Las negociaciones entre el Gobierno y el consorcio que se adjudicó la construcción de las dos centrales hidroeléctricas en Santa Cruz están en un momento de tensión.
El jueves, ante un puñado de empresarios, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dijo que si no había acuerdo con el nuevo proyecto, las centrales Néstor Kirchner y Jorge Cepernic iban a ser relicitadas. "Ya les he adelantado a los integrantes de la UTE [unión transitoria de empresas] adjudicataria: o se ajustan a las modificaciones o se llama a una nueva licitación del proyecto", dijo el ministro.
Fue en un encuentro reservado convocado por la Cámara Argentina de Comercio Española en el hotel Alvear. Por la tarde, en el ministerio confirmaron a LA NACION que ya se había tomado la decisión. "La UTE está al tanto", dijeron cerca de su despacho. El consorcio está integrado por la compañía china Gezhouba Group y las locales Electroingeniería e Hidrocuyo.
En Electroingeniería prefirieron una respuesta de ocasión. "Trabajamos para la continuidad del proyecto", se limitaron a decir. La obra pública más importante que licitó el kirchnerismo entró en un momento de indefiniciones.
Desde hace al menos dos meses el Gobierno trabaja en achicar el proyecto. Originalmente las represas, presupuestadas en US$ 5500 millones, tenían 11 turbinas, de las cuales seis estaban ubicadas en la Kirchner y cinco en la Cepernic. Esa cantidad bajaría a cinco en la primera y tres en la segunda. De esa manera, de los alrededor de 1760 MW que se planteó que generarían se pasará a 1350 MW.
El ahorro se destinaría a la construcción de un tendido de una línea de alta tensión que permita llevar la energía que se produzca en las dos presas a centros de mayor consumo. De esta manera, el Gobierno lograría mantener las líneas de créditos chinas sin modificar las condiciones del préstamo, pero dotaría de otras funcionalidades a la obra.
En los borradores que tienen en las oficinas cerca de Aranguren hay otro detalle. El complejo estaba pensado para que produzca en los picos de demanda. Ahora, los técnicos estiman que es más conveniente que despachen como base, es decir, que funcionen más horas con una capacidad menor. La cuenta anualizada de la entrega al mercado es similar.
El ultimátum que el Gobierno les dio a Electroingeniería y a sus socios es celosamente estudiado. Sucede que la empresa cordobesa, que creció como pocas durante el kirchnerismo, no pasa por su mejor momento financiero. Hay que admitirlo, la falta de flujo es una queja que se escucha en todo el mundo constructor argentino, ya que, con la excepción de Vialidad Nacional, la gran mayoría de los proyectos, los planes y los pagos están en mesas de estudio para ser rediseñados.
La empresa ya acumula deuda de sueldos con algunos de sus empleados. Por caso, en la constructora hay atrasos salariales, mientras que en el grupo de medios, que forman Radio Del Plata y 360TV, además de alguna estación radial cordobesa, aun más.
Aunque los socios de Electroingeniería, Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, siempre dijeron que los medios eran un proyecto de sus hijos, lo cierto es que la dependencia del grupo de los favores de la publicidad oficial y de la obra pública parece ser tan directa que pocos meses después de que el kirchnerismo dejó el poder el esquema empresario empezó a crujir.
Tienen más motivos para preocuparse. Aranguren también estaría dispuesto a relicitar otra obra que fue adjudicada a Electroingeniería. Se trata de la central Termoeléctrica Manuel Belgrano II. El año pasado se firmó el contrato con Enarsa para la construcción de un ciclo combinado de 810 MW a construirse en la localidad de Campana, en un predio vecino a donde se construyó la Central Manuel Belgrano I.
5500
Millones de dólares
Es la cifra de inversión pública presupuestada para las dos centrales, cuyo monto más importante vendría de China
11
Usinas
Eran las turbinas que se iban a colocar en el proyecto original; ahora quedarían ocho, cinco en la Kirchner y tres en la Cepernic
1350
Generación
Son los MW que generarán aproximadamente las dos represas sobre el río Santa Cruz
La Política Online
Desde fines de marzo, el Ministerio de Energía que comanda Juan José Aranguren y la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña empezaron a seguir de cerca el complicado panorama que enfrenta Electroingeniería, la empresa cordobesa manejada por Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta.
Identificada plenamente con la gestión kirchnerista, Electroingeniería (que pasó de ser una mediana contratista de Córdoba a principios de la década pasada a convertirse en los últimos años en uno de los grandes jugadores de la obra pública nacional) arrastra por estos días una delicada situación económica-financiera y –según la visión oficial—no estaría muy lejos de entrar en un “default generalizado” que afectaría a las distintas sociedades del grupo.
Ante la posibilidad de que en las próximas semanas se agraven los problemas que jaquean a la empresa, los funcionarios del área energética ya se habrían puesto a delinear un plan “B” para la continuidad del megaemprendimiento de las represas santacruceñas
Mientras definen los cambios estructurales que se introducirán en el proyecto ejecutivo de las obras, los colaboradores de Aranguren salieron a buscar, muy discretamente, a alguna constructora local de peso que pueda ocupar el lugar de Electroingeniería en el consorcio adjudicatario de las usinas patagónicas que tiene como actor relevante al grupo chino Gezhouba, que es el que abre la puerta al financiamiento de China.
Si bien la mayoría de las constructoras de obras públicas vienen acumulando deudas con sus proveedores y subcontratistas por la falta de pago de los organismos estatales que se remonta a noviembre pasado, en el caso de Electroingeniería las dificultades económicas se acrecentaron significativamente en los últimos tres meses.
En enero, por atrasos en las obras y falta de pago a los contratistas bolivianos, el gobierno deEvo Morales le rescindió el contrato de US$ 250 millones para la construcción de la carretera “Santa Bárbara-Caranavi-Río Alto Beni-Quiquibey" que había ganado a principios de 2010.
En febrero, Ferreyra y Acosta comenzaron a suspender y dar de baja a 600 trabajadores de Vialco, la constructora que tenía a su cargo una serie de obras en la central nuclear de Atucha que la administración macrista canceló hasta nuevo aviso.
Macri con el ministro Aranguren en la Quinta de Olivos.
A fines de febrero, la empresa dejó de pagar los sueldos de la mayor parte de empleados del canal de cable 360TV y en el caso Radio del Plata, empezó a liquidar los salarios con retrasos.
A eso se sumó la decisión de Vialidad Nacional de no prorrogarle la concesión a la empresa que estaba operando del corredor vial número 7. Se trata VIALNOA, que desde 2010 tenía bajo su órbita casi 800 kilómetros de las rutas 9 y 34 que atraviesan las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Salta.
Por la falta de cumplimiento de las obras mínimas y el marcado deterioro de las rutas que estaban dentro de su concesión, Vialidad resolvió darle de baja a la empresa de Electroingeniería y poner transitoriamente en su lugar a la concesionaria de corredor número 3 que integran las constructoras Cartellone y Rovella Carranza.
Tirar la toalla
Por el lado de los proveedores, las quejas y los reclamos se están haciendo sentir cada vez más fuerte. La empresa está pagando con cheques a 120 y 150 días que los bancos son cada vez más reacios a descontar en forma anticipada.
Si bien reconocen la crítica realidad que afronta el grupo, los voceros de Electroingeniería aseguran que seguirán dando pelea y que, por ahora, están lejos de “tirar la toalla”.
“No vamos a bajar la persiana como hizo Lázaro Báez, ni acudir a una convocatoria de acreedores como ha hecho Cristóbal López”, destacó un vocero de la empresa al despegarse de los contratiempos y complicaciones que enfrentan los otros empresarios K..
A la espera de cobrar los certificados de obras energéticas que les adeuda el gobierno nacional, la apuesta y principal esperanza de la empresa está enfocada en la provincia de Córdoba.
Ahí se adjudicó a principios de año una d las tres grandes obras de la red de gasoductos troncales por casi 3.000 millones de pesos y está por recibir un anticipo del 20%.
Y presentó una oferta que estima ganadora en la licitación en curso para la obra de “las redes cloacales de la provincia y la planta depuradora de la capital cordobesa” donde está en juego una inversión estatal de casi 2.000 millones de pesos.
