Las empresas, los usuarios y los funcionarios que tienen injerencia en el sector gasífero están viviendo un lento retorno a los fundamentos que orientaban a la industria en los años 90, cuando se aprobó la ley que regula al segmento, retocada de mil maneras por el kirchnerismo.
Entre los primeros en notar el cambio de rumbo están las estaciones de GNC, que con el gobierno anterior tuvieron un abastecimiento constante de gas (salvo en la crisis de 2007) aunque sus contratos establecían, en algunos casos, que estaban dispuestas a pagar un precio menor por el recurso a cambio de sufrir cortes en el invierno.
La gestión de Mauricio Macri tomó un camino distinto al de Cristina Kirchner. Un Comité de Emergencia integrado por funcionarios y empresarios decidió anteayer por la noche que desde ayer se le corte la porción interrumpible de gas a las estaciones de servicio que tengan contratos bajo esa modalidad. Las restricciones durarán hasta nuevo aviso. Aunque aún no está estipulada la fecha en que el suministro volverá a la normalidad, se estima que será a más tardar pasado mañana.
El Comité de Emergencia también dispuso aplicar restricciones en el suministro a industrias que tienen contratos interrumpibles. Se estima que se trata de al menos 300 complejos productivos en todo el país.
Respecto de los precios, la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos (Cecha) estimó que el m3 de GNC subirá este mes, en promedio, a $ 10 en la Capital Federal y a $ 12 en el interior. En abril también había aumentado, al pasar de $ 6 a $ 8 en la Capital y de $ 8 a $ 10 en el interior, en promedio.
Las restricciones de GNC afectan de manera muy variable a cada provincia. En el caso de Camuzzi, cuya concesión se extiende a las regiones Pampeana y Patagónica, se le recortó el servicio a unas 100 estaciones con servicio interrumpible. A ellas se suman aproximadamente 20 industrias. Bariloche, San Martín de Los Andes y Villa La Angostura son algunas de las ciudades con mayores dificultades.
Una de las zonas afectadas en esa concesión es Mar del Plata. La semana pasada, cuando el Comité de Emergencia dispuso los primeros cortes del año, hubo 19 estaciones de servicio sin suministro. La escena se repitió en bocas de expendio de la costa atlántica.
Córdoba fue otra provincia muy afectada. La semana pasada se les cortó el servicio a 75 estaciones. Este fin de semana ocurriría algo similar. Mendoza y Entre Ríos están en la misma situación.
En cambio, en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires casi no hay problemas porque los dueños de las bocas de expendio contrataron el servicio firme en casi todos los casos.
En la concesión de Gas Natural Fenosa, que abarca 30 partidos de las zonas norte y oeste, hay sólo una boca de expendio con el servicio interrumpido, sobre un total de 390 estaciones de servicio.
Metrogas, la prestadora de la ciudad de Buenos Aires, no registraba ayer ninguna interrupción en el suministro de gas. Sí había industrias con restricciones parciales.
Anteayer a última hora se hizo la reunión del Comité de Emergencia del sector gasífero en el Enargas, el ente que regula la actividad. La encabezaron David Tezanos y Daniel Perrone, respectivamente números uno y dos del organismo. Junto a los empresarios, resolvieron notificar y proceder hoy al corte de GNC e industrias con contratos interrumpibles.
La nota que se les envió a las estaciones de GNC sostiene que "como consecuencia del estado operativo existente en el sistema de abastecimiento de gas natural, fuertemente exigido por las bajas temperaturas y los altos consumos residenciales y lo establecido por las Reglas Básicas de la Licencia y el Reglamento de Servicio, resulta necesario tomar medidas conducentes a efectos de mantener la seguridad del mencionado sistema y garantizar el suministro de gas natural a los usuarios residenciales".
Los dueños de las estaciones tienen motivos para elegir un suministro interrumpible, ya que la diferencia de precio a favor de esa opción representa un ahorro del 25% para el comercio. En el caso del GNC, por ejemplo, el metro cúbico (m3) de gas en el Gran Buenos Aires cuesta $ 4,50 en el caso del servicio firme y $ 3,50 para quienes aceptan cortes en ciertas épocas del año.
Los contratos de gas
Desde los años '90, existen contratos de gas firmes e interrumpibles, que contemplan un precio menor a cambio de la posibilidad de cortes
Cambio de rumbo
El kirchnerismo optó por no restringir la venta de gas a estaciones de GNC aunque tuvieran contratos interrumplibles. La administración Macri cambió esa decisión
Comité de Emergencia
David Tezanos y Daniel Perrone, números uno y dos del Enargas, el ente regulador, decidieron junto a las empresas aplicar restricciones desde ayer
ENERNEWS/La Política Online
El ministro de Energía Juan José Aranguren fue denunciado penalmente por diputados kirchneristas que lo acusan de beneficiarse directamente con los tarifazos de gas, debido a su doble rol como funcionario público y accionista de Shell.
En la presentación judicial, los legisladores incluyeron además la polémica importación de gas natural de Chile, que tal como reveló LPO el Ministro acaba de acordar con un precio que resulta un 53% más caro que el GNL que llega por barcos y un 128% más elevado que lo abonado por las importaciones provenientes de Bolivia.
La figura penal que le endilgan a Aranguren es la de negociaciones incompatibles con la función pública. La denuncia fue presentada ayer por los diputados Martin Doñate y Rodolfo Tailhade y quedó radicada en el Juzgado Federal 9, a cargo de Luis Rodríguez, con la fiscalía de Carlos Stornelli.
La acción judicial llega luego de que diputados del Frente Renovador elaboraran un demoledor informe sobre la resolución del Ministerio de Energía que dispuso el tarifazo en el gas, donde además de denunciar que no se cumplieron los pasos legales para aplicar el aumento, también dan cuenta que todos los funcionarios involucrados en la decisión fueron ejecutivos en empresas beneficiadas, publicó LPO.
Aranguren, que volvió a agitar el gabinete económico con las últimas subas de precio de las naftas, había quedado en el ojo de la tormenta el mes pasado luego de que se conociera que sele adjudicó a la petrolera Shell siete de las ocho licitaciones que se pusieron en juego para la importación de gasoil por barcos al país.
No obstante, el ministro de Energía había salido a responder esas impugnaciones periodísticas, solicitando al Síndico General de la Nación que audite el proceso licitatorio seguido por Cammesa para abastecerse de gasoil y verifique si ha existido algún tipo de participación, directa o indirecta del ministro.
A la situación del ministro se le suma ahora la denuncia de los legisladores K. Allí, Doñate y Tailhade recordaron que en su declaración jurada patrimonial integrada, Aranguren, ex Ceo de la filial argentina de la trasnacional petrolera de origen anglo-holandesa, declaró poseer “más de trece millones de pesos en acciones “clase A” de la empresa Royal Dutch Shell”.
Las mismas, reseñaron los legisladores, fueron parte de las bonificaciones que el ahora funcionario recibió de Shell Companía Argentina de Petroleos S.A., firma en la que se desempeñó a partir de 1979 y como presidente local entre 2003 y junio del año pasado.
Doñate y Tailhade relataron que 28 y 29 de marzo pasados, resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell.
Por esa decisión se autorizó la “compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia”, sostuvieron los diputados del FPV, informó LPO.
También -expresaron los denunciantes- puo “en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG (British Gas, adquirida el año pasado por Shell), la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino”.
Los diputados dejaron constancia que 16 de marzo alertaron a sobre la presunta “incompatibilidad de intereses para ejercer el cargo” a la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Laura Alonso, pero que no obtuvieron respuesta alguna.
“Es evidente el conflicto de intereses respecto de la situación del Ministro socio de Shell, en tanto esta compañía participa activamente del mercado energético cuya regulación y control está a cargo del propio Aranguren”, dice la presentación.
Denunciaron en tal sentido una “flagrante vulneración” del artículo 13 de La Ley de Etica Pública que establece que un funcionario debe abstenerse de tomar intervención en cuestiones “relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”.
“El Ministro de Energía debería renunciar inmediatamente y la justicia actuar con celeridad por la gravedad institucional que implica que las medidas tomadas por Aranguren no sólo asfixian a la población, sino que lo benefician directamente al ministro en su actividad privada”, dijeron los legisladores del FPV.
