Como indicaban las encuestas, y por un amplio margen, Keiko Fujimori peleará nuevamente la presidencia de la Republica en una segunda vuelta, esta vez frente a Pedro Pablo Kuczynski, quien ganó en una reñida pelea con la líder de izquierda Verónica Mendoza. El 5 de junio conoceremos quien ocupará el sillón presidencial a partir del 28 de julio.
Esta campaña ha estado teñida de un tinte populista en casi todos los candidatos. La minería ha sido vapuleada, siendo Conga y Tía María los comodines para captar votos.
Pese a que Keiko Fujimori se ha mostrado cercana a la minería informal y ha prometido enfocarse en el agua y agricultura, dejando al pueblo la decisión del desarrollo de grandes proyectos, su Plan de Gobierno contempla varias medidas para impulsar el sector.
Para Fuerza Popular es “urgente contar con más minas en producción para compensar la baja de precios que puede mantenerse en el mercado mundial por un periodo indefinido”, teniendo en cuenta que la minería es el motor de la economía peruana y que, según los estadistas se preveía una inversión minera en el quinquenio 2015-2020 de US$ 62.0000 millones, que se ha visto reducida a US$ 29.000 millones.
Para el partido naranja, los conflictos mineros pueden evitarse garantizando el cumplimiento efectivo e independiente de la normativa ambiental, particularmente la relacionada con los análisis de impacto. Ambiente y agua para la agricultura como principal herramienta contra los conflictos.
Como se recuerda, en uno de sus mítines, Keiko Fujimori advirtió que, en el caso Tía María, la minera Southern Perú “mintió a la población”. Por eso, promete un Estado presente que promueva el diálogo entre la empresa y la comunidad. Su plan redunda en el tema ambiental sin dar muchos detalles de cómo hará para frenar los conflictos o destrabar los grandes proyectos que están en stand by.
En cuanto a las propuestas para incentivar las inversiones mineras, Fujimori promete “acompañar la cristalización de proyectos mineros 2015-2021 (exploración y explotación) que cumplan con los objetivos económicos, ambientales, y sociales”. Aunque no menciona ninguna medida concreta, como por ejemplo agilizar los permisos, acortar plazos, etc.
Tanto el MEM como el MINAM se verían reestructurados, siempre enfocados en optimizar los procesos de evaluación técnica, ambiental-social y de permisos.
“Reconocemos que cada proyecto minero, grande o mediano, tiene una realidad particular, y está insertado en ambientes físicos, humanos y culturales diferentes. Fuerza Popular dará un trato personalizado a cada proyecto, haciendo que el Estado sea un aliado en la mejora de las comunidades aledañas, así como supervisando a las empresas en su respeto al medio ambiente y a las comunidades de acuerdo a sus instrumentos de gestión aprobados por la autoridad competente”, reza el plan de Fuerza Popular.
MINERÍA INFORMAL E ILEGAL
Respecto a la minería informal e ilegal, plantean reformular la legislación incluyendo una diferenciación por las zonas de operación y continuará con el proceso de formalización minera, iniciada por el Gobierno de Ollanta Humala, pero bajo la nueva normativa.
El Perú ha sido golpeado por la desaceleración de economías vinculadas a la de China, la caída de precios de minerales del petróleo y por el inminente aumento de tasas de interés en EE.UU. Todo esto ha afectado las exportaciones del Perú, que se han reducido de US$42.000 millones en 2013 a US$33.0000 millones en 2015, lo que se ha traducido en un crecimiento menor a lo esperado y en la reducción de la confianza de los inversionistas.
Ante este escenario, el Plan de Gobierno de Peruanos por el Kambio (PPK), plantea en primer lugar diversificar la canasta exportable. Respecto a la minería, además de mejorar los controles ambientales, promete simplificar la tramitología que hoy en día una minera necesita para comenzar a operar más de 200 permisos.
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE) y la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), en la actualidad se encuentra interrumpida la ejecución de US$20.010 millones de inversión en proyectos mineros y US$3.870 millones de inversión en infraestructura, lo que representa alrededor del 12% del PBI.
“Nuestro compromiso con las comunidades rurales y con el medio ambiente es incuestionable, pero pensamos que gran parte de los retrasos se deben al exceso de tramitología y a la falta de beneficios tangibles para las regiones y sus comunidades”.
En base a esto, PPK propone en sus primeros 100 días de gobierno, adelanto social: obras que beneficien a las comunidades en donde se realizará el proyecto minero. La eliminación de gran parte del exceso de tramitología, dejando solo aquellos trámites que sean esenciales para la conclusión de los proyectos, revisar la Ley General del Canon11, de tal forma que beneficie a las comunidades aledañas a los proyectos, y un nuevo programa de reconversión productiva de las empresas que se vean afectadas por los proyectos mineros, ya sea por el mayor costo de la mano de obra o por efectos secundarios de la explotación minera.
MINERÍA INFORMAL E ILEGAL
Respecto a la minería ilegal, el plan de PPK será atacar el problema no con violencia sino con apoyo a los pequeños mineros que se formalicen a través de un nuevo Banco de Fomento Minero, de capital público y privado, el cual adquirirá los productos de los mineros que cumplan con reglas básicas de protección del ambiente y de contabilidad tributaria.
Entre sus propuestas, implementará el programa Oro Limpio, para emprender un proceso inclusivo de la actividad de la minería pequeña y artesanal, con el fin de superar las trabas para su formalización.
