Dos proyectos de ley, uno con origen en la Cámara de Diputados y otro con origen en la Cámara de Senadores, proponen limitar los despidos tras la perdida de 120 mil puestos de trabajo en los primeros cuatro meses del año. Ambos proyectos declaran la emergencia ocupacional en todo el país.
Aunque tienen diferencias, ambos proyectos plantean que se dupliquen los costos de despedir trabajadores y que el Estado desista de la política de "reordenamiento" a cargo del ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Uno prohíbe los despidos sin justa causa por 180 días. El otro los prohíbe desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017 y obliga a la renovación automática de los contratos laborales con vencimientos.
Sin embargo, las Pequeñas y Medianas Empresas que hace pocas semanas llamaban la atención sobre los efectos del tarifazo sobre la rentabilidad del sector y advertían sobre la cantidad de puestos de trabajo en riesgo, hoy se oponen a esta medida.
La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) emitió hoy un llamado a diputados y senadores a "evitar avanzar con iniciativas que podrían convertirse en un remedio peor que la enfermedad", explicó La Política Online.
"La UIPBA considera que cualquier iniciativa que impulse una doble indemnización podría derivar en niveles alarmantes para las PyMES, especialmente en las más pequeñas, que provocaría el cierre definitivo de muchas", señaló el organismo que representa a de 35 mil pymes y entidades empresariales.
Según los industriales bonaerenses, es cruvial que el Estado aplique “políticas activas” destinadas a paliar la situación de caída de la producción y el consumo. En especial, bajar "las altísimas tasas de interés del mercado" y dar incentivos fiscales que reviertan en impacto del ajusto tarifario que "se viene aplicando en forma muy dura y eleva los costos de las pymes a la estratósfera". la economía está trabada porque el Estado se endeuda a tasas exorbitantes. Esto lleva a muchas pymes a gastar recursos en el sistema financiero que deberían destinarse a la producción y el emple
"La UIPBA considera que la economía está trabada en buena medida porque el Estado se endeuda a tasas exorbitantes. Esto lleva a que muchas pymes deban financiarse al 70% anual o más, transfiriendo recursos al sistema financiero que deberían destinarse a la producción y el empleo."
Por su parte, representantes de las diferentes ramas sectoriales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se reunieron con el diputado Pablo Kosiner, presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, en la que le manifestaron su alerta ante el proyecto de ley de declaración de Emergencia Pública en Materia Ocupacional, publicó La Política Online.
Además, solicitaron la exclusión de las PyMES de la medida mediante una serie de peticiones entregadas a los diputados y senadores vinculados a ambos proyectos de ley.
La CAME y la UIPBA no estuvieron solas en su oposición al proyecto de ley. Hoy la Cámara Argentina de Comercio (CAC) consideró que esos proyectos "resultan inoportunos y faltos de fundamentos, ya que, si bien existe una emergencia económica, en modo alguno se ha extendido al ámbito laboral de tal modo que justifique modificar los institutos existentes, sin lesionar la situación social del país".La CAC argumentó en un comunicado que "si bien los problemas económicos generalmente se proyectan con consecuencias negativas en materia de empleo, no serán precisamente las inoportunas medidas de prohibición de despidos las que contribuirán a solucionar las dificultades, sino que, por el contrario, agravarán las mismas" y advirtió sobre las complicaciones adicionales que traerá la ley por la elevación de "los índices de litigiosidad y conflictividad".
"Aun cuando se reactive firmemente la economía, en virtud del ingreso de un flujo de inversiones, si existe una prohibición para el empleador de despedir, difícilmente lo alentará a incorporar personal aún cuando por las razones antes mencionadas se torne necesario hacerlo", alegó la CAC.
Y aunque uno de los proyectos de ley obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, y el otro cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, los proyectos difícilmente vean la luz. El presidente Macri ya se mostró en contra por considerar que promueven el desempleo y el empleo informal.
Una fuente del Gobierno informó a Ámbito que "Si avanza el proyecto que establece el doble despido, el Gobierno tiene las herramientas para impedir su aplicación". De esta forma se corroboró que Macri piensa vetar una ley resultante de estos proyectos de ley.
"Si avanza el proyecto que establece el doble despido, el Gobierno tiene las herramientas para impedir su aplicación", así confirmaron altas fuentes de la Casa Rosada su decisión de no avalar políticas que "perjudican a los argentinos". A tal punto es la convicción que dicho proyecto desalentaría a los empresarios a tomar personal e incluso aumentaría el empleo en negro (que continúa en cifras superiores al 30%). Es más en los pasillos de la Rosada una fuente afirmó que "ni siquiera el presidente Mauricio Macri se comunicó con Sergio Massa del Frente Renovador" para tratar de convencerlo de que su fuerza política cambie de posición.
El Gobierno está comprometido con el objetivo de Pobreza Cero que "y solo se puede lograr creando empleo". Por esta causa el rechazo al proyecto de duplicar la indemnización es visto como una amenaza concreta para la generación de puestos de trabajo, señaló Ambito.
Ante este tipo de iniciativas las empresas retraen sus proyectos de contratar trabajadores y se precariza el empleo, explican en fuentes oficiales, "son medidas que frenan el crecimiento", reafirman.
Es más, trascendió que el propio presidente Mauricio Macri está bastante molesto "No sé porque insisten si esta medida ya no funcionó; es la vocación de hacer daño", habría dicho a su entorno.
Esa molestia pudo verse durante una visita a la planta de Cresta Roja que realizó el Presidente junto a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en la localidad de Estaban Echeverría, donde rechazó la ley que prohíbe los despidos. "No es la forma imponer leyes arbitrarias que ya utilizamos en el pasado", dijo.
"Mi compromiso es generar trabajo, pero no es la forma imponiendo leyes arbitrarias que ya utilizamos en el pasado", aseguró apuntando contra la oposición. "Queremos progresar y queremos ser felices, no podemos repetir los errores; eso no generó trabajo, destruyó trabajo. Entonces no hagamos cosas que no sirven", insistió el mandatario y sostuvo que "no es por la vía de la arbitrariedad ni de la imposición que se puede cuidar a los argentinos".
Este miércoles en Diputados se firmó en mayoría un proyecto de ley para prohibir los despidos en la administración pública y en el sector privado. En tanto, el oficialismo se opuso presentando un proyecto que plantea que sólo se pueda declarar la emergencia ocupacional si el desempleo supera el 10%.
De concretarse el veto, sería la primera vez que Macri hace uso de esta facultad como Presidente.Durante su paso por el gobierno porteño, el mandatario rechazó unas 130 leyes, algunas impulsadas por el mismo macrismo en la Legislatura. Entre las normas que vetó figuran declaraciones por la emergencia habitacional en la Ciudad, la creación de una oficina contra la trata de personas y la regulación para procedimientos para la atención de abortos no punibles.
En tanto, en la Rosada insisten que duplicar la indemnización "demostró que estas medidas no funcionan" e insisten que las cifras de despidos que se barajan no son tales. Admiten que el empleo privado hace casi 4 años que no crece pero que no es cierto que en los últimos meses se produjeron tantos despidos. Al respecto, y con la intención de discutir en base a datos ciertos una alta fuente oficial confirmó que en pocos días más "se dará las altas y bajas del empleo que se registran en la SIPA" (Sistema Integrado Previsional Argentino) uno de los registros más concretos de los movimientos de la contratación en blanco.
Asimismo y para paliar algunas situaciones críticas de empleo se continuará aplicando los REPRO y evaluando cada situación en particular, prometen en el Gobierno.
Al respecto, en el mes de febrero el SIPA registró 120 mil puestos de trabajo adicionales comparado con el mismo periodo del año 2015 representando un incremento del 1,5%. De estos puestos de trabajo 76 mil corresponden al sector privado. Estas cifras son la contracara de las declaradas tanto por las entidades gremiales como por los partidos políticos opositores.
En realidad la cifra de unos 100.000 despidos en el sector público y privado surge de un trabajo realizado por la consultora Tendencias Económicas que informó que en los dos primeros meses del año se registraron 107.719 despidos.
Otro tema ligado es la inflación. En el gobierno están confiados que hacia fin de año "la inflación se ubicará en torno al 25% en el país", manteniendo así la pauta que anunciara en su momento el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.
Aunque admiten que "la inflación en la Capital y el Gran Buenos Aires podrá ser superior", explicó una alta fuente oficial pudiendo "llegar a ser entre 6 y 7 puntos más pero no en el resto del país".
La razón es que la suba de tarifas de los servicios pondera mucho más en esta parte del país. Al respecto, existe un conceso de la mayoría de los economistas que estiman que las tarifas implican unos 6 puntos al índice de precios. Así en marzo la inflación se ubicó en torno al 3% y para abril se habla de valores superiores al 6%.
Insisten que técnicamente la "inflación en el segundo semestre va a bajar" y que se están cumpliendo todas las premisas para que ocurra. Justamente y con la intención de contener la inflación es que en principio se intentará que no se aplique otro ajuste tarifario este año.
El presidente Mauricio Macri cuestionó uertemente proyectos impulsados por la oposición para prohibir los despidos e imponer una doble indemnización, al afirmar que “no se genera empleo imponiendo leyes arbitrarias” y advertir sobre “no repetir errores” del pasado citó el diario La Prensa.
“Esta Argentina es distinta porque aprendimos de nuestros errores y no los vamos a repetir. No tenemos que repetir errores, ya probamos en 2002 con leyes que prohibían (que haya despidos), y eso no trajo más trabajo, destruyó trabajo”, refirió, sobre la ley de febrero de ese año, durante la gestión de Eduardo Duhalde, en plena crisis económica.
Al encabezar el acto de reactivación de la planta avícola Cresta Roja, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, el jefe de Estado remarcó que “no se genera empleo imponiendo leyes arbitrarias”, al cruzar los dictámenes favorables de iniciativas presentadas por la oposición, que suspenden los despidos y establecen la doble indemnización.
Macri aseguró que comparte la “angustia” de quienes se quedan sin trabajo, ante la ola de despidos que se registran durante su gestión tanto en el sector público como privado, pero aseveró que “así como cuidamos a los empleados de Cresta Roja, cuidaremos a todos”, aunque insistió en que “no por la imposición”. “No hagamos cosas que no sirven. Trabajemos en lo que suma. Confíen todos que vamos por el camino correcto, no por nada el mundo salió a financiarnos en cantidades que ni siquiera se pueden medir”, aludió el Presidente, sobre la salida del default, que se financió con una emisión de bonos, que contó con apoyo del mercado bursátil.
Asimismo, Macri expresó que le “cuesta creer cuando dicen que haber sacado retenciones, es haber actuado en favor de un sector, de los ricos”, y subrayó que “eso no es verdad”sino que “lo que buscamos es actividad, que se pueda crecer, producir, y este es el camino que tenemos que recorrer”. “Hay que cobrar los impuestos que corresponden y no los que hunden a las economías regionales y nos impidieron crecer por 5 años”, refirió, sobre los fuertes cuestionamientos a eliminar las retenciones a las exportaciones.
Finalmente, el mandatario insistió en que “la inflación es un impuesto perverso, y es mi responsabilidad bajarla” y reiteró que “a partir del segundo semestre, van a ver cómo empieza a bajar (el índice inflacionaria), hasta que deje de ser un tema de los argentinos”.
Macri estuvo acompañado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el ministro de Trabajo, Jorge Triaca; y el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, en la visita a Cresta Roja, luego de la normalización de la fábrica, que retomó su actividad tras los conflictos por quiebra y despidos, en diciembre pasado.
El peronismo dialoguista, que venía apoyando las iniciativas del Gobierno en el Congreso, le dio la espalda ayer al macrismo y dio por terminada la “luna de miel”. En las dos cámaras legislativas toda la oposición se unió para apurar proyectos que declaran la “emergencia ocupacional”.
Estas iniciativas penalizan los despidos tanto en el sector público como en el privado, duplicando las indemnizaciones previstas por las leyes, algo que se impuso en 2002 y se eliminó en 2007 expresó el diario La Voz.
Pero hubo diferencias entre los dictámenes. Fueron los diputados del massismo, del PJ escindido del kirchnerismo, del Frente para la Victoria (FPV) y del socialismo los que firmaron un despacho en la comisión de Legislación del Trabajo que prohíbe suspensiones y despidos desde el 31 de marzo (retroactivamente) al 31 de diciembre de 2017. Es decir por un año y nueve meses. En cambio, los senadores del PJ (kirchneristas y no kirchneristas) fijaron 180 días para la emergencia.
El dictamen que salió ayer de la comisión de Trabajo de la Cámara Alta permite al despedido sin justa causa a cobrar la doble indemnización o a ir a la Justicia, para lo cual se prevé un “proceso sumarísimo”. “En dos meses tendrá un fallo que deberá reinstalarlo en su puesto de trabajo”, explicó el senador Juan Pais.
La sanción de leyes que frenen la ola de despidos fue el pedido que hicieron todas las centrales obreras, tanto a los diputados como a los senadores, cuando asistieron al Congreso hace unas semanas. Es la principal consigna por la que se movilizarán el 29 las tres CGT, según el diario La Voz.
Por eso ayer al oficialismo le costó frenar al peronismo, que por primera vez no tuvo diferencias entre K y no K.
El macrismo, en voces del diputado Daniel Lipovestky y del senador Federico Pinedo, pidió que la doble indemnización sólo se aplique si la tasa de desocupación vuelve a ser de dos dígitos (está casi en 6 por ciento), tomando el argumento que usó el kirchnerismo en 2007 para eliminar la medida.
Pero todo el PJ, más la centroizquierda y el trotskismo coincidieron con la alarma de las centrales obreras. “Esto es una emergencia. Si no actuamos con rapidez nos tapa la ola”, dijo el senador neuquino Guillermo Pereyra (sindicato petrolero).
“Estos despidos son producto de las políticas económicas del Gobierno nacional”, agregó la kirchnerista Inés Blas.
Desde el oficialismo, los senadores Pinedo y Laura Rodríguez Machado pidieron más tiempo de debate, para que pueda ser escuchado el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y entidades empresariales. “No es la mejor herramienta y puede ser contraproducente”, dijo Pinedo, desoído por los bloques del PJ.
Cuando el debate en el Senado se estaba caldeando, el kirchnerismo pidió firmar dictamen con el guiño del titular de la comisión, el pampeano Daniel Lovera (PJ no K). Consiguieron 9 firmas sobre 17.
Es más probable que la iniciativa de los senadores opositores corra con ventaja respecto del proyecto de los diputados.
Sucede que el dictamen de los senadores quedó listo para llegar al recinto y el de los diputados opositores no pasó aún por la Comisión de Presupuesto, que conduce el macrista Luciano Laspina, quien podría demorar el debate.
Por eso, el diputado-gremialista Alberto Roberti (Bloque Justicialista) advirtió ayer al oficialismo de Diputados: “Aquellos que confronten esta iniciativa o la veten se deberán hacer cargo”.
La oposición logró unificar un dictamen en la Cámara baja que busca prohibir los despidos por al menos un año. La iniciativa fue rechazada por el bloque de Cambiemos y por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, se sumó este jueves a las voces críticas informó Infobae.
En diálogo con Luis Novaresio en radio La Red, el ex integrante del gobierno de Néstor Kirchner dijo que el efecto de estas medidas puede ser contraproducente. "Creo que el proyecto puede terminar perjudicando al empleo, en particular en el sector de las pequeñas empresas, que se juegan la vida si tienen que pagar una doble indemnización o si quedan impedidas de despedir a alguien", justificó.
La doble indemnización estuvo vigente durante el paso de Lavagna por el gobierno nacional. El ex funcionario recordó que heredó esa política económica y que se transformó en un desafío muy complejo poder bajar la desocupación hasta niveles que permitieran derogar la medida.
El asesor de Sergio Massa en el Frente UNA aseguró, además, que en términos objetivos la situación de la economía es complicada porque en los últimos meses cayó la producción y el empleo, y la tasa de inflación ya ronda el 35% anual.
