El día miércoles 11 se iniciará el anunciado paro de 72 horas en la provincia de Islay contra el proyecto minero Tía María, específicamente en los distritos de Punta de Bombón, Cocachacra y Deán Valdivia, lugar que fue escenario de un conflicto social en el año 2015, al punto que el Estado debió declarar en estado de emergencia la zona, para culminar con las protestas de los pobladores.
En estos días, la población vive un clima de tensión. Mientras hay quienes abogan por marchas pacíficas, hay pequeños grupos que se preparan para un confrontación con la policía, debido a que están convencidos que el gobierno pretende dar licencia a la empresa, antes de finalizar su mandato. Las manifestaciones ciudadanas se han reavivado.
Este paro se anunció luego de las declaraciones del presidente de la empresa minera Southern Perú, Oscar Gonzales Rocha, quien exigió al gobierno que cumpla con su compromiso y se le entregara la autorización para iniciar la ejecución de Tía María.
El dirigente Jesús Cornejo explicó que esta marcha ha sido organizada por voluntad de los mismos pobladores, y que no existen cabezas en las medidas de protesta esta vez, ya que todo se realiza por una autoconvocatoria; las críticas contra la empresa minera residen mayormente en que los proyectos sociales que realizaron en el lugar son tomadas como pretexto suficiente para exigir la licencia social, sin haber justificado un crecimiento económico sostenible y responsable en la provincia, de instalarse el proyecto cuprífero, explicó Cornejo.
Durante el fin semana pasado, al lugar del paro anunciado, llegaron camiones con tanquetas lo cual fue tomado por la población como una forma del gobierno de amedrentarlos ante el anuncio de nuevoas protestas.
Este domingo, el periodista Nicolás Lucar, en el programa Punto Final, señaló que no solo es el problema de la licencia social, por el que Southern Perú no puede ejecutar el proyecto, sino también porque en diciembre último el Ministerio de Energía y Minas denunció que la Planta de Lixiviación de Tía María ha invadido un terreno de aproximadamente 50 hectáreas que no pertenece a la concesión otorgada por el gobierno, por lo que consideró que no era viable.
Posteriormente, la candidata presidencial, Keiko Fujimori, fue tajante en señalar que el proyecto minero no puede ir como está, añadiendo que la actividad minera no puede realizarse en lugares donde hay cabeceras de cuenca. Además, dijo que la empresa Southern ha engañado a la población, por lo que no confían en ella, asegurando que, en un eventual gobierno suyo, priorizar la agricultura por sobre la minería.
