En conversaciones contra reloj, la Casa Rosada siguió operando a través de los gobernadores hasta ayer mismo para bloquear el tratamiento de la ley antidespidos en el Senado. Fracasó: a instancias de la mayoritaria bancada del Frente para la Victoria, los senadores opositores buscarán dar hoy media sanción al proyecto que prohíbe las cesantías por 180 días y fija la doble indemnización mientras dure la emergencia ocupacional. Aunque desde cámaras patronales habían reclamado que las pymes quedaran exceptuadas de la ley, la decisión hasta anoche en el bloque K era aprobar la ley sin hacer excepciones para ningún sector.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se comunicó con casi todos los gobernadores para pedirles que intercedan ante los senadores de sus provincias para que el proyecto no se trate hoy, según trascendió en el Gobierno. Pero esta vez el funcionario habría sido poco persuasivo debido a que en varias provincias aún siguen a la espera de que la administración macrista les cumpla las promesas por el voto a la ley de los holdouts, dijeron en el bloque K.
Malogradas las negociaciones, al oficialismo le quedaba ayer la esperanza de que hoy la oposición no consiga reunir a los 37 senadores necesarios para el quórum. Se agarraban de que hoy en Santiago del Estero es el inicio de las sesiones legislativas, con lo que no llegarían a tiempo sus tres senadores, que juegan con el FpV, y que hay legisladores de viaje.
Pero asoma improbable que el FpV no logre el quórum. Es que el propio jefe de la bancada, Miguel Pichetto, jugó a fondo para la realización de la sesión. Temprano tuvo una reunión con el radical Angel Rozas, jefe del interbloque de Cambiemos, y el presidente provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo, quienes le plantearon postergar el tratamiento de la ley. Le propusieron esperar a que fuera al Senado el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a dar un informe sobre la “real situación” del empleo. Pichetto no aceptó. Es más: les trasmitió que si no convocaban a la sesión enviaría una nota con la firma de cinco senadores, como fija el reglamento, para solicitar una sesión especial. Así lo hizo. Más tarde, con la firma de siete senadores, se tramitó el pedido formal de la sesión. El otro proyecto que se tratará limita al Ejecutivo para tomar deuda. Rozas y Pinedo plantearon que el proyecto estaba “flojo de papeles”, porque solo tiene dictamen de la Comisión de Trabajo y no de Presupuesto. El rionegrino rechazó el planteo: “La ley regirá solo para el sector privado”, argumentó. Es de esperar que en el debate el oficialismo haga foco en esta cuestión. Pinedo objetó el proyecto antidespidos: “Tengo dudas de que éste sea el mecanismo adecuado para generar empleo”. Y completó: “Es una mala señal, de cambio de las reglas de juego, que se estará dando cuando están por llegar miles de millones de dólares en inversiones”.
La iniciativa también provoca ruído entre algunos senadores del FpV. Algunos intentaron, sin éxito, que se exceptúe de la norma a las pymes. Uno fue el salteño Rodolfo Urtubey, quien adelantó que igual fijará en el recinto su posición. Pero lo que predominó fue aprobar la iniciativa tal como obtuvo despacho. “Es un proyecto racional que sólo pretende preservar el trabajo por 180 días”, sostuvo su autor, el senador del FpV Daniel Lovera.
Además del aval de las tres centrales sindicales peronistas, Pichetto sumó el de la lista de unidad del PJ: José Luis Gioja y Daniel Scioli fueron ayer al Senado a apoyar la sanción de la ley. En charlas con el oficialismo, el FpV condicionó congelar su tratamiento a que el Gobierno convoque a una mesa de diálogo para discutir los despidos. En caso de que hoy la iniciativa tenga media sanción, el Gobierno intentará neutralizar su tratamiento en Diputados, pero a un alto costo político.
El ministro de Interior e Infraestructura, Rogelio Frigerio, admitió que dialogó con gobernadores para frenar la ley antidespidos, que busca aprobar la oposición. Lo hizo al encabezar una conferencia de prensa junto a su par de la cartera de Transporte, Guillermo Dietrich, por aumento a los subsidios en el transporte público del interior.
Frigerio argumentó que desde el Gobierno "compartieron" su preocupación por el proyecto con los jefes locales.
"La única solución para la pobreza es generar trabajo, todas las medidas que vayan en este sentido van a ser aprobadas, y nosotros entendemos que las medidas que se discutirán en este Congreso no van en ese sentido. Entonces nosotros compartimos nuestra preocupación con los socios del Gobierno, que son los gobernadores", se excusó el ministro.
Tal como anticipó Ámbito Financiero, el fin de semana Frigerio se comunicó por teléfono con media docena de gobernadores para explicarles los presuntos riesgos de aprobar la emergencia ocupacional, llamada "cepo al empleo" por el oficialismo ya que consideran que ahuyentaría nuevas contrataciones de personal y dispararía despidos antes de ser aprobada.
En la Casa Rosada hay bronca con el secretario de Empleo, Miguel Ángel Punte, por el proyecto de Primer Empleo que le presentó a Mauricio Macri tras semanas de demoras y que tuvo que ser modificado de apuro, lo que obligó al Presidente a presentar algunas líneas generales sin tener la letra definitiva.
Punte es un ex director de Recursos Humanos de Ternium Siderar, una de las firmas del Grupo Techint de Paolo Rocca, que llegó a la administración pública en diciembre pasado como tantos otros ejecutivos de grandes empresas
La relación entre Rocca y Punte tuvo idas y vueltas, al punto que el empresario italiano lo habría echado y vuelto a contratar en un par de oportunidades. El ahora funcionario es considerado una especie de filósofo, muy culto (acaso porque también es profesor en la UBA), al que Rocca metió en Recursos Humanos como una especie de coach, un motivador. Bien al estilo PRO
Pero Punte no es abogado ni experto en políticas de empleo, como requiere su cargo. Esto quedó en claro apenas tuvo que cumplir con el primer encargo que le hizo Macri apenas asumió: el programa de primer empleo que había prometido durante la campaña.
Miguel Punte habla en un acto del Ministerio de Trabajo
Tras casi cinco meses de gestión, a Punte lo apuraron en los últimos días para que entregue el proyecto, que Macri necesitaba para contrarrestar el embate del kirchnerismo y el Frente Renovador con las leyes para suspender despidos. El ex Techint entró en crisis y presentó un texto que repetía en líneas generales uno que en 2008 lanzó el kirchnerismo.
El que más se enojó fue el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, que tiene a cargo la coordinación del Ministerio de Trabajo. Quintana le reprochó a Punte que el proyecto tenía errores básicos y no tenía ninguna idea nueva, ya que el texto solo planteaba algunas exenciones impositivas y condonar multas a empresas que tuvieran trabajadores en negro.
Ante el fastidio de Quintana y el apuro de Macri, el ministro Jorge Triaca tuvo que intervenir y encargarle a su equipo que haga un proyecto nuevo, casi de urgencia. De hecho, el texto definitivo todavía no estaría terminado, aunque en la cartera laboral dijeron a LPO que está tarde ingresará al Congreso.
Esa es la razón por la que ayer en la presentación Macri apenas dio unas líneas generales, sin precisiones sobre los detalles del programa. No las tenía. Tampoco esas precisiones fueron informadas luego por Presidencia, algo que hace habitualmente cuando se presenta un proyecto.
Por caso, no se habrían hecho los cálculos del costo fiscal del programa -"esfuerzo" como le gusta decir a los funcionarios del PRO-, un tema clave para finiquitar los beneficios reales que tendrá. Se trata de un punto sobre el que el aparato comunicacional del Gobierno suele hacer hincapié cada vez que anuncia beneficios sociales, pero en esta oportunidad no se mencionó. La razón es que ni Hacienda ni la AFIP lo habrían analizado.
Así las cosas, en la cartera laboral y las otras dependencias afectadas están trabajando contrarreloj para llevar el texto final al Parlamento y no dejar en ridículo el pedido que Macri le hizo ayer a los legisladores: “Espero que el Congreso trate este proyecto lo antes posible”.
