El próximo domingo todos los ojos estarán puestos en Doha, donde se reunirán los productores de petróleo para debatir si congelan la producción de crudo. Aunque las opiniones sobre cómo afectará la resolución de esta reunión a la cotización de la materia prima son diversas (la Agencia Internacional de la Energía (AIE) espera un impacto "limitado"), las empresas que basan su actividad en este activo se juegan mucho. De hecho, el sector petrolero es el que más quiebras ha registrado en el último año, un total de 12.
En este sentido, el índice Bankruptcy, que mide el número y la gravedad de las quiebras, tocó a finales de marzo su nivel más alto desde 2012. Así, sólo en el sector de materias primas 20 cotizadas han quebrado en los últimos doce meses. Unas bancarrotas que superaron los 57.000 millones de dólares.
Sólo desde abril del año pasado el precio del crudo europeo (Brent) ha caído más de un 27%, mientras que el estadounidense (Texas) lo ha hecho en un 26%. No obstante, desde los mínimos del año los precios se han recuperado en torno a un 58%, lo que lleva a algunos expertos a prever que salga lo que salga de la reunión del domingo el precio ya lo ha descontado. Para otros, como es el caso de Goldman Sachs y Citigroup, si finalmente no hay acuerdo, el impacto a la baja en el precio puede ser importante.
En cualquier caso, las empresas cuya actividad depende directa o indirectamente de la situación del petróleo ya han pagado las consecuencias, como refleja que hasta 12 compañías cotizadas del sector han quebrado en el último año (es el sector más castigado). Es el caso de Venoco, la última caída. La compañía que fabrica y comercializa lubricantes de uso automotriz explicó que cuando los precios del crudo comenzaron a caer se esforzaron por reducir costes, gastos de capital así como su endeudamiento. Aunque no fue suficiente.
Por su parte, en la industria del carbón, la última empresa que ha quedado fuera de juego ha sido Peabody Energy, el mayor productor privado de carbón del mundo, que no tuvo más remedio que acudir a los tribunales para pedir protección ante los acreedores. En su caso, los problemas de precio por la competencia del gas natural para la generación eléctrica, el atasco que sufre el mercado del carbón metalúrgico y la regulación para reducir los gases de efecto invernadero, cada vez más severa, han sido la causa.
