El proyecto de ley que modifica el sistema de transmisión, y que es considerada una iniciativa clave por el gobierno, podría tener costos relevantes para los clientes del sistema, tanto libres como regulados.
El proyecto establece el sistema de “estampillado” para el costo de transmisión, que comenzará a operar en 2019, y establece el traspaso del 100% del costo de la expansión de los sistemas troncales a los clientes finales. Hoy, ese pago es un 80% asumido por las generadoras, porcentaje que en la práctica éstas incluyen en la tarifa que le cobran a los clientes libres y regulados, entre ellos los residenciales, por lo que en el gobierno estiman que se estaría transparentando una situación de hecho en el mercado.
En la industria comentan que un estudio realizado por académicos de la PUC para la Comisión Nacional de Energía (CNE) cifró el impacto de este costo en unos
US$ 33 millones anuales sólo para los clientes libres del SING, que principalmente son mineras, mientras que una empresa más bien mediana en la zona central podría ver encarecida su factura eléctrica en al menos US$ 1 millón por año.
Por su parte, otras fuentes cifran en US$ 60 millones el ahorro que al año tendrían las generadoras por este nuevo esquema tarifario.
Un experto señala que la normativa que ya fue aprobada en la Cámara y está en el Senado introduce dos cambios relevantes al sistema, que deben ser vigilados para determinar su real impacto. Primero, la eliminación de la “señal de precio” que daba a los generadores el costo de transmisión, lo que determinaba las tasas de retorno de los proyectos de generación y su viabilidad dependiendo de su localización, y también la introducción de mayor competencia, ya que al eliminar el pago de peajes, los retornos para los nuevos entrantes serían mayores.
“El sistema que se propone es más simple, pero genera distorsiones, entre ellas la posibilidad de una duplicidad en el cobro para los clientes libres”, señalan las fuentes.
Según estimaciones del gobierno, el cambio en el mecanismo de cobro podría traer bajas de hasta US$ 5 por MWh en las ofertas que las generadoras presenten a la próxima licitación de suministro, que será en julio. De ahí el interés de la autoridad de tener la norma aprobada lo antes posible y su estimación es que ello suceda a más tardar a principios de junio.
La intención del gobierno podría verse dificultada ante los cuestionamientos que han surgido a la iniciativa, y la posibilidad de que vuelva a ser revisada por la Cámara de Diputados (ver nota relacionada). La normativa, que regirá para los nuevos contratos, también establece un régimen especial para aquellos que están vigentes, los que deberán adecuarse en la medida que vayan venciendo y sean renovados. En estos casos, generadoras y clientes libres deberán negociar sus términos.
Fuertes críticas realizó el pleno de la Corte Suprema al proyecto de ley de transmisión, que se encuentra ya en su segundo trámite parlamentario.
El máximo tribunal, que por ley debe emitir su opinión respecto de las iniciativas que afecten a alguna institución bajo su potestad, calificó negativamente la iniciativa, señalando que se mantenía "la opinión invariablemente desfavorable sobre la creación y mantención de este tipo de organismos que ejercen supuestamente una función meramente técnica de resolución de discrepancias (...) pero que ejercen una función jurisdiccional". Lo anterior en relación a las modificaciones que se intenta realizar al Panel de Expertos, órgano que dirime los conflictos en el sector eléctrico, las que a juicio de la instancia debían ser materia de ley y no de reglamento, como lo plantea el proyecto de ley.
Asimismo, insistió en su posición de que el panel no es un tribunal y abrió la discusión sobre la posibilidad de recurrir sus sentencias. Hoy sus fallos son inapelables. Asimismo, la Suprema señala que respecto de la creación de coordinador del sistema eléctrico nacional, que reemplazará a los actuales CDECs, y los alcances de sus atribuciones, debían ser definidas por ley y no por Decreto. Alejando Vergara, académico y socio de Vergara y Cía, dijo que la aprobación en la Cámara de Diputados tuvo vicios de inconstitucionalidad, principalmente por los Quórum de votación de los artículos relativos al panel, los que a su juicio deberán revisados nuevamente.
La batalla que durante 2015 enfrentó en la Cámara de Diputados dos visiones sobre el futuro energético de Chile seguirá latente este año en la Comisión de Hacienda de esa corporación y, posteriormente, en el Senado. El debate ha sido la oportunidad para el cara a cara entre la postura del ministro de Energía Máximo Pacheco, que promueve esencialmente tecnologías convencionales como los grandes embalses para generación eléctrica, y de una ciudadanía que apuesta por un cambio de rumbo en la matriz energética a partir de las energías renovables no convencionales (ERNC).
Fue el 11 de diciembre de 2015 cuando la Comisión de Minería y Energía de la Cámara despachó a sus pares de la Comisión de Hacienda el proyecto de ley que “establece nuevos sistemas de transmisión de energía eléctrica y crea un organismo coordinador independiente del sistema eléctrico nacional”, el cual dentro de sus múltiples articulados establece la definición de “polos de desarrollo”. Es esta una de las iniciativas estrella de Pacheco.
Algunos de sus contenidos son positivos, como la creación de un organismo coordinador independiente para el despacho de energía eléctrica. Hoy está controlado por los propios actores del sector. Pero también hay aspectos que preocupan a la sociedad civil. El principal es la reforma al sistema de transmisión, cuyo centro es facilitar y blindar las inversiones privadas en el área, con todos los atributos y procedimientos de las iniciativas estatales de interés público y por sobre los derechos de las comunidades territoriales.
La iniciativa propone que el Estado establezca franjas fiscales que, posteriormente, entregaría al inversionista privado. Así se concedería de facto estatus de concesionarias a empresas y consultoras por el solo ministerio de la ley y, a través de una decisión centralizada del ministerio de Energía, constituiría “polos de desarrollo” para la explotación de recursos energéticos en terrenos privados, incluidos los de comunidades campesinas e indígenas, y sin considerar de manera efectiva y vinculante las prioridades regionales.
En el proyecto original los polos de desarrollo eran definidos como “aquellas zonas geográficas territorialmente identificables en el país, donde existen recursos o condiciones de alto potencial para la producción o consumo de energía eléctrica, cuyo aprovechamiento, utilizando un único sistema de transmisión, resulta de interés público y es eficiente económicamente”. Esto habría facilitado la imposición de trazados de transmisión hacia zonas calificadas de esta manera, para lo cual la autoridad solo tendría que invocar el interés público. Sin embargo, dichas franjas y trazados posteriormente se traspasarían -a perpetuidad- a un privado, quien invertiría en infraestructura y obtendría utilidades, cerrando definitivamente la puerta a que el Estado participe en la propiedad y control de la infraestructura de transmisión.
Para algunos parlamentarios de la Comisión de Minería, como los diputados Lautaro Carmona (PC), Daniella Cicardini (PS) y Luis Lemus (PS), esa figura podría haber sido la puerta de entrada a la legalización de las llamadas “zonas de sacrificio”, que son territorios donde se concentra un tipo de generación energética, en muchos casos destruyendo ecosistemas y su biodiversidad, y vulnerando los derechos a la salud y al desarrollo de las comunidades locales.
Ante esto, los legisladores lograron modificar y aprobar condiciones para que los polos de desarrollo deban contemplar “al menos en un 70% de energías renovables no convencionales, cuyo aprovechamiento utilizando un único sistema de transmisión, resulta de interés público, es eficiente económicamente, y es coherente con la conservación del patrimonio ambiental y la preservación de la naturaleza”. Además, condicionaron los polos a que sean sometidos a evaluación ambiental estratégica con el objeto de considerar la participación ciudadana y respetar las prioridades del ordenamiento territorial regional.
Los parlamentarios aprobaron también que los trazados y las nuevas infraestructuras de transmisión, en el caso que utilicen una franja de interés público impuesta por el Estado, vuelvan a ser propiedad fiscal una vez que la inversión haya sido amortizada.
Son estos tres conceptos -primacía de las ERNC, evaluación ambiental estratégica y retorno al patrimonio fiscal de la infraestructura de transmisión en franjas de interés público- algunos de los puntos clave de la discusión que se iniciará ahora en la Comisión de Hacienda. Integran esta el diputado Pepe Auth (PPD), en calidad de presidente, junto a Sergio Aguiló (Ind), Felipe de Mussy(UDI), Enrique Jaramillo (PPD), Pablo Lorenzini (DC), Javier Macaya (UDI), Patricio Melero(UDI), Manuel Monsalve (PS), José Miguel Ortiz (DC), Ricardo Rincón (DC), Alejandro Santana(RN), Marcelo Schilling (PS) y Ernesto Silva (UDI). Una vez que el proyecto sea visto en esta comisión y, posteriormente, votado por el pleno de la Cámara Baja, continuará su tramitación en el Senado.
“El concepto de polos de desarrollos no restringido a energías renovables no convencionales demostraba una visión extractivista y centralista, que insistía en tecnologías obsoletas, incluidos los grandes embalses en el sur y sur austral” explica Sara Larraín, de Chile Sustentable.
Para la dirigente, Chile tiene la oportunidad de avanzar en una matriz de ERNC, distribuida y no concentrada, que propenda hacia la soberanía energética y el desarrollo económico local, y no para asegurar el negocio de las grandes empresas eléctricas.
Sus palabras apuntan a la insistencia de Máximo Pacheco en que la hidroelectricidad se constituya en la principal tecnología de generación, incluyendo embalses como sistemas de respaldo por su capacidad de regulación. Para lograr este objetivo, se debería necesariamente intervenir los grandes ríos de la Patagonia, particularmente en Palena y Aysén.
Este énfasis en la hidroelectricidad y los grandes embalses no se condice con la información que maneja el propio gobierno. En el estudio “Energía 2050: Encuestas Deliberativas”, realizado en septiembre de 2015 por Feedback y Deuman en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Concepción, por mandato del Ministerio de Energía, uno de los principales planteamientos de la ciudadanía fue que “las comunidades deben tener un rol activo en la producción energética” (un 77% entre quienes se sienten “representados” y “muy representados” por la frase).
A esto se agrega el amplio rechazo a “la construcción de centrales para la generación de energía” en la propia región (por sobre el 40%), sumado a que “los proyectos de generación de energía deben realizarse solo si la mayoría de las personas los apoya”, bordeando el 85%. Para muchos, los grandes embalses no cumplen con estas características. Algo muy distinto de lo que ocurre con las ERNC, incluidas las centrales hidroeléctricas pequeñas.
Incluso aunque Pacheco apunta a la hidroelectricidad, particularmente de embalse, esta es la que cuenta con el menor apoyo dentro de las distintas tecnologías. Se prefiere principalmente un “mayor uso de recursos tales como sol, viento y mar” (un 65% en primera mención) y en mucha menor medida (cuarto lugar y con un magro 7% en primera mención) un “mayor uso de los recursos hidroeléctricos”.
La definición previa del Ministerio de Energía sobre el uso de los ríos del sur sería, además, incongruente con el proceso de generación de la Política Energética Regional que se lleva adelante en Aysén.
En diversos talleres realizados en la zona, los ayseninos apuntaron a energía limpia, equitativa y asequible, enfocada “hacia actividades sustentables como turismo rural, local y a pequeña escala, horticultura, ganadería y producción forestal con incentivos para la producción de madera local, eficiencia energética con campañas de educación”.
Sobre generación, prefieren hidroelectricidad de pasada, mini hidro, diversificación de la matriz y explorar potenciales locales, con proyectos a pequeña escala, generación distribuida, con energías renovables no convencionales y de administración comunitaria, acercando la generación a los centros de consumo para ahorrar en distribución.
Es así que para algunos promover que la ciudadanía decida participativamente su futura política energética es incongruente con condenar desde ya a la Patagonia a ser la Gran Pila de Chile. Una señal que fortalecería esta incoherencia es la convocatoria al Comité de Ministros para resolver, el 18 de enero, sobre el proyecto Río Cuervo de Energía Austral en las cercanías de Puerto Aysén. Un embalse de 13 mil hectáreas que haría desaparecer bajo sus aguas los prístinos lagos Meullín y Yulton, este último “probablemente el más grande que queda en Chile sin salmónidos introducidos”. En una comuna cuyo Plan de Desarrollo Comunal ha definido al turismo como su principal énfasis.
De esta forma, lo que propone el Ejecutivo a través del Ministerio de Energía iría en contra de lo que está exigiendo el país y, particularmente, la propia zona austral.
Serán estos algunos de los elementos que deberán considerar los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en el debate que se viene.
