Senadores del Frente para la Victoria-PJ presentaron un proyecto de ley que fija una tarifa diferencial para aquellos usuarios residenciales de todo el país que no posean acceso y/o conexión a redes de gas natural. Dicha tarifa deberá incluir un precio de energía mayorista similar al de la tarifa social implementada por el gobierno nacional, pero extendida hasta un consumo mensual de 500 kilovatios.
De acuerdo con datos del último censo, en la Argentina existen aproximadamente 4 millones y medio de familias que aún no cuentan con acceso a redes de gas natural. La mayor concentración se ubica en la provincia de Buenos Aires, con más de 1 millón y medio de hogares, pero también en las provincias del NEA: Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Norte de Santa Fe, cuyos habitantes no cuentan con gasoductos ni redes de gas natural lo que determina una mayor dependencia de la energía eléctrica y, por lo tanto, un mayor consumo.
La propuesta aspira a lograr un equilibro en los últimos incrementos tarifarios registrados en los servicios públicos. A este respecto, expresaron los senadores días atrás en una nota dirigida al ministro de Energía y Minería de la Nación: “La quita de subsidios a las familias implica un durísimo golpe al bolsillo de los más necesitados y los sectores medios de la población, con incrementos en la facturación del 300%, hecho injusto e inequitativo".
El proyecto adopta un criterio objetivo al intentar atenuar el impacto de dichas tarifas en los consumos de usuarios que se encuentran entre los sectores más postergados, cuyos mayores consumos no traducen una mayor capacidad adquisitiva, sino, justamente, una situación de desigualdad estructural y de asimetría en el desarrollo del país.
Entre los autores del proyecto se encuentran los senadores nacionales Graciela de la Rosa y José Mayans (FpV-PJ, Formosa), María Inés Pilatti Vergara y Eduardo Aguilar (FpV-PJ, Chaco), Sandra Giménez (Frente Renovador de la Concordia, Misiones), Juan Manuel Irrazábal (FpV-PJ, Misiones), Carlos Espínola (FpV-PJ, Corrientes), Juan Manuel Abal Medina (FpV-PJ, Prov. Buenos Aires), Rodolfo Urtubey (FpV-PJ, Salta), María de los Ángeles Sacnun y Omar Perotti (FpV-PJ, Santa Fe), Sigrid Kunath y Pedro Guastavino (FpV-PJ, Entre Ríos), Dalmacio Mera (FpV-PJ, Catamarca), Beatriz Mirkin (FpV-PJ, Tucumán) y Liliana Fellner (FpV-PJ, Jujuy).
El bloque de senadores nacionales del Frente para la Victoria-PJ presentó un proyecto de tarifa eléctrica diferencial para el NEA y para usuarios residenciales de todo el país sin acceso y/o conexión a redes de gas natural.
La iniciativa parlamentaria prevé que dicha tarifa contenga el precio mayorista mínimo estipulado para los consumos de hasta 150 kilovatios de la tarifa social vigente, pero extendiendo dicho precio hasta los consumos de 500 kilovatios mensuales cuando se trate de usuarios sin conexión de gas natural.
En esa situación se encuentran alrededor de 4,5 millones de familias en todo el país, incluyendo a la totalidad de usuarios de las provincias de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y norte de Santa Fe.
El proyecto de ley fija una tarifa diferencial para todo el país para aquellos usuarios residenciales que no tengan acceso y/o conexión a redes de gas natural.
La tarifa diferencial propuesta no es incompatible con la tarifa social de energía eléctrica. La tarifa diferencial extiende el alcance de los precios de referencia establecidos en el artículo 7, inciso a) de la resolución 6/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación a los consumos mensuales de hasta 500 Kw h/mes.
El beneficio por familia sería de $360 mensuales y el costo de la medida para el Estado nacional se estima en menos de 900 millones de dólares anuales.
Esto representa menos del 20% de los 4.500 millones de dólares que el Estado recortó con la quita de subsidios al sector eléctrico.
