El Gobierno provincial, desde diciembre a la fecha, dio de baja nada menos que 275 concesiones mineras por diversos incumplimientos por parte de los concesionarios. Así lo reveló el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, en el anexo que acompañó el discurso del gobernador Alfredo Cornejo en la Legislatura el 1º de Mayo, señaló El Sol Online.
Según detalló a este diario el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, “el número da la idea del trabajo que estamos realizando; la intención es hacer un barrido por todas las áreas, ordenar, hacer un diagnóstico de cada una y en un par de meses volver a licitar las que corresponden, reactivar las que se pueda y en definitiva encuadrar cada emprendimiento en el marco legal que corresponda”.
Respecto a las 275 concesiones mineras revocadas desde diciembre a la fecha, Guiñazú explicó que son de todo tipo: “Hay yacimientos de talco, cal, cuarzo hasta plata y oro, de todo, y de todos los tamaños y envergaduras, en todo el territorio provincial”.
Las razones de las cancelaciones de las concesiones por parte del poder concedentes, en este caso el Estado provincial, se han dado por falta de inversión, por falta de pago de canon, por incumplimiento del compromiso de inversión o por no haberse dado cumplimiento al informe de impacto ambiental.
Según detalló Guiñazú, hubo casos irrisorios, donde el concesionario debía el canon, que en algunos casos era de apenas $150 por mes. “En todos los casos –explicó el funcionario– se han seguido los pasos administrativos que corresponden, como hacer las intimaciones del caso para que el concesionario regularice la situación. Si después de la multa correspondiente y la puesta al día del canon, si tiene interés, puede seguir trabajando”, según El Sol Online.
La intención del Gobierno es reactivar la mayoría de los yacimientos posible, con la premisa de “ordenar” la actividad “desde todo punto de vista, y que en definitiva Mendoza se ponga a producir”.
Según el informe de la Subsecretaría de Energía y Minería presentado en la Legislatura, “Mendoza tiene absolutamente frenada su actividad minera, sin embargo cuenta con la reciente certeza de la declaración de constitucionalidad de la Ley 7.722 –que prohíbe la minería metalífera– y eso despeja totalmente las incertidumbres respecto del marco legal de los proyectos”, indica el informe sobre minería anexado al discurso de Cornejo del domingo pasado.
Incluso se adelanta que este mes se comenzará a tratar en la Legislatura un proyecto de modificación a la Ley 8.434 – que regula las actividades comprendidas en la explotación de las canteras– “que permita su efectiva implementación para contar con herramientas de control minero y ambiental de las 180 canteras activas de nuestra provincia, ya que de allí salen anualmente 10 millones de metros cúbicos de áridos que transitan por las rutas de Mendoza”.
Los cambios a la ley intentarán dotar de “nuevas herramientas de control que hoy el Estado no tiene y de esa forma regular efectivamente una actividad de impacto cierto y contrastable. Este control debe contribuir a generar los recursos que la Dirección de Minería jamás ha tenido, carencia que contribuye decididamente a la falta de seguimiento y sanción de la actividad, con parálisis del catastro minero, mínima capacidad de administración de los permisos y concesiones y mucho menos como agente de promoción minera”.
En el contexto general de darle impulso a la actividad, más allá del rechazo popular que despiertan ciertos emprendimientos, Guiñazú se refirió a la minera brasileña Vale y su intención de reactivar, aunque acotado, el proyecto Potasio Río Colorado, en Malargüe.
"Cuando comunicamos la intención de Vale fuimos muy claros al decir que necesitaba un socio privado que aportara u$s 1.500 M", aclaró Guiñazú, ya que, según dijo, "Vale no nos desmintió cuando salió a explicitar que para reactivar Potasio Río Colorado necesitaba un socio".
La referencia de Guiñazú tiene que ver con la conferencia de prensa que dio él mismo hace una semana cuando el sector se inquietó al saber que Vale estaba rematando rieles y maquinaria. Por ese dato, el Gobierno debió salir a explicar que el proyecto de los brasileños se achicaría, no se cancelaría. Y que la idea era reactivarlo.
Vale, el viernes, emitió un comunicado donde aclaró que para poder retomar los trabajos en Malargüe, necesitaba un socio que aportara u$s 1.500 M. Incluso el sector fue cauto con la notica.
"No es que estemos buscando socio para Vale, pero a quien nos pregunta le contamos lo que sabemos, aunque después será un acuerdo entre privados el que unirá a Vale con el inversionista", explicó Guiñazú.
