El proceso de formalización del negocio informal minero hace agua en Madre de Dios. La región emblemática de este gran esfuerzo socio-ambiental no cuenta – a la fecha - con un solo minero formalizado y, lo que es peor, ha visto detenido el proceso desde el 2015, según estadísticas del gobierno. ¿A qué obedece esta clamorosa inacción?
Según un informe de auditoría de la Contraloría de la República, al que Día1 tuvo acceso en exclusiva, esta situación tendría su origen en la negligencia del gobernador regional, Luis Otsuka, y de los funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM).
El informe N° 060 2016-CG/MA-AC, correspondiente a enero del 2013-noviembre del 2015, evidencia que unos y otros incumplieron “con sus obligaciones funcionales para evaluar y resolver los Instrumento de Gestión Ambiental Correctiva (IGAC)”, es decir, los estudios ambientales que los mineros informales deben acreditar para acceder al último paso del proceso de formalización.
En esencia, la Contraloría ha observado varios flagrantes incumplimientos funcionales por parte del gobierno regional:
En primer lugar, observó que este condicionó la aprobación del IGAC al cumplimiento de requisitos rigurosos, que no constan en la norma. Lo cual originó que no se apruebe ningún IGAC en 2013 y 2014, y se abandone su evaluación en 2015.
En segundo lugar, acreditó la adulteración de boletas de venta y el uso indebido, por parte del gobernador regional, de una camioneta que solo debía ser utilizada por la DREM.
Y en tercer lugar, constató que el gobierno regional solo hizo uso del 20% de los S/.531.000 destinados a la Ventanilla Única de Formalización Minera, la cual sigue inoperativa.
Según Manuel Pulgar-Vidal, ministro del Ambiente, la auditoría de la Contraloría confirma que el problema de fondo no es el proceso de formalización sino “la poca voluntad, negligencia y dolo del gobierno de Madre de Dios”, dijo a Día1.
En ese sentido, anunció que se estarían iniciando los procesos correspondientes contra el gobernador regional, Luis Otsuka, por delitos funcionales ambientales.
