Ricardo Olivera

En una nota anterior nos referimos estrictamente a los aspectos legales de la presencia en San Juan de una comisión híbrida designada por el juez sin jurisdicción Sebastián Casanello con la finalidad encubierta de intentar cerrar la mina en el Valle del Cura. Un juez de la Ciudad de Buenos Aires que en los últimos días recordó que tenía en sus manos causas graves de corrupción y lavado de dinero no tramitadas, incurre en invasión de jurisdicción y falta de competencia por ser un juez penal en una cuestión de ambiente. Vale la aclaración de que el juez de Jáchal Pablo Oritja, autor de una sentencia firme en el asunto del derrame de solución cianurada, es competente por tener a su cargo ambos fueros, civil y penal, por ser la suya una jurisdicción pequeña. La parte civil es la específica de medio ambiente. 

Recordemos también que Casanello tomó el tema como resultado de la práctica de lo que se llama ‘forum shopping‘, es decir, la búsqueda por parte de litigantes de una oficina que se calcula previamente les sería aliada. Esta práctica se vio mucho en aquellos numerosos juicios por dineros retenidos en el corralito y está en vías de ser regulada definitivamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha creado un registro al que deberán adherir las cortes provinciales justamente para que no tramiten mismos temas en distintos juzgados a riesgo de que pudiera haber sobre un mismo caso sentencias contradictorias. 

Pero esta vez evaluaremos el volumen del daño a provocarse en caso de que se cumpliera la intención de los querellantes de clausurar el yacimiento dejando a la calle a 3 mil empleados directos a muchos más indirectos, grandes recursos en el interior de los cerros y centenares de empresas en la quiebra. Veamos. La mina produce un promedio de unas 620 mil onzas por año. El precio actual de cada onza es de U$S 1.240 aproximadamente, lo cual haría una venta total por valor de unos U$S 770 millones de los que la provincia, luego de la reforma que se practicara a la ley de regalías, debe recibir directamente el 3%. Total: U$S 23 millones cien mil dólares que al tipo de cambio actual cercano a los $15, son $346,5 millones. Noten que la cifra se acerca curiosamente a 365 de manera que casi podría decirse que se perdería de recaudar $1 millón por día solo por este rubro. Para poner todo más cerca de nuestro entendimiento y siempre considerando los costos actuales, son 3 casas del IPV por día. 

Pero esta no es la parte más importante. A la fecha y según el último reporte trimestral oficial dado a conocer a los accionistas en febrero, el costo operativo por onza es de U$S912,94 es decir, eso es lo que se gasta localmente por unidad entre lo que es propiamente la explotación de la mina, el procesamiento del mineral y la producción del doré, las tareas de mantenimiento y todo el conjunto de actividades de administración.

Por ejemplo, lo que es propiamente mina incluye el consumo de gas oil y aceites, alquileres de maquinaria y equipos del tipo de los que se utilizan en la obra vial, contratistas para mantenimiento mecánico, compra de explosivos, de repuestos, y una elevada utilización de camiones en el transporte de los insumos hacia el yacimiento. El procesamiento del mineral comprende la trituración con un elevado consumo de materiales, repuestos y combustible para la generación de energía eléctrica y la necesidad de adicionar cal y también cañerías, válvulas y repuestos.

Hay además gastos generales en prevención de riesgos, en respuesta a la emergencia, en el mantenimiento del camino de acceso, manejo de residuos y monitoreo ambiental. Finalmente las tareas de administración del campamento, el transporte del personal y la administración general de la operación desde las oficinas de San Juan. 

Si multiplicamos la cifra del costo unitario de producción, U$S 912,94 por la producción anual de 620 mil onzas, nos da la cifra de U$S 566 millones y monedas que es lo que efectivamente la mina gasta, fuera de impuestos, por año. Volvamos a aplicar la tasa de cambio de $15 por dólar y llegaremos al asombroso destino de $8.490 millones y monedas que es la cifra final de riqueza que ese yacimiento deja en su operación local.

Ahora bien, el presupuesto aprobado para el ejercicio de este año en el Estado provincial es de $24.594 millones por lo que la operación de Veladero representa el 34,52% de ese total, es decir, más de la tercera parte del gasto en el funcionamiento e inversiones del Estado. Pero vamos a algo más asombroso. El total de los recursos de que se valen los 19 municipios según también el presupuesto 2016 son $1.840 millones. Si relacionamos de vuelta la cifra que deja la mina con el gasto anual de los 19 distritos el resultado golpea:

Cerrar la mina equivaldría a cerrar los 19 municipios durante cuatro años y medio. Si vamos a la seguridad que tiene un gasto previsto de $1.533 millones sería como cerrar todas las comisarías durante 5 años. Si nos concentramos en vivienda, con 1.470 millones de presupuesto anual, habría que dejar de construir durante casi seis años o, finalmente, cerrar por una temporada completa todas las escuelas (7.402 millones) y dos años los hospitales (3.575 millones). Mucho para satisfacer el ego y la vanidad de algunos.

SEBASTIÁN SAHARREA

En la misma semana, protagonizó la resonante detención del empresario K y pone en jaque a la mina sanjuanina con medidas muy llamativas. De payanita para la tribuna porteña.

Capturas de un video con una sátira de Casanello que exhibió el programa de Jorge Lanata, Periodismo para Todos.

Es como preguntarle por el cierre de la cancha de River al Rafa Di Zeo. Si bien muy gruesa, la analogía sirve para comprender mejor el alcance de la medida que tomó juez federal Sebastián Casanello con la mina sanjuanina Veladero de convocar a un declarado antiminero para que lo asesore sobre un eventual cierre. Y que pone al desnudo sus intenciones.

Casanello viene siendo recurrentemente uno de los blancos preferidos de Jorge Lanata, dilecto alfil anti K de los últimos años. Desde la radio y su programa PPT, Lanata lo estigmatizó como "la tortuga”, bajo la presunción de que el magistrado cajoneaba las causas de corrupción contra el gobierno de CFK que le caían en su despacho.

Con el cambio de gobierno, Casanello se deshizo de ese estigma en un único y rápido movimiento y con la destreza que tienen los magistrados avezados en el oportunismo de leer los tiempos. Mandó a detener a Lázaro Báez al aeródromo de Don Torcuato, cuando el empresario K viajaba especialmente para dirigirse a declarar en su despacho. Le puso las esposas ante las cámaras y lo hizo viajar bajo detención hasta sentarlo delante suyo. Dejó de ser tortuga y se adaptó al paladar del momento de una sola finta.

A la misma hora y en el mismo despacho de Comodoro Py, sus secretarios cocinaban una resolución que también tiene el mismo rumbo: hacerse amigo del discurso predominante, en especial en Buenos Aires que es donde prestan atención los integrantes del Concejo de la Magistratura que lo tienen en jaque por las denuncias en su contra presentadas justamente en los tiempos en que era cliente preferencial de las cargadas de Lanata. Con copia adjuntada a la Corte Suprema, donde su jefe máximo Lorenzetti destila compromiso ambiental desde su cuna rafaelina, provincia de Santa Fe.

Con fecha 1 de abril, ordenó incorporar a un reconocido antiminero global como el hidrogeológico Robert Morán a la comisión que él mismo constituyó para recibir asesoramiento sobre el pedido de la querella en la causa que Casanello –ex tortuga- instruye con la velocidad de un rayo. Adivina, adivinador: ¿Qué dirá Morán, de públicas posturas en contra de la minería a cielo abierto, sobre la producción en Veladero, que es una mina a cielo abierto?

Hubo dos decisiones de Casanello que llamaron mucho la atención. La primera fue el hecho de haber designado a integrantes de la Asamblea Jáchal no se toca como integrantes de la comisión que lo asesorará para decidir el cierre temporal de la mina. Es que ese pedido fue realizado por los querellantes en la causa, es decir la propia asamblea a la que Casanello aceptó en esa condición. O sea que al aceptarlos como querellantes, el juez concede que la asamblea tiene un interés particular en la causa, por lo tanto no se explica cómo también los incluye en el equipo de árbitros.

Empeoró la situación con el exhorto de Casanello del 1 de abril, en la que se supo que uno de los designados fue justamente Robert Morán, especialista estadounidense de la Universidad de Texas y fuerte activista ambientalista relacionado con Greenpeace. Entidad global para la que redactó varios informes, uno de ellos particularmente cuestionador de la minería a cielo abierto. Resultado cantado, tratándose de un especialista con una opinión ya conocida sobre el asunto, que se le pregunte por lo mismo sobre lo que viene militando desde hace años.

Encima, el aterrizaje se produce en condiciones también para el asombro. Primero, porque su llegada también fue propuesta por la asamblea jachallera y aceptada por Casanello, por lo que le cabe la misma objeción de neutralidad que en el caso anterior. Segundo, porque lo hizo de una manera nada relacionada con su anterior apodo de tortuga: inspirado por la urgencia de aprovechar su permanencia en el país entre el 6 y el 11 de abril. Tercero, porque ordena su ingreso a la mina junto a dos acompañantes, a quienes no identifica ni detalla su actividad o condición, por lo que se abre la imaginación para calcular qué harán esos "acompañantes”.

En trazos gruesos, lo que le requiere Casanello a la comisión que conformó es que se expida sobre cómo funciona todo el proceso interno de la mina. En un documento que luego tomará en cuenta para determinar si cierra o no el proyecto. Que detalle el proceso, que indique posibles fallas, que verifique los trabajos que se hicieron luego del derrame, verifique la capacidad de los operarios, etc.

Y un punto final, de resultado inquietante para cualquier actividad industrial.  Que "proponga para el caso de considerar que los procedimientos no logran neutralizar de modo absoluto los riesgos asociados a la actividad, cuáles serían los adecuados para que ello ocurra”. No es demasiado aventurado presagiar qué opinará al respecto una persona como Morán –o cualquier militante antiminero como los también designados en la asamblea- que ya tiene hace tiempo una postura tomada sobre la minería a cielo abierto. En derecho liso y llano, podría impugnarse por haber ya emitido juicio previo, si es como este caso que le piden opinión sobre una mina a cielo abierto y ya escribió infinitos informes en su contra. En criollo, ninguna industria o hasta actividad agrícola puede arrojar certeza absoluta a priori de que no haya riesgos de accidentes.

Tendrá entonces Casanello finalmente el soporte técnico que necesita si lo que quiere es cerrar la mina, como solicitaron quienes también conforman la comisión asesora del juez. Y parece, a juzgar por los pasos que está dando, que es lo que quiere. Sin emplear para nada los tiempos dilatados de su apodo de tortuga en tiempos de Lanata: se expedirá en los próximos 20 días luego de que la comisión se expida.

Parece resuelto. En el mismo exhorto en que designó a Morán agregó una orden de allanamiento eventual para el caso en que la empresa resista el ingreso de Moran y sus acompañantes. Tiene previsto que será una medida complicada, que despertará reacciones, que hasta ahora no pasan de la voz engolada de un sector minero que sigue encerrado en su propio juego.

Sonará lindo en la Capital Federal, en los alrededores de su despacho: El juez que cerró una mina a cielo abierto, podrá sostener en un título o una marquesina. Total en San Juan a quién le importa.

La frases firmadas por Morán en el informe de Greenpeace:

-"Los métodos a cielo abierto son los más económicos y rápidos para extraer los minerales. Sin embargo, esta metodología es a menudo la más contaminante, dado que también genera enormes cantidades de desechos de roca y polvo, y contamina grandes cantidades de agua, teniendo consecuencias perjudiciales para el medio ambiente”.

-"Nótese que los residuos de la minería a cielo abierto y su procesamiento (predominantemente desechos de roca y colas) permanecerán en el sitio PARA SIEMPRE, no simplemente de 50 a 100 años, sino PARA SIEMPRE”.