Con motivo de la entrega del contenido del fallo del Tribunal Constitucional a la Reforma Laboral, que se hará este lunes, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, pidió paciencia ante las próximas medidas que pudiera tomar  el Gobierno.

Recordemos que el Ejecutivo tiene plazo hasta este sábado para presentar un veto a la norma impugnada por la instancia constitucional, la que recién el próximo lunes 9 dará a conocer el contenido completo de su decisión.

“Estamos revisando todos los escenarios en esta materia, tal y como está se debe hacer algo ya que se ha desequilibrado el proyecto de ley”, sostuvo la autoridad del trabajo.

Recordemos que la ministra anunció públicamente que el Gobierno efectuaría el veto presidencial ante el rechazo de los pilares de la reforma: titularidad sindical y extensión automática de beneficios por parte del Tribunal Constitucional.

Después del anuncio, el ministro del Interior, Jorge Burgos, junto con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, desmintieron lo dicho por Ximena Rincón.

Esta semana, autoridades de gobierno habrían evaluado dos acciones para plantarse el fallo del  Tribunal Constitucional: el veto presidencial supresivo para eliminar las indicaciones, que según señalo el oficialismo, fueron incluidas como un “consenso” para establecer la titularidad sindical como lo es el aumento de los quórums para formar sindicato y los pactos  de adaptabilidad. Esto además de  enviar al parlamento una Ley Corta.

Con este panorama, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa hizo el llamado nuevamente al Ejecutivo que decida antes del sábado aplicar el veto presidencial, además de evaluar la modificación del Artículo 19 de la Constitución.

“Primero es necesario el veto de aquí al sábado nítido, después no solo la ley corta si no generar una ley interpretativa del Articulo 19 de la Constitución, ya que si no se produce modificación llegaremos nuevamente al Tribunal Constitucional”

En tanto en el Congreso, la senadora PPD Adriana Muñoz manifestó que es necesario el veto para modificar la reforma al servicio del trabajador.

No obstante, sostuvo que no existen votos en la Cámara Alta para realizar nuevas modificaciones al proyecto de ley: “Hay un revés muy grande y será difícil con la composición actual del Parlamento, particularmente del Senado, ya que hay visiones de dejar las cosas tal cual como están. Es una situación que con esta composición será difícil de revertir”, expresó.

Se espera que el Gobierno tome la decisión sobre si aplica o no el veto, antes de la entrega del contenido de la resolución del fallo del TC, lo que coloca incertidumbre a la determinación que adopte La Moneda.

Cerca de dos horas estuvieron reunidos ayer, en LaMoneda, la Presidenta Michelle Bachelet, con los ministros de Hacienda, Interior, Trabajo, Segpres y Segegob. ¿El motivo? definir el o los mecanismos para encarar el rechazo del Tribunal Constitucional (TC) a parte de la Reforma Laboral.

Fuentes que conocen las conversaciones señalan que la Mandataria decidió ingresar un veto, además del futuro envío de una ley complementaria (o ley corta), para enfrentar el rechazo del Tribunal a la titularidad sindical y la extensión de beneficios a nuevos afiliados. Bachelet anunciaría su decisión hoy en La Moneda.

“Estuvimos trabajando en el tema y oportunamente se va a comunicar”, señaló el titular de Interior, Jorge Burgos, consultado por la cita.

Una vez definida la presentación del veto, los equipos técnicos de Hacienda y Trabajo se abocaron a la redacción del texto que se enviaría a más tardar el sábado al Congreso, un día antes de que venza el plazo legal. Todo esto previo a que el lunes 9 el TC informe los argumentos que justifican su sentencia del 27 de abril.

Según fuentes del Ejecutivo, el veto presidencial apuntará principalmente a suprimir dos elementos del proyecto: los pactos de adaptabilidad entre empleador y trabajadores sobre jornadas de trabajo y los quórums para la formación de sindicatos. 

La reforma estableció que en el primer caso se requerirá un mínimo de representatividad del sindicato de 30%. En el segundo, se fijó una exigencia del 50% de trabajadores para constituir un sindicato en firmas de menor tamaño.

El análisis entre quienes impulsaron el veto al interior del Ejecutivo es que ambas materias “pierden sentido” al no ser el sindicato el titular de la negociación colectiva con el empleador. 

Esto, si bien hay otros que en el gobierno consideran que lo anterior se resuelve a través de una ley complementaria y que el veto es más bien una decisión tendiente a dar una “señal política”, en línea con los sectores más duros contra el fallo del Tribunal.

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, planteó, además,  otras dos materias al veto: los servicios mínimos en caso de huelga y el descuelgue diferenciado entre pequeñas y grandes empresas. También pidió una “ley interpretativa” del artículo 19 de la Constitución -sobre derecho a la negociación colectiva- que aborde la titularidad sindical “y que luego se complemente con una ley corta”.

El comité político recibirá este viernes en la mañana a la CUT en La Moneda.