El gobierno provincial encara un proceso de reordenamiento de todas las concesiones petroleras y mineras, aseguran que quieren lograr que todas cumplan con los contratos de explotación. 

Igualmente, desde el ministerio de Economía afirmaron que se han encontrado con el problema de que muchas empresas se quedaron con grandes áreas que no explotan y por el contrario las destinan a negocios inmobiliarios, señaló Mdzol.

De todas maneras, no se dan nombres por temor a los "lobbies petroleros" que pueden obstaculizar el camino de la Justicia, aunque si se habla de quitarle concesiones a empresas pequeñas que no tienen capacidades reales ni conocimientos de exploración y explotación, para darle lugar a empresas grandes como Chevron.

En 2014, la entonces senadora mendocina, hoy vicegobernadora de la provincia, Laura Montero, se cruzó con quien fuera el gobernador Francisco Pérez, con motivo de la nueva ley de hidrocarburo. La funcionaria temía que favoreciera al negocio inmobiliario, y pidió que se dejara en claro un "criterio para saber si han cumplido o no el plan de inversión de las empresas", según Mdzol.

Pero antes de eso, hacía tiempo que se hablaba de que el negocio petrolero era más inmobiliario que energético, tal fue el caso del área Chachahuen que formó parte del negocio realizado por las empresas del grupo Vila.

En ese caso, una triangulación de empresas que involucró al grupo Álvarez y a YPF (privada en ese entonces), le permitió a Vila y Manzano vender derechos, pese a que habían prometido millonarias inversiones para la provincia que finalmente no llegaron. 

El primer paso del gobierno para ordenar a las concesiones se dio con la operadora Argenta Energía, que tenía a su cargo un área de Loma del Divisadero que nunca hizo producir. La empresa además debía casi un millón de pesos en impuestos provinciales.

La otra que buscan controlar y, en caso de que finalmente no se cumpla con lo pactado, quitarle las concesiones es Chañares Herrados, que además de registrar deuda con la provincia debe inversiones por más de 177 millones de dólares. 

En similares condiciones se encuentra Roch, empresa asociada a Sinopec, que adeuda 700 mil dólares.