Una denuncia ante la División Técnica de Estudios y Fomento Habitacional (Ditec), dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, realizó la acerera brasileña con filial en Chile, Gerdau, con el objetivo de que se prohíban las barras de acero chinas que se usan principalmente en el área de la construcción.
Esto, luego de que un estudio del Instituto Chileno del Acero (ICHA) concluyera que estas no cumplen con las normas chilenas. "El no cumplimiento de las propiedades mecánicas de las barras de acero para hormigón constituye un hecho que puede comprometer el desempeño sísmico y estático de las estructuras de hormigón armado", advierte el informe.
Los análisis de la entidad en torno a las propiedades de las barras de refuerzo laminadas en caliente para hormigón armado, mostraron que a partir de un análisis químico el acero utilizado es de baja aleación y por lo tanto no corresponde al acero al carbono que se exige en el país. Es decir, al ser un acero de baja aleación, posee un contenido de cromo promedio de 0,406% en peso, el que no es especificado como una opción en la norma actual informó El Mercurio.
Pese a que el acero de estas barras no corresponde a las especificaciones que establece la norma -razón por la que no debería estar habilitado para ser utilizado en Chile-, este producto chino ingresó al mercado local en septiembre de 2015 y ya se encuentran a la venta. ICHA recalca que esta situación es delicada, ya que no se pueden usar como material de edificación y obras en general, considerando la alta sismicidad del país.
Además, a la fecha "no se registran experiencias previas sobre el comportamiento de las barras de refuerzo con acero de baja aleación en estructuras de hormigón armado sometidas a esfuerzos sísmicos, por lo que su utilización genera un grado de incertidumbre frente a su desempeño en cargas tanto estáticas como dinámicas", asegura el estudio que retomó El Mercurio.
Mayor fiscalización
Según ICHA, estas conclusiones representan un "llamado de atención para establecer acciones correctivas y preventivas en el control de la calidad de este tipo de producto. Estas medidas deben asegurar que las construcciones de hormigón armado tengan incorporados productos de calidad, de acuerdo a lo establecido en las normas y bases legales vigentes".
Ítalo Ozzano, gerente general de Gerdau, dice que la presencia de estas barras que no cumplen las normas chilenas se explica por varias cosas, pero principalmente por falta de conocimiento y de fiscalización. Agrega que están conversando con el Ministerio para que tome acciones al respecto. "Estos productos son de acero aliado y no de carbono, como se exige en el país, y además las barras vienen con las etiquetas en inglés y en chino", comenta. De hecho, el estudio del ICHA califica esto último como una irregularidad ya que, según la norma chilena, los contenidos deben considerar una identificación de los bultos, y el hecho de que la información no esté en español puede ser incomprensible para los usuarios del producto.
Consultado sobre la acogida que ha tenido su denuncia ante el Gobierno, Ozzano sostiene que "presentamos una denuncia hace un par de meses y no ha pasado nada, pero sabemos que están preocupados". Agrega que además están conversando con varias autoridades sobre el tema, dado que hoy muchos importadores traen al país marcas de China, pero no se hacen responsables del material del que están compuestas. Por eso, la petición del ejecutivo es que también se exija a los importadores hacerse cargo de los productos que traen, para que mejore la calidad.
"Queremos que el Gobierno haga válido que el acero que no cumple con la norma chilena, no entra", advierte Ozzano.
Las barras de acero para hormigón provenientes de la mexicana Deacero son uno de los segmentos específicos que investiga por estos días la Comisión Nacional de Distorsiones. Este proceso partió el 27 de noviembre del año pasado, luego de una solicitud hecha por las empresas Gerdau Aza y la Compañía Siderúrgica Huachipato -filial de CAP-, quienes estiman que en este nicho de negocio esas importaciones mexicanas hacen dumping , es decir, venden bajo el costo y por ello piden una sobretasa de 28% a esas internaciones. La indagación tiene un plazo inicial de 180 días, que vencen en mayo, aunque es prorrogable.
Ebema -firma presidida por Eduardo Chadwick y ligada a Rodrigo Oyanedel y las sucesiones de Claudio Errázuriz y Fernando Bezanilla- es la principal importadora de este producto mexicano y ya entregó antecedentes a la causa. El gerente general de la empresa, Miguel Korze, cree que no se cumplirían los fundamentos para definir la existencia de un eventual dumping , por varias razones. Porque no comercializan el producto a precios menores a los que se exhiben en el mercado internacional, puntualizando que, además de México, Turquía y China, también presentan precios bastante inferiores a los de las operadoras locales; tampoco este valor se ubica por debajo de los costos operativos de Deacero en México, y no se está dañando la producción local, porque CAP y Gerdau tienen una posición mayoritaria en el segmento.
Por el contrario, plantea que lo que ha sucedido en este caso en particular es un incentivo hacia una mayor competencia, donde las importaciones pasaron en los últimos dos años desde el 12% al 25%, sobre un total de 600 mil toneladas que se consumen al año en Chile.
Korze plantea que la Fiscalía Nacional Económica (FNE), aprovechando la investigación en la Comisión de Distorsiones -instancia que preside el fiscal Felipe Irarrázabal-, debería iniciar una investigación por su cuenta por una serie de "malas prácticas" en las que durante años habrían incurrido las acereras CAP y Gerdau, agrega. "Estas malas prácticas las hemos descrito en un informe entregado a la Comisión, donde enumeramos una serie de conflictos con la libre competencia que ambas siderúrgicas tuvieron en los 15 años en que nosotros fuimos sus distribuidores", describe. Antes de importar desde México, Ebema fue distribuidor de las siderúrgicas nacionales en distintos períodos.
Entre las prácticas que alude, menciona acuerdos relacionados con la fijación de precios y abuso de posición dominante. "Por ejemplo, si un cliente compraba producto importado y su importador quedaba desabastecido de acero, el precio que a este cliente se le iba a dar era mayor al que se le entrega a otro cliente equivalente, por el solo hecho de que el primero era consumidor de productos importados", sostiene.
Además, acusa que ambas empresas han actuado en bloque para desprestigiar los productos extranjeros, con estudios que afirmarían que no cumplen con las normas en Chile. En este caso específico, Ebema dice que el producto mexicano es certificado en suelo azteca por el Dictuc chileno.
Clientes perjudicados
El director de Ebema, Rodrigo Oyanedel, agrega que "lo que hemos buscado es la libre competencia, con un mercado abierto. Por eso es que esperamos que no se aplique una sobretasa a este producto. De imponerla, los clientes no tendrían otra alternativa que comprar a este duopolio. Ellos serían finalmente perjudicados, porque pagarían más caro por el mismo producto".
En la indagación de la Comisión de Distorsiones también han opinado FullAcero, otra de las importadoras, y la Embajada de México.
