El 14 de abril, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, encargado de investigar el caso SQM de presunto financiamiento irregular de la política y eventual cohecho, realizó una diligencia reservada.
El objetivo: conocer dónde y cómo se efectuaron los pagos, depósitos o transferencias de las donaciones que la minera no metálica realizó a las fundaciones Chile Justo y Web. Y en ese mismo tenor, también se pretende acceder a todos los nombres de empresas y personas que entregaron dineros a las mencionadas organizaciones, creadas por el ex senador y ex ministro de Economía, Pablo Longueira.
El renunciado UDI es investigado por el delito de cohecho, ya que él habría recibido una minuta, por parte del ex gerente de SQM, Patricio Contesse, con parte de la redacción del Royalty Minero, minuta que después habría quedado plasmada de forma textual en la ley, lo que se habría traducido en beneficios para la firma minera.
En ese contexto, de acuerdo publica La Tercera, Gómez también solicitó al Octavo Juzgado de Garantía alzar el secreto bancario de estas fundaciones, y además, de la ex asesora y jefa de gabinete, Carmen Luz Valdivieso.
De acuerdo a la teoría del ente persecutor, plasmada en la solicitud al tribunal, Longueira habría recibido dineros “ a través de terceros y a sus fundaciones, de manera sistemática y constante, estuvieron destinados a influir en el imputado, y lo determinaron en su calidad de senador de la República, a gestionar actos políticos y legislativos con el propósito de incorporar el artículo cuarto transitorio de la Ley de royalty Nº 20.469, que permitió a SQM SA y sus filiales, acceder a contratos de invariabilidad tributaria con el Estado, en beneficio de la propia empresa”.
La Fiscalía reveló a través de esta solicitud que 14 personas naturales “vinculadas” a Pablo Longueira –entre otros su hijo– los que habrían recibido 133 millones 655 mil 889.
Se cuenta también un segundo grupo, también de 14 personas, que habría operado para obtener recursos, que ascenderían a 93 millones 333 mil 335 para las dos fundaciones vinculadas al ex ministro, el que ejerció como secretario de Estado de Sebastián Piñera entre el 18 de julio de 2011 y el 29 de abril de 2013.
En un primer período comprendido entre noviembre de 2007 hasta agosto del 2011, y luego en una segunda etapa entre mayo y noviembre de 2013, la empresa SQM S.A. y SQM Salar “financió mensualmente con aportes económicos de $ 5 millones a la Fundación Chile Justo”.
Gómez explicó además al tribunal que “es necesario considerar que además de los pagos realizados por SQM a ambas fundaciones, Chile Justo y Web a través de donaciones efectuadas de manera regular, existe una serie de pagos por concepto de boletas de honorarios por servicios que jamás se prestaron, tal como consta en las múltiples declaraciones”.
“Se confirma finalmente, por el contrato suscrito con fecha 4 de enero de 2014 entre asesorías LB SPA, sociedad perteneciente a Juan Pablo Longueira Montes y su cónyuge, María Cecilia Brinkmann y SQM S.A. (…) que implicó el pago por SQM SA a Asesorías LB SPA de 15 facturas por 5 millones cada una”, es decir, 75 millones en total de 2014 y 2015.
En la petición de la fiscalía, se requiere acceder a las cuentas bancarias de Carmen Luz “Titi” Valdivieso, la que ha optado por guardar silencio durante los interrogatorios del Ministerio Público. Según detalló la fiscalía, la ex jefa de gabinete de la cartera de Economía “previamente concertada con Pablo Longueira Montes y con pleno conocimiento de este último, obtuvo que diversas personas vinculadas estrechamente con él, emitieran boletas ideológicamente falsas a SQM, las que posteriormente fueron rectificadas por dicha empresa ante el SII”.
Para fundamentar esto, el ente persecutor citó una declaración de la ex secretaria de Contesse, Katherine Bischof la que declaró nuevamente. “A Titi Valdivieso la conocí desde que empecé a trabajar en SQM, puede ser el año 2007 o 20008, porque ella gestionaba los certificados de donación a la Fundación Chile Justo y a la Fundación Web”.
Para Gómez “resulta de importancia la obtención del alzamiento del secreto bancario, ya que es necesario corroborar la información entregada por diversos testigos que han declarado en fiscalía en relación a este tema. Realizando un análisis entre las boletas emitidas, el dinero entregado y los movimientos de las cuentas corrientes de las que se solicita el alzamiento bancario”.
