Desde hace un tiempo hemos escuchado por parte del gobierno provincial que considera a la actividad minera como política de Estado, nos preguntamos si los trabajadores de la actividad se sienten incluidos y considerados por estas políticas. Durante un buen tiempo el Gremio de Aoma Seccional Farallón Negro, intentó por todos los medios conocer el convenio fundacional que comprende la UTE entre Ymad y Minera La Alumbrera conformada en fecha 24 de abril de 1994 con modificación de articulados en el año 1997 en la Ciudad de Nueva York (Estados Unidos).
Acción de más controversial porque se conviene en un ámbito extraño, modificando acuerdos preexistentes. De ese acuerdo nuestra necesidad radicaba en ver detalles de la previsibilidad laboral de la masa trabajadora respecto al cese definitivo de la producción o cierre de mina.
Debido a este interrogante y a la negativa o escasez de información al respecto, Aoma Seccional Farallón Negro con la intención de dar certeza y bienestar a sus trabajadores, acordó condiciones indemnizatorias íntegras, basándose según lo previsto en la Ley de contrato de Trabajo Art 245, las mismas aplicables hasta la finalización de la producción.
Sabemos que las ganancias de esta actividad no generan lo que un almacén de barrio, sino que sus ganancias son siderales tanto como sus regalías mineras, por eso las reservas pertinentes. Sin embargo, sabemos que pese a que la actividad minera es considerada como una de las actividades más riesgosas generadoras de envejecimiento precoz, todavía nuestra jubilación diferenciada está postergada y seguimos esperando avales en el Congreso para que se contemple que los empleadores contribuyan con un adicional del 5% sobre las remuneraciones establecidas en el artículo 6° de la ley 24.241.
Estas actividades a largo plazo afectan la salud, tanto de ellos como de sus familias, las diferentes condiciones de trabajo pueden tener influencias significativas en la generación de riesgos a la seguridad y la salud, es así que la actividad puede ocasionar enfermedades, patologías severas, o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Los trabajadores sufren a diario el precio de las condiciones de inseguridad e impericia por parte de las gerencias, principalmente aquella de Mina Activa.
Esto no es casual y se está transformando en una práctica habitual de desinversión de la empresa en seguridad y mantenimiento: muchos equipos tienen pérdidas de fluidos y nunca son reparados a fondo, muchas veces los trabajadores terminan realizando tareas en condiciones subestándar. Esta pelea se ha llevado adelante desde hace años por parte de la Seccional, del Cuerpo de delegados y trabajadores.
El hecho es que en esta encrucijada los trabajadores poco a poco fueron padeciendo afecciones y sufrieron cesantías, enfrentando enfermedades laborales o víctimas de accidentes de trabajo sin la posibilidad de optar por una recalificación de puesto, tal es el reciente caso de nuestro compañero Fabián Carrizo, que perdió cuatro falanges de su mano en una situación dudosa, debiendo acogerse a la “media indemnización” según lo dispuesto por la patronal basándose en el art 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo cual disentimos dado que el compañero todavía estaba recibiendo asistencia por rehabilitación médica debido a una reciente cirugía a cargo de la ART, y bien sabemos que existen otros puestos donde puede ser reinstalado; pero la empresa opta por dejarlo sin trabajo luego de que generó su incapacidad.
También podemos recordar la situación sufrida por un compañero en fecha 22 de noviembre de 2014, que al colisionar la cargadora 301 contra una berma para intentar frenar el equipo, tras un problema de frenos denunciado repetidamente en ese equipo.
Podemos remontarnos a la situación sufrida por otro compañero en fecha 12 de septiembre de 2013, que debido al incendio del camión Cat 415 se arrojó del equipo, el mismo sufrió esguince de tobillo, padeció quemaduras de manos, rostro y trastornos sicológicos, esto sumado a otros accidentes hasta llegar a la fatalidad de un trabajador tiempo atrás.
Esperamos que estas situaciones de seguridad ocupacional alguna vez sean también motivo de “políticas de Estado”, garantizando la integridad de nuestros trabajadores sin dejar que la suerte o el libre albedrío de las patronales manejen la vida de nuestros compañeros.
La gran pregunta que enfrentan los trabajadores es qué pasará de aquí en adelante con sus fuentes laborales, cuando los 1200 puestos de trabajo que genera la actividad se enfrenten al cese total de producción en julio de 2017 por el cierre definitivo de Minera La Alumbrera. El Estado, con su estructura ¿estará preparado para la reinserción de esta masa de trabajadores desocupados y sus respectivas familias? ¿Qué pasará cuando el Estado no obtenga el beneficio de las regalías mineras tan mal distribuidas e invertidas a lo largo de la vida útil del yacimiento?
Sec. Gral Aoma - Seccional Farallón Negro, Carlos Cabrera.
CGT-Juventud Sindical - Sec. Gral. Gustavo Carrizo
Sec. Adj. Diego Herrera
Sec. Gremial, Claudio Cervantes.
