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Martín Bidegaray
El gobierno nacional llegó a un acuerdo con la provincia de Santa Cruz para la construcción de las represas hidroeléctricas en esa provincia. El convenio a firmarse establece varias modificaciones con respecto a la licitación original que adjudicó el kirchnerismo a Electroingeniería y la china Gezhouba. La nueva obra será más chica que la original, demandará un menor presupuesto, se hará en un plazo más largo y la propiedad de la misma quedará en manos del Estado nacional en lugar de la provincia de Santa Cruz.
El vicegobernador de Santa Cruz Pablo González estuvo con el ministro de Energía Juan José Aranguren antes de ayer. Suscribieron un acuerdo marco que ahora deberá ratificar el poder legislativo de su provincia. De las reuniones también participaron ejecutivos de la china Gezhouba (que construirá junto con Electroingeniería) y hubo encuentros con la aseguradora Sinosure, a la que la Argentina le adelantó dinero en concepto de seguros por el financiamiento de las obras.
En el proyecto original, las dos represas iban a tener un total de 11 turbinas. En la versión revisada serán 8. Es porque pasarán de ser pensadas para aportar energía en momentos críticos a funcionar de manera permanente. Agregarán un 4% a la oferta energética nacional y estará conectada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Los cambios implican que también bajará el costo de la obra. El gobierno kirchnerista la había presupuestado en US$ 4.700 millones, pero el pago de seguros e intereses de financiamiento la llevaba por arriba de US$ 6.000 millones. Aunque no hubo información oficial, el nuevo costo final rondaría los US$ 4.000 millones, según entienden empresas que suelen participar de licitaciones.
Tanto en el gobierno nacional como en el provincial había preocupación sobre qué harían los chinos -que se reunieron con Mauricio Macri en abril en Estados Unidos- frente a las modificaciones sugeridas por el Poder Ejecutivo. El convenio que firmarán implicaría que las aceptaron. En Electroingeniería no quisieron hacer comentarios. Si Santa Cruz da luz verde, todo indica que se debe firmar un nuevo contrato de obra y financiamiento o al menos una "adenda" (o modificación) con respecto a lo sellado entre la administración anterior y el consorcio al que se adjudicó la obra.
Con el kirchnerismo, la obra iba a ser propiedad de la provincia de Santa Cruz. Pero como el gobierno nacional la pagará, el ministro Aranguren entiende que el dueño debe ser el Estado nacional y eso fue finalmente aceptado por Santa Cruz. En el nuevo convenio, se modifican el primer y segundo artículo sobre la propiedad de las represas una vez ejecutada la construcción.
La provincia recibirá regalías del 12% por la energía que genere. Pero los derechos de la venta de energía serán del Estado nacional, según le expresó González al diario La Opinión Austral (Santa Cruz). Con el proyecto kirchnerista, Santa Cruz iba a quedarse con las represas pagando con la propia energía que iba a generar.
Otra de las modificaciones tiene que ver con el plazo de la construcción. El kirchnerismo había establecido que serían 66 meses. Ahora, la renegociación establece que se hará en un período más largo para la construcción, que está por definirse.
Un informe elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable afirma que las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic proyectadas sobre el río Santa Cruz, pueden afectar los glaciares Perito Moreno y Upsala, provocar efectos en los recursos pesqueros de los que viven las comunidades costeras, impactar sobre la fauna endémica que se reproduce o inverna en la desembocadura y causar daños irreversibles al rico patrimonio arqueológico milenario de la provincia.
El informe fue realizado antes de que el Gobierno nacional y la provincia de Santa Cruz acordaran modificaciones sustanciales. Ahora la obra será de la Nación, tendrá una envergadura y unpresupuesto menor y los plazos de obra serán más largos.
“La afectación del nivel del Lago Argentino podría tener un efecto en el desplazamiento y el frente de glaciares de importancia, como el glaciar Moreno y Upsala, entre otros”, indica el estudio, al que accedió Clarín. Este se conoce justo en momentos en que la Corte Suprema de la Nación hizo una solicitud de información sobre el estado del avance de las obras y si se siguieron todos los procedimientos estipulados por la Ley General del Ambiente y de Glaciares. También preguntó si se había hecho un estudio de impacto ambiental.
Para todos esos interrogantes, la Corte podría encontrar una respuesta en este informe, que aún tiene carácter interno. En primer lugar, es lapidario con el estudio de impacto ambiental realizado por una empresa convocada por el contratista de la obra, Serman Asociados, al que cuestiona en todos los puntos esenciales. Por ejemplo, indica que no realizó una adecuada línea de base, con lo cual ya desde el vamos tiene una metodología errada. “No hay evaluación de impactos acumulativos, que debería formar parte de un proyecto, no hay análisis de alternativas”, dice, mientras critica que no se pidió “avales científicos de más de un experto hidráulico” sobre el impacto del desacople hidráulico de la represa en el Lago Argentino.
El informe resalta la ausencia de consideración de la ley de Glaciares, y -entre muchas cosas- señala que antes de la finalización del inventario de cuerpos de hielo que mandó a realizar la norma, no se puede construir nada. “Un punto clave de la ley es la prohibición que fija en relación a un conjunto de actividades en zona glaciar, entre las cuales se incluye la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales, la construcción de obras de arquitectura o infraestructura como las aquí analizadas”, sostiene.
“Las regiones en las que se desarrollan o pueden desarrollarse actividades de alto impacto, como podría ser el caso de las represas Presidente Dr. Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”, deberán respetar las prohibiciones que presenta la ley claramente en vinculación a las actividades que se pretenden desarrollar”. El informe fue solicitado por el presidente Mauricio Macri tras reunirse con la viuda de Dougas Tompkins.