Los movimientos contra las inversiones relacionadas con los combustibles fósiles no dejan de crecer en Europa. Cada vez se presiona más a los grandes fondos o inversores institucionales para que detallen sus inversiones que implican riesgo de carbono, es decir, que potencian el desarrollo de energías no renovables o se traducen en fuertes emisiones de C02.
La presión sobre este tipo de apuestas financieras, que busca potenciar las energías renovables en el marco del compromiso 20/20/20, puede privar a los combustibles fósiles de millones de euros en inversión.
Así, en la batalla a favor de las energías renovables, la Unión Europea ha dado un paso más al anunciar que estudia penalizar las inversiones en carbón, petróleo o gas natural.
En concreto, Alexis Dutertre, representante permanente adjunto de Francia en Bruselas, ha asegurado que el "riesgo climático se debe integrar más en las carteras de inversión" de los grandes fondos, por lo que la Unión Europea (EU) está analizando la puesta en marcha de una serie de incentivos que permitan o potencien la inversión directa en tecnologías de bajas emisiones en detrimento de aquellas que están relacionadas con el carbón o el petróleo.
"Los 28 ministros europeos de medio ambiente están discutiendo un cambio en los impuestos para promover la energía limpia. Esperamos que estas negociaciones concluyan rápidamente", explicó Dutertre en unas declaraciones recogidas por la web EurActiv.fr.
En concreto, podría establecerse un sistema de "bonificaciones y penalizaciones" para las inversiones en energía fósil y renovable. También se han propuesto otras ideas, como elevar las reservas de capital obligatorias que se exigen de los inversores en los combustibles fósiles.
Ante la COP 21, celebrada en diciembre del año pasado en París, Francia ya había tomado una serie de iniciativas para promover una financiación más verde. En julio de 2015 se convirtió en el primer país en requerir a los inversores institucionales que dieran cuenta sobre el impacto en el clima de sus política de inversión.
En Suecia se lanzó una iniciativa similar donde los fondos de pensiones y otros inversores institucionales tienen que hacer informes sobre las emisiones de CO2 relacionadas con sus inversiones.
Este tipo de medidas forma parte de una movilización global liderada por organizaciones ciudadanas que buscan promover la inversión en proyectos renovables y penalizar aquellas relacionadas con los combustibles fósiles. Por ejemplo, se ha creado una web (gofossilfree.org) que se dedica a promover la desinversión en proyectos relacionados con el CO2 y a destacar las iniciativas que promueven la apuesta por los proyectos limpios como las Universidades que han cancelado las becas de investigación que trabajaban en los combustibles fósiles.
En esta línea, varios juristas señalan la posibilidad de penalizar a los gestores de los fondos, además de empresas o gobiernos que ignoren los riesgos del cambio climático. En este punto, Holanda ya fue condenada por el Tribunal de La Haya para que elevara sus compromisos de reducción de emisión de gases invernadero para 2020, que fue considerada insuficiente por la Fundación Urgenda.
