En la sede del Ministerio de Energía de la Nación se concretó el encuentro entre su titular, Juan José Aranguren y el vicegobernador de la provincia, Pablo González a efectos de seguir analizando el Convenio Marco de la obra para el Aprovechamiento del Río Santa Cruz “Presidente Néstor Carlos Kirchner – Gobernador Jorge Cepernic” que se encuentra paralizada desde fines del año pasado y ha sido objeto de varias reuniones entre representantes de la provincia y el Estado Nacional, informó La Opinión Austral.
En la misiva que acompaña el texto formal del nuevo Convenio Marco, Aranguren señala que es necesario adecuar la obra a los términos de la Ley 15.336 por cuanto la misma tiene como destino proveer energía eléctrica a más de una jurisdicción a través del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y que el establecimiento es de utilidad nacional y ha sido contratado como una obra pública nacional y será financiada con fondos del Estado Nacional. También sostiene que los derechos correspondientes a la venta de energía corresponden al Estado Nacional y forman parte del objeto de la concesión a otorgarse, percibiendo en su caso la provincia un 12% de regalías por tal generación, es por ello que se solicita la adecuación del convenio a estos parámetros que cambian sustancialmente lo que fuera oportunamente otorgado, fundamentalmente a la propiedad de la obra una vez que la misma sea cancelada a través del repago con la propia energía generada.
De esta forma lo que el convenio establece es que la obra una vez pagada, que antes quedaba para la provincia, ahora quedará para la Nación y Santa Cruz recibirá sólo regalías por la energía generada.
Este convenio debe ser analizado primero por el área Legal de la provincia para poder avanzar en su firma y luego remitido a la Cámara de Diputados para que esta lo ratifique.
Pablo González indicó a La Opinión Austral que la firma del convenio podría estar concretándose “la próxima semana”, y su ratificación parlamentaria podría hacerse en la primera sesión del mes de mayo.
También este diario pudo confirmar que la UTE responsable de la obra llegó a un acuerdo por la reformulación técnica del proyecto. Concretándose estos dos acuerdos, “la obra podría estar reiniciándose en unos 20 días”.
Desde el Gobierno se destacó que la prioridad hoy para la provincia es “la realización de la obra que garantiza no sólo el movimiento económico durante su ejecución, la mano de obra de 5.000 trabajadores, sino el futuro de Santa Cruz”.
En el primer y segundo artículo se modifican las condiciones de titularidad de la obra una vez ejecutada, pero en el sexto el Estado Nacional se compromete a dictar todos los actos necesarios para llevar adelante la misma.
Pablo González afirmó que “se analizará el nuevo esquema jurídico propuesto, que a su vez determinará el envío del convenio a la Legislatura, yo creo que lo importante es avanzar en la concreción de la obra rápidamente, teniendo en cuenta la necesidad de recrear las fuentes de trabajo. La gobernadora me solicitó que el convenio sea analizado de manera urgente por los diputados, ya que la paralización de la obra ha tenido consecuencias negativas en todo el circuito económico de la provincia y además hay un considerable retraso en el plan de trabajos que además influye en el crédito que se ha tomado con los bancos de la República China, que tienen pendientes desembolsos para realizar”.
CIJ.gov.ar
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el acuerdo de la fecha, dispuso que el Estado Nacional informara si se han llevado a cabo los estudios de impacto ambiental previos a la construcción de las represas hidroeléctricas “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner-Gobernador Jorge Cepernic“, localizadas en la provincia de Santa Cruz.
Asimismo, si se han producido las consultas y audiencias públicas con la ciudadanía tal como lo prevé la Ley General del Ambiente (25.675). Solicitó, finalmente, que se indicara si se han iniciado las obras y, en su caso, el estado de avance en ambos proyectos.
Los estudios solicitados deben determinar cuál podría ser el impacto ambiental que estas represas pueden causar en el Lago Argentino, en los Glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala y al Parque Nacional Los Glaciares.
La decisión del Tribunal se dio en el marco de las acciones iniciadas por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y por la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales. Estas asociaciones solicitaron que se ordenara investigar y, en su caso, se impidiera el comienzo de las obras.
La Corte tomó esta decisión con fundamento en el artículo 41 de la Constitución Nacional que, a través del principio precautorio, manda a proteger el medio ambiente de posible contaminación en los cursos de agua y glaciares.
MININGPRESS/La Nación
La Corte Suprema de Justicia le reclamó al gobierno nacional que le informe si realizaron los estudios de impacto ambiental previos a la construcción de las represas hidroeléctricas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic, ambas en Santa Cruz, informó La Nación.
La resolución del alto tribunal, que lleva las firmas de su presidente, Ricardo Lorenzetti, y de sus colegas Juan Carlos Maqueda y Elena Highton, fue adoptada en un expediente que había sido iniciado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y por la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales.
Las entidades quieren determinar si hay un estudio que indique cuál va a ser el impacto de esas construcciones en el lago Argentino, en los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala, y en el Parque Nacional Los Glaciares.
Por eso, la Corte Suprema fundó su fallo en el artículo 41 de la Constitución nacional, que ordena proteger el medio ambiente de posible contaminación en los cursos de agua y glaciares.
Sin embargo, la sentencia de la Corte tiene un impacto mayor, porque está en línea con la intención del presidente Mauricio Macri de rediscutir con China la construcción de esas obras, acordadas por el gobierno kirchnerista.
En efecto, por un lado, la ejecución del fallo puede producir algunas demoras en los trabajos.
Por el otro, ahonda las dudas que giran en torno a ese contrato que el gobierno de Cristina Kirchner adjudicó en diciembre de 2014 a un consorcio encabezado por Electroingeniería, la empresa china Gezhouba Group Corporation y la firma Hidrocuyo, publicó La Nación.
Algunos creen, incluso, que detrás de esa negociación se escondería el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini. La construcción de las represas fue valuada -según el presupuesto 2016- en más de $ 43.000 millones, casi el doble del costo por el que fueron licitadas.
Por eso, cuando a principios de abril se reunió en Washington con el premier de China, Xi Jinping, el mandatario argentino planteó la necesidad de rediscutir los millonarios contratos.
Como contrapartida, Macri le ofrecería a China que financie la construcción de una línea de alta tensión para transportar la energía de esas represas.
