, los costos, que para los pequeños mineros artesanales serían demasiado altos, y segundo, por la cantidad de trámites y exigencias que deben enfrentar quienes quieran pasar al lado de la legalidad.
“La informalidad es un tema que ha ido creciendo porque acá hacer un proyecto minero, ya sea pequeño o mediano, cuesta tanto y los trámites son largos, que uno dice ’mejor me voy por la informalidad’, explicó José Luis Morales.
Los mineros concuerdan en que para reducir la informalidad minera es imprescindible reducir los trámites y rebajar las exigencias. Y que se debe combatir la ilegalidad “no con balas, sino con inteligencia”.
Según cifras oficiales, alrededor de 300.000 personas viven, directa o indirectamente, de la minería ilegal. Además de Madre de Dios, regiones como Puno, Cusco, Ancash y La Libertad sufren también el flagelo de los mineros ilegales.
Unas 15 áreas naturales protegidas se encuentran amenazadas por la minería ilegal, incluyendo la Reserva Nacional de Tambopata.
La propuesta de PPK es la creación de un Banco de Fomento Minero que brinde créditos a los pequeños mineros que quieran formalizarse. Los créditos serían a cambio de que las pequeñas empresas mineras mantengan estándares de cuidado ambiental moderno.
Además, el banco les compraría la producción a un porcentaje del precio internacional, el cual sería superior al que actualmente pagan los acopiadores.
“Para la minería sí necesitamos un banco de fomento distinto al banco anterior el cual puede ser mixto con privados en el directorio”, dijo PPK, e indicó que esta entidad financiera tendría tasas de interés razonables.
Las zonas de la Rinconada y Lunar de Oro (Puno), un semillero de mineros ilegales, estan en estos momentos acatando un paro de 48 horas.
El motivo es conseguir que se vote una ley de reconocimiento a la minera tradicional y ancestral de la región.
Según el diario Los Andes, el principal pedido es que los Decretos Supremos N° 027-2012-EM y N° 039-2012-EM pasen a formar la “Ley del Reconocimiento al Minero Tradicional y Ancestral”, con el fin de reconocer las formas de trabajo minero denominados “cachorreros”, “pallaqueras”, “chichiqueras”, “playeros”, entre otros.
A su vez, los mineros que son parte del grupo que conversó con Keiko Fujimori exigen la derogatoria de los hoy famosos decretos 1100 y 1105, y la creación de régimen de acceso a insumos como los explosivos, para los pequeños mineros, lo cual hoy están prohibidos y son materia de interdicción.
Exigen además la implementación de un régimen especial tributario para los mineros en pequeña escala, rechazan la monopolización de la comercialización de oro, y hasta piden la destitución del Ministro de la Ambiente, Manuel Pulgar Vidal.
En los centros mineros de Rinconada y Lunar de Oro, hay más 60.000 personas que dependen directa e indirectamente de la actividad minera.
