NÉSTOR SCIBONA
Dentro de exactamente 18 días Miguel Galuccio dejará de ser presidente y CEO de YPF, la principal compañía petrolera argentina que comandó durante cuatro años, desde su reestatización parcial en abril del 2012, cuando regresó al país para ser designado por la expresidenta Cristina Kirchner por recomendación de Sergio Urribarri, exgobernador peronista de Entre Ríos.
La continuidad o no de este ingeniero entrerriano próximo a cumplir 48 años, de modales amables aunque de decisiones firmes y que se había formado en YPF hasta que en 1999 emigró a Londres para desempeñarse como gerente de operaciones de la multinacional Schlumberger (servicios petroleros), fue incluso una de las incógnitas de la última campaña electoral. Si ganaba Daniel Scioli se descontaba su permanencia en el cargo. Pero esa posibilidad tampoco era descartada por Mauricio Macri, con quien se reunió varias veces. Al final, en la Casa Rosada se impuso la insistencia del ministro de Energía, Juan José Aranguren, en pedirle la renuncia, formalizada hace un mes sin demasiado ruido y que será aceptada en la asamblea de accionistas convocada para el 29 de abril.
Durante estos cuatro años, Galuccio logró que YPF priorizara las inversiones que permitieron incrementar en 16 % la producción de petróleo y en 29% la de gas natural, además de reponer levemente las reservas tras casi una década de declinación bajo el manejo de la española Repsol. También promovió el desarrollo de yacimientos no convencionales de hidrocarburos en Vaca Muerta y Chubut, a través de acuerdos estratégicos con las estadounidenses Chevron y Dow, la indonesia Petronas y la local Pampa Energía, así como la adquisición de Apache por 800 millones de dólares para explotar sus yacimientos de tight gas. Y fue el impulsor de la nueva Ley de Hidrocarburos que aseguró estabilidad fiscal (y de regalías) a las compañías que ya operaban en el país y extendieron los plazos de concesión de áreas con contratos próximos a vencer. Hasta que el derrumbe de los precios internacionales del crudo hizo perder impulso a nuevas inversiones y asociaciones, la última de las cuales se concretó con American Energy Partner este mismo año.
A favor de la gestión Galuccio jugaron hasta el 2014 los altos precios del crudo y también la recuperación real de los precios internos de los combustibles, que en realidad había comenzado mucho antes, en el 2008. Entonces, el gobierno kirchnerista ensayó la fallida fórmula de incorporar al Grupo Eskenazi (con domicilio fiscal en Australia) al capital accionario y el manejo de YPF, a cambio del pago con utilidades que se restaron de los planes de inversión. Nunca se aclaró qué tipo de relación con los Eskenazi llevó al matrimonio Kirchner a autorizar aquella operación sin aporte de capital y préstamos de Repsol, por más que el entonces titular de la petrolera española, Antoni Brufau, la justificara en la necesidad de "incorporar a especialistas en mercados regulados". Finalmente, ese sospechoso canje inconcluso de acciones y favores quedó englobado en los 5.000 millones de dólares en bonos que el Estado argentino debió abonar a Repsol en el 2014 como resarcimiento por la expropiación del 51% de YPF.
En cambio, los planes de Galuccio para YPF se complicaron imprevistamente por el ya mencionado desplome del precio internacional del petróleo, que obligó al gobierno de CFK a compensarlo con un valor sostén mucho más alto (el denominado "barril criollo"), extendido a todas las compañías y que se mantiene en la actualidad. El crudo a 40 dólares el barril cambió la ecuación de las inversiones en yacimientos no convencionales, así como del endeudamiento externo contraído por YPF para financiarlas; en buena medida, alentado por el gobierno de CFK para apuntalar las reservas del Banco Central.
Precisamente, la deuda de la compañía es uno de los cuestionamientos formulados por el gobierno de Macri a la gestión Galuccio, así como cierta permeabilidad a medidas intervencionistas del kirchnerismo. Como contrapartida, se le reconoce haber evitado el ingreso de La Cámpora al management de la petrolera, como sí ocurrió con Aerolíneas y otras empresas públicas. Otro premio consuelo para el titular saliente de YPF es que el nuevo directorio –renovado parcialmente tras el cambio de gobierno– respaldó hace un mes su decisión de apelar el fallo judicial que obliga a hacer público íntegramente el contrato con Chevron en Loma Campana. La razón es que esa difusión complicaría futuros acuerdos de YPF con inversores extranjeros al violar la confidencialidad, especialmente de datos (investigaciones sísmicas y técnicas), aprovechables por empresas competidoras. De todos modos, es un secreto a voces que el contrato incluye cláusulas que hubieran generado revuelo político, antes y también ahora. Entre ellas, que las inversiones de Chevron por 2.500 millones de dólares se concretaran a través de sociedades offshore (formadas en EE. UU. Bahamas y Uruguay) y que los eventuales litigios judiciales fueran resueltos por tribunales extranjeros (Nueva York y París).
La renuncia de Galuccio dará lugar a un desdoblamiento del manejo de YPF y a una situación inusual. Como presidente ya fue propuesto el actual director Miguel Ángel Gutiérrez (ex-CEO de Telefónica Argentina entre el 2002 y 2003), un especialista en finanzas con amplia trayectoria en JP Morgan, donde también se desempeñó el ministro Alfonso Prat Gay. En cambio, para cubrir la función de CEO (gerente general), Aranguren encomendó la búsqueda de un ejecutivo a nivel nacional e internacional a la compañía de head hunters Egon Zehnder. O sea, una forma de despolitizar el manejo operativo de la petrolera, cuyas acciones cotizan en Wall Street. Nadie en el sector cree que un ejecutivo extranjero vaya a ser finalmente elegido como CEO, ante la dificultad que supone interiorizarse rápidamente sobre la maraña de regulaciones aún vigentes. Pero esa posibilidad todavía está abierta.
Además, el gobierno acaba de postular a siete nuevos miembros para completar a fin de abril la renovación del directorio iniciada en diciembre y que incluyen a dos extitulares de YPF: Octavio Frigerio (exinterventor en 1990 y padre del actual ministro del Interior) y Roberto Monti (sucesor del trágicamente fallecido José Estenssoro entre 1997 y 1999), quien hace tres meses apoyó la continuidad de Galuccio. La nómina se completa con Norberto Bruno (actual ministro de Economía e Infraestructura de Neuquén, designado por el gobernador Omar Gutiérrez y con trayectoria anterior en YPF ); Armando Isasmendi (abogado de Salta, donde fue director de la empresa provincial Recursos Energéticos y Mineros); Luis Domenech (ex-CEO de Metrogas hasta el 2004 y de Comgas, la compañía brasileña de gas de San Pablo); Inés María Leopoldo (exdirectora de Telecom y de Telefónica, de Internet de La Nación SA y CEO de Terra Networks Argentina) y Daniel Kokogian (especialista en hidrocarburos con experiencia en upstream, exdirector y consejero técnico de Compañía General de Combustibles y titular de la consultora Oil & Gas New Milestone).
Puertas adentro de YPF se especula que, cuando se complete este elenco, Aranguren avanzará con más cambios en la política de hidrocarburos. Ya lo hizo al alinear los precios del gas natural en boca de pozo con los valores de importación, para impulsar una mayor producción. Otro paso sería fijar un plazo de vigencia de al menos un año para el precio sostén del petróleo ("barril criollo"), durante el cual las compañías deberían optimizar sus estructuras de costos mientras la cotización internacional del crudo se mantenga debajo de 50 dólares por barril.
