Graciela Pérez* sólo quería ahorrar unos meses y volver a Bolivia para abrir una tienda.
Sin embargo, tuvo que pasar casi año y medio de pesadilla en una cantina cerca de una zona minera en la ciudad de La Rinconada, en el sudeste de Perú.
Es uno más de los miles de casos reportados de trata de mujeres y explotación sexual que se producen en la región de Puno, donde 40.000 personas, en su mayoría hombres, viven de la minería ilegal e informal.
Y Puno no es una excepción en Sudamérica, donde el tráfico sexual opera al lado de la minería fuera de la ley; lo que los expertos en crimen organizado llaman una alianza "escalofriante".
"Hay un fuerte vínculo entre la minería ilegal y la explotación sexual. Siempre que hay grandes migraciones de hombres a una zona, hay una gran demanda de servicios sexuales que a menudo genera tráfico sexual", señaló a BBC Mundo Livia Wagner, autora del reciente informe "Crimen organizado y minería ilegal en Latinoamérica".
El documento, editado por Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, con sede en Ginebra, Suiza, detalla como muchas mujeres y menores responden a ofertas de empleo falsas o son reclutadas directamente por intermediarios que les ofrecen un trabajo en campos mineros como cocineras, empleadas de tiendas, o meseras.
Una vez que las víctimas son trasladadas hasta los centros de explotación, sus documentos de identificación son confiscados.
Muchas mujeres son obligadas a proporcionar servicios sexuales a "clientes" en restaurantes, bares o campamentos mineros.
Es la historia de Graciela, que fue llevada con engaños desde Bolivia a Perú, perotambién es la historia de otras mujeres que pasan por el mismo martirio en Brasil, Colombia, Ecuador o Venezuela.
"Vi un anuncio en una plaza para ir a trabajar como empleada a Perú. Cuando llamé, me prometieron que me iban a pagar bien y que podría volver a Bolivia con mis ahorros para abrir una tienda o poner un negocio de comida", le cuenta Graciela a BBC Mundo.
Graciela relata cómo fueron los 17 meses que pasó en un cuarto con otras cuatro mujeres que eran obligadas a trabajar como "damas de compañía" en cantinas y a menudo debían mantener relaciones sexuales con algunos de los clientes.
"Nos quitaron los documentos y nos retenían el dinero, por eso no nos podíamos ir. Había hartas bolivianas y peruanas, también colombianas. A veces nos encontrábamos en la calle. Estábamos amenazadas", cuenta la mujer que ahora tiene 27 años y vive en La Paz.
Los tratantes lograron engañar a Graciela a mediados de 2011, cuando ella tenía 22 años. Con la promesa del trabajo, viajaron con ella en un bus desde La Paz hasta La Rinconada pasando por las ciudades peruanas de Puno y Juliaca.
"No imaginaba lo que me podía pasar hasta que llegamos a esa cantina donde nos alojábamos. Ahí nos quitaron los documentos y nos amedrentaron. Nos repetían que teníamos que obedecer porque para eso nos pagaban. Yo lloraba y pedía que llamen a mis tíos, pero nos quitaron el dinero", relata.
El establecimiento donde tenían recluída a la boliviana funcionaba como restaurante hasta la tarde y después se convertía en bar, club nocturno y prostíbulo.
Estimaciones de la Policía de Perú e instituciones de apoyo a la mujer señalan que existen entre 300 y 1.000 lugares similares en La Rinconada.
Mientras Graciela recibía de pago promedio menos de US$4 por día, un reporte reciente del diario El Comercio de Perú señala que personas vinculadas a la minería ilegal gastan cientos de dólares en estos lugares cada noche.
La subida del precio de los minerales en la última década, fundamentalmente del oro, disparó la actividad de extracción.
No sólo fomentó a la actividad estatal y privada, sino también multiplicó la informal y la ilegal.
Así fue como La Rinconada, por ejemplo, pasó de tener un par de empresas pequeñas a contar con más de 45.000 personas involucradas en el negocio de la minería.
El reporte "La realidad de la minería ilegal en países amazónicos" señala que 150.000 personas se dedican a este negocio ilegal en Perú, mientras otras estimaciones hablan de hasta 400.000 involucrados en la explotación ilegal de minerales.
"Si bien los impactos ambientales de la minería ilegal son los más conocidos, no son los únicos. También afecta a la salud humana, promueve delitos conexos como el lavado de activos, la trata de personas y la explotación sexual e infantil, entre otros", señala el informe editado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y que incluye investigaciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
El documento resalta que en estos países existen menores que trabajan en bares y prostíbulos.
"Las niñas participan en la atención a clientes de pequeños negocios, en algunos casos son explotadas sexualmente", dice el informe.
Wagner explicó que las minas donde hay actividad ilegal suelen estar situadas en zonas remotas, donde los gobiernos no tienen la capacidad de monitorear las condiciones y hacer cumplir las leyes.
"Cuando estas minas son controlados directamente por grupos delictivos o en zonas controladas por el crimen organizado, existe un riesgo elevado de tráfico de personas. En Colombia y Perú en particular, y en menor medida en otros países de la región. Nuestra investigación reveló numerosos casos de trata, explotación laboral, tráfico sexual y trabajo infantil", señala la investigadora.
Gandarillas, del CEDIB, calificó estos delitos como "actividades golondrina", porque se desarrollan eludiendo controles (que tampoco son frecuentes) debido a que las zonas mineras ilegales son territorios improvisados en los que prevalece la explotación de las personas con fines laborales y sexuales.
"En los lugares donde hay minería formal e informal, hay prostitución y probablemente trata y tráfico de personas, entre estas de mujeres menores de edad. Es un fenómeno internacional", señaló Gandarillas.
Graciela Pérez fue rescatada gracias a un operativo de la fiscalía de Puno en 2013 y devuelta a Bolivia.
Tuvo que recibir asistencia psicológica y acudir a familiares que la apoyaron hasta que encontró trabajo, pero para ella ese es un episodio del pasado.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó a BBC Mundo que el problema en La Rinconada persiste y son miles de bolivianas y peruanas las que son víctimas de explotación sexual, como también lo son mujeres de otros países de Sudamérica.
Es más, se han dado casos de mujeres que perdieron la vida en La Rinconada y nunca lograron escapar de la pesadilla de la que salió Graciela en 2013.
"Las cantinas están abiertas todo el día vendiendo cerveza muy cara y son las jóvenes las que atienden y hacen que el minero consuma bastante bebida hasta dejarlo sin dinero. La función de las chicas es hacer tomar a los mineros y dejarse tocar", señala uno de los testimonios que recogió la Defensoría boliviana en una visita a La Rinconada el año pasado.
Testimonios que también se pueden encontrar en en Brasil, Colombia, Ecuador o Venezuela.
El oro, que llegó a cotizaciones récord hace tres años, infló las economías de varios países sudamericanos, pero también dejó heridas terribles en sus sociedades.
En la cordillera peruana o en la selva colombiana es igual.
Los que pagan las consecuencias del frenesí de violencia, crimen y dinero fácil son los sectores más vulnerables.
Sectores como las mujeres y menores para las que la minería no es una oportunidad de mejorar, sino absolutamente todo lo contrario.
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* Nombres modificados para proteger la identidad de la víctima
