El Ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, dio a conocer este sábado en el Palacio de La Moneda la decisión de la Presidenta Michelle Bachelet, ante el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación. En su intervención, el Vocero anunció que se decidió vetar aspectos del proyecto y el envío de una nueva iniciativa de ley una vez que se conozca el detalle del TC.

El titular de la Segegob expresó que “el país sabe que necesitamos mejorar nuestra economía y la equidad en nuestras relaciones sociales” y por ello se envió “un proyecto de ley de reforma laboral” que moderniza y equilibra las relaciones entre trabajadores y empleadores, y que tras “un proceso de diálogo democrático con todos los sectores, y de introducirle al proyecto cambios razonables” fue aprobado en el Congreso “por amplia mayoría”, de acuerdo a lo publicaod en el portal oficial del Gobierno de Chile.

La autoridad señaló que “desde que el tribunal hizo público su acuerdo, el Gobierno ha sido claro en señalar que lamenta esa decisión de mayoría, pero que acatará íntegramente su veredicto, como corresponde a un Estado de Derecho”.

Explicó que dependiendo del contenido específico del fallo y sus fundamentos, que aún no ha sido dado a conocer por el Tribunal, “no podemos descartar no solo que se comprometan algunos de los avances alcanzados en el proyecto, sino que se materialicen retrocesos en los derechos de los trabajadores” y que para evitar tales riesgos “se hace preciso vetar ciertos aspectos del proyecto”.

El Ministro Díaz señaló que el Gobierno no propuso “un conjunto de normas aisladas entre sí” sino que “una propuesta integral de relaciones laborales, donde las distintas disposiciones jurídicas se apoyan mutuamente”. Por ello, dijo “lo anterior, nos obliga a revisar las normas relativas a pactos de adaptabilidad en materia de jornadas; de horas extraordinarias y de jornadas pasivas, así como, la introducción de un nuevo quórum para negociar”.

Sostuvo que “permitir que las partes negocien una materia tan sensible como lo es la adaptabilidad, debe ir acompañado de un debido resguardo de la voluntad colectiva de los trabajadores, la que solo se logra si las organizaciones sindicales fortalecidas, autónomas y permanentes dentro de la empresa, son las únicas que sirven de efectiva contraparte al empleador ante tales pactos”.

Añadió que “el proyecto de ley que presentamos elevaba el sistema de quórums exigidos a los sindicatos para poder negociar colectivamente” modificación que se basaba en la existencia del principio de titularidad sindical. En ese sentido, dijo que “si se suprime la titularidad, se hace también indispensable suprimir las nuevas normas de quorum de negociación”.

El ministro Díaz expresó que “una vez que conozcamos todos los fundamentos de la decisión del Tribunal, enviaremos un proyecto de ley al Parlamento que adecue el texto a dichas consideraciones en materia de titularidad sindical y que restablezca condiciones a objeto de avanzar en las relaciones laborales más equilibradas y justas”. Añadió que “en la medida que el fallo del tribunal permita que los sindicatos sean la única contraparte para acordar pactos, repondremos en el nuevo proyecto de ley estas materias”.

“Chile no puede renunciar a tener relaciones laborales justas y eficaces. Por eso, tomaremos todas las medidas que nos permitan seguir avanzando en el marco de nuestra institucionalidad”, dijo el Vocero, agregando que “el Gobierno no dejará de promover un mejor sistema de relaciones laborales, fundado en el diálogo, que promueva la productividad de las empresas, pero que, al mismo tiempo, defienda adecuadamente los derechos de los trabajadores”.

“En un país moderno, el crecimiento de la economía y el respeto a los derechos de los trabajadores no sólo pueden ir de la mano, es indispensable que lo hagan. Ese es nuestro objetivo”, concluyó.

Los representantes de Chile Vamos, senadores Andrés Allamand (RN) y Hernán Larraín (UDI) junto a los diputados Patricio Melero (UDI) y Nicolás Monckeberg (RN) calificaron como “irresponsable” la decisión del Ejecutivo de vetar dos materias -pactos de adaptabilidad y quórum mínimo para la conformación de sindicatos- de la Reforma Laboral. Esto, luego de que el Tribunal Constitucional  (TC) declarara inconstitucional el denominado ‘corazón’ de la iniciativa legal como la titularidad sindical y la extensión de beneficios respecto de los nuevos afiliados al sindicato, obligando al Gobierno a suprimir ambos aspectos del proyecto de ley.

“Queremos protestar por esta forma irresponsable y oscura del Gobierno de tratar materias tan importantes como es el de la Reforma Laboral”, afirmó el vocero de Chile Vamos, Hernán Larraín.

Según el también presidente de la UDI, el Gobierno  cada día actúa de manera más irresponsable y poco transparente, porque “todavía no se conoce el contenido del veto y  se habla de una ley complementaria cuyos contenidos no se conocen”.

El senador gremialista explicó que los vetos presidenciales  “no se pueden discutir,  sólo se aprueban o rechazan” lo que a su juicio “demuestra sólo un interés de pasar la aplanadora” por parte del oficialismo.

En tanto, el senador Allamand afirmó que le hicieron ver al Gobierno que era “completamente absurdo” que no se conozca el contenido del veto y que los medios de comunicación tengan que estar especulando respecto de lo que dice y no dice. Por lo tanto, llamó al Ejecutivo a informar “ya de qué se trata, sin más demoras”.

En ese sentido, Larraín aseguró que harán  el mayor esfuerzo posible para que el veto sea contrastado con el fallo del TC y “esperamos que se ajuste a  él (...) sería lo más grave, que un gobierno desconozca un fallo judicial de un tribunal llamado a corregir los fallos atentatorios a la Constitución”.

Para Allamand, un aspecto de la Reforma Laboral que era positivo, apuntaba hacia el futuro y a las verdaderas necesidades de los emprendedores y trabajadores tenía relación con las normas de adaptabilidad; sin embargo, fueron objetadas por el Ejecutivo. “Todo indica que el Gobierno, cediendo a la presión de la CUT, del Partido Comunista y del Partido Socialista, vetó las únicas normas que iban en la dirección correcta”, estimó.

Por su parte, el diputado Melero consideró que con la decisión del Ejecutivo queda en evidencia una suerte de revancha contra el fallo del TC, más que un ánimo de querer incorporar elementos positivos a la Reforma Laboral,  porque “el Gobierno eliminó por la vía del veto, toda aquellas materias que había sido entregadas como “concesión a la oposición” como  a las pymes.

Finalmente, el diputado Monckeberg manifestó que no tendrán temor de votar en contra de un veto “que elimina la posibilidad de realizar jornadas más flexibles, que benefician sobre todo a las madres y jefas de hogar”.