A medida que pasan las horas, las propiedades por allanar son cada vez más. A las 48 iniciales, se sumaron, sólo ayer, al menos otras 16 que resultaron ser de Lázaro Báez , su familia o sus empresas. Por eso, la Justicia calcula que los operativos ordenados en Santa Cruz para recuperar el presunto dinero lavado van a durar no menos de un mes.
"Varias semanas", dijo ayer el juez de la causa, Sebastián Casanello , a LA NACION. "La cantidad de bienes es grande y las distancias en Santa Cruz también lo son", explicó. "Además, no sólo se van a secuestrar bienes -agregó-; también se va a hacer la tasación de cada uno de los inmuebles."
El fiscal del caso, Guillermo Marijuan, viajó ayer, de madrugada, con destino a Río Gallegos para dirigir los allanamientos. Así se lo había pedido anteayer Casanello. Marijuan se reunió cerca del mediodía con el juez local, Federico Calvete -que es juez titular en Ushuaia y subroga en Santa Cruz-, y empezaron juntos el proceso de rastreo de los inmuebles por allanar.
Casanello, en la resolución que disponía los operativos, había identificado 48, pero sólo con los datos catastrales. Por eso, ayer, en Santa Cruz, el juzgado local y el fiscal dedicaron varias horas a la tarea de ubicar cada uno. De esos 48, 24 son de Calafate, 16 de Río Gallegos y los otros ocho están repartidos entre las localidades de 28 de noviembre, Río Turbio, El Chaltén y Laguna del Desierto.
En aquella orden de anteayer, el juez pidió prestar "especial atención" a dos de las fincas que dispuso que se allanaran: Cruz Aike y La Julia. Según la declaración del presunto arrepentido de esta causa, Leonardo Fariña, en esas estancias Báez escondía dinero.
Eso surge de un manuscrito redactado por Fariña, que su abogada defensora presentó en la causa el miércoles de la semana pasada. De acuerdo con ese papel, en una de esas fincas había cocheras que funcionaban como bóvedas y en la otra, un quincho mucho más custodiado que la casa principal, rodeado a toda hora por hombres armados.
Pero Casanello no sólo pidió allanar estos 48 bienes que tenía identificados en la causa como de Lázaro y Martín Báez; también ordenó allanar toda otra "estancia o inmueble ubicado en la provincia de Santa Cruz que resulte de propiedad de Lázaro Antonio Báez, Martín Antonio Báez, su entorno familiar y/o las empresas a ellos vinculadas".
Ayer por la tarde ya habían aparecido 16 inmuebles más, que se sumarán a los 48 destinados a ser allanados. Una de las primeras propiedades sospechadas de esconder fondos que ayer detectó Marijuan fue un galpón donde Báez guardaba autos de alta gama.
El fiscal ordenó que el lugar quedara bajo custodia y pidió a Buenos Aires, al juzgado de Casanello, una orden para allanarlo. Horas más tarde, entraba en el galpó
A Marijuan le espera una larga semana de trabajo en Santa Cruz. Cuando Casanello ordenó los allanamientos, dispuso que se hicieran "con habilitación de días y horas inhábiles"; esto es, con horario corrido, más allá de la jornada judicial. El objetivo es buscar bienes: hacer un inventario y secuestrar el dinero que se encuentre, así como todos los objetos registrables, suntuosos o de lujo y los demás valores que pudiera haber en los inmuebles. La Justicia va a llevarse todo.
Además, deberá tasarse cada uno de los inmuebles. Para eso, el juez pidió que la AFIP colaborara con Marijuan y enviara a Santa Cruz expertos tasadores. Con semejante tarea por delante, serán operativos enormes.
La idea es "recuperar los activos" que, según la sospecha de los investigadores, son resultado del presunto lavado de dinero que se investiga en esta causa, en que Lázaro Báez está procesado y preso.
"El objetivo es continuar con la tarea de recupero de activos, que es esencial en toda investigación de lavado de dinero de origen ilícito", explicó Casanello a LA NACION.
"El recupero -agregó- incluye bienes que están a nombre de las personas y también de las empresas; por eso se ordenó además la intervención judicial de Austral Construcciones a través de la designación de veedores de la AFIP."
Austral Construcciones es la empresa más importante de los Báez y fue, durante el kirchnerismo, la principal adjudicataria de obra pública en Santa Cruz
La Nación
El juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer allanamientos en todas las propiedades de Lázaro Báez en Santa Cruz en busca del dinero, los bienes de lujo y los valores que pudiera haber allí.
Por exhorto, le encomendó la tarea al juez subrogante de Río Gallegos, Federico Calvete -que es juez titular en Ushuaia-, y confió la dirección de los operativos al fiscal del caso, Guillermo Marijuan, que anoche se preparaba para viajar al Sur.
Casanello pidió que los allanamientos se hagan con habilitación de días y horas inhábiles; es decir, de corrido, sin límites horarios. El objetivo de los operativos es tasar las propiedades, hacer un inventario y secuestrar el dinero en efectivo que se encuentre, como también todos los bienes registrables, suntuosos o de lujo y los demás valores que pudiera haber en los inmuebles. Por eso, serán operativos enormes. La idea es "recuperar los activos" que, según la sospecha de la Justicia, son el resultado del presunto lavado de dinero que se investiga en el expediente.
El juzgado no informó cuáles son las propiedades a allanar, pero LA NACION supo que se trata de decenas de inmuebles. Que están en la nómina todos los que la Justicia tenía identificados por los informes de la AFIP que se presentaron en la causa, pero que no es una lista cerrada: para evitar la posibilidad de que quedaran afuera otros, el juez le encomendó a su colega que allanara toda propiedad que resultara ser de Lázaro Báez, de Martín Báez o de sus familiares. También, las propiedades de las empresas vinculadas a los Báez. Así lo informaron a LA NACION fuentes al tanto de los operativos.
Lázaro Báez está procesado por lavado de dinero en esta causa y lleva 20 días preso en la cárcel de Ezeiza junto con su contador Daniel Pérez Gadín y su abogado Jorge Chueco, que fue detenido después de haber estado prófugo y haber huido a Paraguay.
En el fallo que dispuso los procesamientos por lavado, Casanello había ordenado tasar las propiedades de Báez. Los allanamientos de ayer buscan instrumentar esa orden. Pero responden además al contenido de un escrito que hizo llegar al juzgado de Casanello Leonardo Fariña, supuesto valijero de Báez, el miércoles de la semana pasada.
El 8 de abril, Fariña hizo una larga exposición ante el juez en la que se acogió a la figura del arrepentido; acusó a su ex jefe de haber lavado dinero y lo señaló como parte de una maniobra montada por Néstor Kirchner para quedarse con millones de pesos del Estado, en teoría destinados a la obra pública. El miércoles pasado, Fariña, ya en libertad, agregó a su indagatoria un manuscrito con nuevos datos. Esos papeles, que presentó su abogada defensora, incluían información sobre dónde escondería Báez su fortuna. Detalles de estancias con supuestas cocheras que funcionaban como bóvedas y de quinchos mucho más custodiados que las casas principales, rodeados, según Fariña, de hombres fuertemente armados.
De acuerdo con las constancias de la causa, Casanello recibió el manuscrito y lo mandó a la fiscalía de Marijuan en un sobre cerrado con el objetivo de evitar filtraciones. La idea era que la fiscalía chequeara su contenido y corroborara la información brindada por Fariña, dispusiera medidas y le pidiera al juzgado aquellas que requirieran orden judicial (por ejemplo, los allanamientos). Ayer al mediodía, antes de esperar la respuesta de Marijuan, Casanello ordenó esta larga lista de operativos. El motivo fue que la información brindada por Fariña se había filtrado y había sido publicada ya por algunos medios, informaron fuentes del caso. Por la tarde, el fiscal pidió nuevas medidas, que se agregaron a las que ya se habían ordenado.
Ayer, en forma paralela la resolución que ordena los allanamientos, Casanello se quejó de la filtración, que los funcionarios que trabajan en la causa adjudican a "terceros". En una breve nota exhortó a las partes a cumplir con las "buenas prácticas de la profesión" y a manejarse con reserva y discreción para -en términos del juez- no comprometer el avance de la causa.
En cuanto a los allanamientos dispuestos, Casanello pidió ayer la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF, el organismo antilavado) y de la AFIP para que auxiliaran al fiscal en la tarea de recuperar los activos. El juez solicitó que la AFIP, que es querellante en esta causa, aportara por ejemplo los expertos que deberán viajar a las propiedades de Santa Cruz para realizar las tasaciones.
Para llevar adelante los operativos, el juez Casanello convocó a la Policía Federal Argentina, tanto a la División Investigaciones Patrimoniales como a la delegación de Santa Cruz.
El Concejo Deliberante de esta ciudad exige que el municipio le cobre al empresario Lázaro Báez, hoy detenido, las abultadas deudas que mantiene con la comuna en concepto de patentes automotor y otros servicios. Por unanimidad, los concejales radicales y del Frente para la Victoria quieren que el municipio apure acciones jurídicas contra el empresario hoy encarcelado para garantizar el pago de más de cuatro millones de pesos.
Los concejales aprobaron una resolución de autoría del presidente del cuerpo, Daniel Roquel (UCR), para solicitar al actual intendente, Roberto Giubetich (UCR), "que lleve adelante las acciones jurídicas para el cobro de las deudas que mantiene con el municipio la empresa Austral Construcciones SA, así como también todas aquellas empresas de las que el Sr. Lázaro Báez sea propietario o tenga participación accionaria", detalla la iniciativa. La deuda a cobrar, según la resolución, es de más de cuatro millones de pesos, en concepto de impuestos inmobiliarios, impuesto a la patente automotor y tasas. Y también remarca que a Austral SA le dictaron embargos judiciales por deudas con la aseguradora Provincia ART.
