La crisis por la parálisis de la obra pública escaló hasta el máximo nivel. El presidente Mauricio Macri tiene cada vez más dificultades para que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, entienda la gravedad de la situación.
El ministro decidió pisar todos los pagos con la evidente intención de contribuir a la reducción de la emisión y al mismo tiempo generar un enfriamiento de la economía que ayude a controlar una inflación que se escapó mucho más de lo previsto y que promete marcar alrededor del 7 por ciento para abril.
En la volteada cayó la obra pública, un costado sensible para Macri. La situación es crítica para los grandes contratistas, nucleados en la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). El problema es que no cobran desde mediados del año pasado cuando Cristina Kirchner y Axel Kicillof congelaron todos los pagos.
"Mauricio sabía que Alfonso iba a ser inmanejable y por eso dudo mucho a la hora de nombrarlo, pero al final se la jugó porque quería tener un gabinete de lujo y ahora está pagando el costo", explicó a LPO un allegado al Presidente.
Los contratistas esperaban que con la llegada de Macri al Gobierno al menos se pagara para de la deuda pero nada de eso ocurrió, confirmaron a LPO fuentes de la Cámara. A cuatro meses de asumido Macri, el gobierno no pagó nada de la deuda y no lanzó nuevas obras.
Para disfrazar la situación crítica, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que tiene en su cartera la Secretaría de Obras Públicas, ya armó dos “comisiones” sucesivas, anticipadas por LPO. La última la presentó ayer junto al titular de la Uocra, Gerardo Martínez y el líder de Camarco, Juan Chediak. Se trata de una bicicleta armada para pedalear los pagos hasta que Prat Gay cierre con los holdouts y cumpla su promesa de empezar a liberar fondos.
El tema se charló en la cámara antes de la foto de ayer de Chediak con Frigerio. Allí los principales contratistas del país acordaron que era necesaria una gestión directa de Chediak ante Macri para que le plantee al Presidente con toda crudeza la crisis que vive el sector. "Tenes que ir sólo y hablar cara a cara, sin distracciones", le sugirieron.
El problema es que muchas firmas sostienen que en las actuales condiciones sólo pueden aguantar dos meses más. Prat Gay no sólo piso todos los pagos, sino que además tiene bloqueados proyectos de envergadura que ya vienen con financiación, porque dice que no quiere hacer ningún movimiento que le complique el cierre con los holdouts.
Se suma a esto que mientras tratan de aguantar, las empresas deben financiarse con tasas que arrancan en el 40 por ciento por la suba que dispuso el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. “Ya tenemos entre 45 mil y 50 mil despidos”, reconocen en la Cámara.
Nadie entiende porque Macri no permite que aunque sea la deuda se pague en bonos, como hizo el inicio de su gestión en la Ciudad con la deuda que heredó de Jorge Telerman. “La provincia ya empezó a pagar deuda a los contratistas con bonos, la Ciudad paga y en la Nación nada”, se lamentan los empresarios.
Los empresarios temen que aunque la negociación de Prat Gay con los holdouts termine con éxito, el cierre del financiamiento para la obra pública se demore más de lo que pueden aguantar. Sin embargo, uno de los constructores que se reunió con Macri trajo algún alivio: "El presidente está muy casando y se le nota, pero me dijo que entiende la situación y que va a empezar a liberar fondos, que ya no se puede seguir así". Se verá si logra imponerse a su ministro.
CLARÍN
JORGE VELÁZQUEZ
La discrecionalidad fue uno de los parámetros que caracterizó la concesión de obras públicas durante el kirchnerismo, tal como lo están revelando distintas investigaciones judiciales. Preocupado por mostrarse alejado de ese modelo de capitalismo de amigos, el nuevo gobierno apostó a un esquema de control multilateral: armó una comisión integrada por funcionarios, empresarios y sindicalistas, que se encargará de vigilar que las futuras obras se adjudiquen y se ejecuten en forma “ágil y transparente”.
La Comisión de Concertación y Coordinación Operativa de la Obra Pública y Vivienda Federal, quedó conformada ayer. Se reunió por primera vez en la sede del gremio de la Construcción. La encabeza el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio. Y la completan el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; y el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Chediak.
A lo largo de casi dos horas y ruedas de café, se abordaron varios temas clave, como el presupuesto para obras de este año, el rol de la construcción de viviendas y los costos empresarios a la luz de las fuertes subas de precios, según pudo reconstruir Clarín entre algunos de los participantes.
Frigerio detalló que cuenta con un presupuesto de $ 22.000 millones para este año. De ese total, $ 5.000 millones serán para ponerse al día con pagos atrasados de certificados. Y una cifra similar para cancelar obras en curso. El resto, más los recursos privados y de organismos multilaterales que se obtengan, irá a proyectos nuevos.
Al abordar el tema de los costos, la delegación empresaria presentó un cálculo basado en los precios fijados en el plan Procrear: el metro cuadrado de construcción que el Estado paga a razón de $ 11.500 debería costar alrededor de $ 14.000. Sobre esto, los funcionarios recordaron que se trabaja en un decreto de “redeterminación de precios” para ir actualizando los valores.
También hubo acuerdo en que la construcción de viviendas es la que genera mayor cantidad de puestos de trabajo, por encima de las obras viales y de energía. Por eso se decidió darle impulso inicial a la edificación de viviendas y hubo consenso.
En ese marco, los representantes gremiales precisaron que la construcción perdió 35.000 empleos desde enero pasado hasta la fecha. Estos se suman a otros 15.000 que se habían perdido entre octubre y diciembre de 2015. Así totalizan 50.000 puestos de trabajo menos en un semestre.
El tema de la denuncia del fiscal Marijuán, quien imputó por sospechas de lavado de dinero al ex presidente de la CAC Carlos Wagner, sobrevoló la reunión, aunque no hubo menciones directas. En ese marco, Frigerio citó la mitad de una frase de Juan Perón que, entre risas, algunos consideraron una alusión al tema: “Como dijo alguien, dentro de la ley todo ...”.
El ministro remarcó que hay una decisión política del presidente Mauricio Macri de acelerar los plazos de las obras públicas en “un marco de transparencia y agilidad de procedimientos”.
En una de las conversaciones alguien recordó que en los últimos años se había convertido en una práctica usual que el Estado realizara pagos a cuenta de algunas obras sin esperar la certificación. Ahora la decisión es regresar al mecanismo básico de pagar contra la certificación de obra.
“La situación es difícil. Hemos heredado una deuda enorme de la gestión anterior en términos de los certificados de obra, y nos ha costado ponernos al día, pero estamos iniciando una nueva etapa de inversión, de demanda de empleo. El empleo es lo único que puede ayudarnos a cumplir nuestro principal objetivo que es bajar la pobreza”, señaló Frigerio.
Por su parte, el subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, Ricardo Delgado, señaló que el objetivo buscado se conseguirá “no sólo con fondos públicos sino promoviendo la generación de inversiones privadas y de organismos multilaterales de crédito”.
Del encuentro, participaron también el secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín; el secretario de Vivienda y Hábitat, Domingo Amaya; el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Iván Kerr, además de asesores de la Cámara de la Construcción y de la UOCRA, que ofició de anfitrión.
A la espera de inversiones, y aún sin un mecanismo de reparto de fondos definido, el Gobierno escenificó ayer la reactivación de la obra pública a partir de la institucionalización de una comisión de monitoreo de los proyectos, cuyos integrantes serán el Estado, la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y la Uocra.
a radiografía del sector es hoy muy preocupante: se perdieron 35.000 empleos en lo que va del año, los proyectos que están en marcha lo hacen a un 50% de su capacidad y hay cientos de obras ejecutadas en la gestión kirchnerista que están paralizadas, sin certezas sobre su continuidad.
Coincidieron las tres patas de la comisión en que lo urgente es reactivar cuanto antes al sector y promover el empleo. Y trazaron una hoja de ruta con los primeros planes, que estarían vinculados a la construcción de viviendas y a obras de agua y saneamiento.
"Mientras el Gobierno se ordena y continúa con la revisión de algunas cosas [hay una auditoría en marcha], lo más inmediato sería ejecutar el presupuesto ya aprobado y tomar medidas para recuperar puestos de trabajo", dijo a LA NACION Juan Chediack, presidente de la CAC.
Desde la Uocra, hubo una mirada similar. "Si se ejecutaran los $ 20.000 millones presupuestados sólo para viviendas, podríamos recuperar los 50.000 puestos de trabajo que venimos perdiendo desde el año pasado. La situación es crítica, hay más dudas que certezas", dijo a LA NACION Gerardo Martínez.
El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, encabezó ayer la reunión con Chediack y Martínez, en la sede de la Uocra. "La situación es difícil. Hemos heredado una deuda enorme de la gestión anterior en términos de los certificados de obra, nos ha costado ponernos al día, pero estamos iniciando una nueva etapa de inversión, de demanda de empleo", señaló el funcionario en un comunicado.
En 2002 y en 2010 hubo una iniciativa similar, pero por diferentes motivos aquellas comisiones quedaron sin efecto con el paso del tiempo. Esta vez, se puso en marcha a partir de la resolución 102/16 y de su publicación en el Boletín Oficial. Los objetivos serán transparentar el reparto de fondos y de adjudicación de las obras y que los actores involucrados puedan proponer acciones que contribuyan a la reactivación del sector y afrontar las dificultades. En este primer paso funcionará puntualmente sobre los planes de vivienda y obra pública, pero en el mediano plazo se podría extender a otras áreas, como energía y transporte.
Tanto la CAC como el sindicato de la Uocra consideraron positivo el anuncio y esperan que a partir del mes próximo la actividad muestre síntomas de recuperación. Tal es la confianza que avanzaron en un bosquejo de la paritaria, que contemplaría un aumento salarial de 20% por seis meses.
La crisis del sector se explica por una combinación de factores coyunturales y técnicos. La inflación persistente y la devaluación por la salida del cepo dejaron desactualizados los montos previstos en las licitaciones y frenaron cientos de obras en ejecución. Pero también hubo una decisión oficial de paralizar proyectos de gran envergadura, como las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, en Santa Cruz, y la planta nuclear de Atucha II, en Zárate, entre otras obras provinciales.
El subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, Ricardo Delgado, reconoció que además de fondos públicos algunos de los proyectos serán costeados por "inversiones privadas y de organismos multilaterales de crédito".
El proceso de reunificación de la CGT dará hoy otro paso: los referentes de los tres sectores definirán el lugar del acto previsto para el 29 de este mes, para conmemorar el Día del Trabajador y protestar por la ola de despidos, la inflación y los alcances del impuesto a las ganancias. Al reclamo se sumarían las dos CTA.
Inicialmente, el acto se iba a realizar en el Monumento al Trabajo, en Colón e Independencia. Sin embargo, cambiarán hoy el lugar porque estiman que será "una movilización multitudinaria". Por eso, es probable que sea en la plaza del Congreso. El presidente Mauricio Macri recibiría mañana a la CGT para calmar los ánimos.
