Carlos Pagni

Entre los innumerables pactos de complicidad que se están disolviendo hoy en los sótanos de la política, hay uno principal: el que negoció el gobierno de Cristina Kirchner con los jueces federales de la Capital en marzo de 2015, con el propósito de poner a salvo la candidatura de Daniel Scioli del vendaval de denuncias contra el oficialismo. Esa ruptura está determinada por la liquidación de otros acuerdos.

El rudimentario imperio empresarial que construyeron la ex presidenta y su esposo comenzó a desmoronarse por la acción corrosiva de mejicaneadas, traiciones y pases de facturas. La onda expansiva del derrumbe nace entre funcionarios y testaferros y se expande hasta el empresariado. Todavía no se puede calibrar hasta dónde llegará.

La trama judicial se organiza alrededor de deslealtades. Lázaro Báez ayer se negó a declarar ante el juez Sebastián Casanello. La excusa es que el expediente está bajo secreto de sumario. Pero Báez calla, a la espera de lo que diga Leonardo Fariña. Este excéntrico financista es el dueño de todos sus secretos. Fariña entró en contacto con Báez como vendedor de una empresa de camiones. Al poco tiempo se convirtió en el responsable de administrar las montañas de dinero que circulaban por Austral Construcciones. En esa condición Fariña conoció a Néstor Kirchner. Y se encargó de operaciones ambiciosas del poder. Por ejemplo, se presentó ante directivos de Telecom Italia para comprar su participación en Telecom Argentina, alegando representar un fondo denominado Genevieve. Explicó: "Yo soy Báez y Báez es Néstor Kirchner". Esos ejecutivos ya habían sido advertidos por Julio De Vido de que recibirían la visita.

Con Kirchner murió también un orden. El dinero ya no se guardaría más en bóvedas en las que los billetes se estropeaban por el moho. Federico Elaskar sacaría los fondos del país. Y Fariña, ya en brazos de Karina Jelinek, comenzaría a gastar mucho más que de costumbre. Los derroches se explicaban por entonces en que "Leo" estaba dilapidando un fideicomiso heredado en su calidad de hijo natural de Kirchner. Leyenda urbana. Estaba fumándoselo a Báez. Y eso originó una guerra, en la que Fariña se defendió apelando a la extorsión. Ese método lo llevó tras las rejas por evasión impositiva. La causa se dirime en un tribunal oral de La Plata, en el que es muy gravitante el ex secretario de Justicia Julián Álvarez, de La Cámpora, la organización de Máximo Kirchner, el hijo de Néstor, el amigo de Báez. Es inusual que haya presos por no pagar impuestos. Por eso muchos penalistas consideran que Fariña perdió la libertad para que no hable. Justicia Legítima.

Con Fariña tras las rejas, para Báez no terminaron los problemas. Amigos del constructor aseguran que alguien alertó a Cristina Kirchner acerca de que estaba fugando mucha plata del país. Ella lo interrogó, a solas. Él se lo negó. Pero advirtió a sus colaboradores que los estaban vigilando. Meses más tarde, alguien enojado con Báez informó a la ex presidenta que el amigo de su esposo, para muchos su testaferro, la estaba traicionando. Para certificarlo, le mencionó aquel interrogatorio, que al parecer sólo ella y Báez conocían.

El dueño de Austral Construcciones cayó en desgracia. Su peripecia recuerda a la de los Eskenazi: en el mundo petrolero aseguran que también fueron arrojados del palacio por adueñarse de activos mal documentados de los Kirchner. La traición de Báez explica la maldición de Alicia Kirchner y Ricardo Echegaray: "Va a terminar preso". Hablaron en nombre de Máximo.

Fariña debe declarar ante Casanello. La atribulada cabeza de Báez se llena de preguntas. ¿Revelará Fariña su costumbre de ponerles nombres de galaxias a las cuentas en bancos suizos? ¿Se acordará de que la más abultada se llamaba Andrómeda? ¿Conservará los tres celulares y las cinco iMac desde las que se realizaban los movimientos de dinero? Fariña parece estar diseñado a medida para una ley del arrepentido. ¿Pedirá declarar en esa condición?

Las fichas de dominó comenzaron a volcarse por las filmaciones de Martín Báez, el hijo de Lázaro, y sus compinches contando plata en La Rosadita. ¿Quién divulgó esas imágenes? La explicación corriente dice que, cuando se quedaron con la financiera de Elaskar, los nuevos dueños, Báez y su contador, Daniel Pérez Gadín, olvidaron cambiar las contraseñas de las filmadoras. La hipótesis es creíble por un detalle: la inconfundible chapucería kirchnerista. Sin embargo, muchos funcionarios de los tribunales federales adjudican la divulgación de las imágenes a Antonio Stiuso. Es casi un reflejo condicionado: videos+trampa=Stiuso. Algunas conexiones alimentan la teoría. El juez Casanello identificó un vínculo entre Elaskar, Fariña y el empresario inmobiliario Carlos Molinari. Y Molinari fue denunciado por supuestos negocios con Stiuso por el presidente de la fundación La Alameda, Gustavo Vera. Fue en la causa por enriquecimiento ilícito de Vera contra Stiuso, que se abrió también en lo de Casanello y que, por sucesivas recusaciones, carece de juez. Una curiosidad: Molinari fue candidato a vicegobernador de Mario Ishii, con quien Stiuso terminó peleado a muerte. Mal mediador, Molinari.

La vida pública está amenazada por las infidencias. Sobran versiones sobre la forma en que Báez sacaría la plata del país. Más difícil es asegurar cómo la lavaba. Sencillo: los movimientos de La Rosadita, de Báez, y los contratos de Hotesur, de los Kirchner, se investigan en causas separadas. Tal vez la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que ayer fue admitida como querellante en la pesquisa sobre los hoteles, pida la unificación.

Más oscuro todavía es saber cómo llegaba el dinero a las manos, o las bolsas, de Báez. Esa pregunta conduce al inquietante mundo de la obra pública. El argumento más frecuente es que Báez devolvía los adelantos que recibía por cada obra que se le adjudicaba. Alrededor del 20% del contrato. El mecanismo estuvo muy extendido durante el kirchnerismo. Hasta se menciona el caso de una compañía que, después de una oportuna visita de la AFIP, debió entregar por segunda vez el 20%. "Hay que cubrir el frente judicial", le dijeron en el Ministerio de Planificación. Lo más notable: aun así la obra fue rentable. No siempre fue el caso de Báez. Muchas veces los trabajos no se hicieron.

Este modo de generar riqueza obliga a sobrefacturar para hacer efectivos los retornos. Báez habría exagerado los pagos entre empresas del propio grupo. La compañía aérea Top Air prestaría ese servicio. Los investigadores han puesto la lupa en esta empresa. Quieren saber si es verdad que adquirió un avión a precio vil de Aero Chaco, la empresa que liquidó durante su gobernación Jorge Capitanich. Y también si era el avión que recorría el país recaudando los sobornos de las obras provinciales, como denunció en 2013 en La Rioja el actual ministro de Defensa, Julio Martínez, ante la remolona justicia federal. Un pormenor interesante: las rutas de Aero Chaco pasaron a Mac Air, la línea aérea que la familia Macri acaba de vender a Avianca. Caprichos del destino.

Chaco es una tierra peligrosa hoy para Báez. Con jueces que se despabilan podría llegar a revelarse si es verdad que, como aseguran en Santa Cruz, él adquirió la firma Sucesión de Adelmo Biancalani. ¿Qué papel habrá jugado Capitanich en estos negocios? Lo mismo cabe preguntar para el tucumano José Alperovich, consuetudinario contratista de Top Air.

Vínculo expuesto

La adquisición de Biancalani coincidiría con la urgencia de Báez para cambiar de marca. Expuesto su vínculo con el matrimonio gobernante, debió retirarse del concurso por las entrañables represas Kirchner y Cepernic. Báez compitió asociado a Iecsa, de Ángelo Calcaterra, el primo hermano de Mauricio Macri. Báez y Calcaterra fueron un dúo recurrente. También se unieron para el Gasoducto del Nordeste, que licitó Julio De Vido. Hay que suponer que el teléfono de Calcaterra no para de sonar en estas horas. Más caprichos del destino.

Los ajustes de cuentas de Báez y sus compinches dejan al desnudo el negocio de la construcción. Y hacen que se froten las manos los abogados de De Vido, quien administró el presupuesto más voluminoso que haya conocido la Argentina durante 12 años. De Vido está bajo la lupa de Claudio Bonadio por sus siderales importaciones de gas. Anteayer Bonadio allanó el estudio del ex ministro Roberto Dromi, sospechado de intermediar en esas transacciones desde Madrid, en un departamento de la avenida Velázquez, donde también vendía libros. De Vido y Dromi ya fueron denunciados por arrepentidos brasileños de Petrobras, por coimas en la venta de Transener a Electroingeniería, del kirchnerista Gerardo Ferreyra. En Electroingeniería lo desmienten.

De Vido teme lo peor. El tribunal que condenó a Jaime y a Juan Pablo Schiavi por la masacre de Once pidió que se lo investigue. Jaime es un hombre bomba. Tenía con Kirchner una relación de intimidad que enfurecía a De Vido. Intimidad no significa confianza. Amigos del ex presidente cuentan que Kirchner cronometraba a Jaime cuando esperaba algún recado, para asegurarse de que no se demoraba dejando algo en el camino. Daniel Muñoz, el secretario privado de Kirchner, podría detallar esos procedimientos. Es uno de los dos argentinos más complicados por los Panamá Papers. El otro no es Macri. Es el ex ministro de Hacienda Néstor Grindetti, el intendente de Lanús.

Jaime y Schiavi están indignados con De Vido. Lo acusan de haber acordado con Bonadio para quedar fuera del juicio de Once. A la inversa de un arrepentido, habría entregado a sus subordinados. Schiavi es un Fariña potenciado. Está enfermo y desde hace un año nadie paga sus abogados. Esta encrucijada es un problema para Alfredo Lijo, el gestor judicial a través del cual De Vido llegó a Bonadio. Es el hermano del juez Ariel Lijo. Bonadio se siente libre de ataduras: cuando Cristina Kirchner lo persiguió, De Vido no le atendió el teléfono. Tal vez se entienda ahora por qué el fiscal Federico Delgado dejó el caso por violencia moral.

Apremiada por la opinión pública, la justicia federal se está desperezando. No es su único estímulo. En junio, varios jueces encabezados por Ricardo Lorenzetti viajarán a Roma. Los espera el papa Francisco para un coloquio sobre lucha contra las mafias, organizado por el obispo Marcelo Sánchez Sorondo y Gustavo Vera. Casanello estará entre los peregrinos.

Carlos Marino

Una cosa es señalar con el dedo desde afuera y otra, muy distinta, es el ejercicio del poder en el más alto nivel, donde la lupa de la opinión pública no deja escapar los detalles y amplifica las imperfecciones. Lo saben los que fueron oposición y llegaron a ser oficialismo. Y lo está ratificando el Gobierno: en estos días de sacudones por la revelación de las sociedadesoffshore del presidente Mauricio Macri, que salpica de barro el discurso anticorrupción que aupó al PRO hasta la cima, la Casa Rosada está incurriendo en prácticas que se parecen demasiado a las que el macrismo le imputó al kirchnerismo para jugar el juego de los contrastes. A saber:

+El PRO -como la mayoría de las fuerzas que integraban la oposición nacional en tiempos de kirchnerismo en el poder- cuestionó el rol de la Oficina Anticorrupción porque, aseguraba, no cumplía su misión de investigar al poder. Puesto a gobernar, el Presidente podría haber designado en ese organismo, para marcar claramente una diferencia de estilo y concepción, a un jurista de indiscutible prestigio e independencia o, incluso, a un representante de la oposición.

Lejos de eso, nombró allí aLaura Alonso, una de las más entusiastas militantes de su partido que había confesado sentir una suerte de amor platónico por el jefe de Estado, y no dudó en modificar las normas que bloqueaban el acceso de la ex diputada a ese cargo, que exigía a sus responsables el título de abogada que ella no tiene. Resultado: Alonso fue la primera funcionaria del Gobierno que salió a defender a Macri –y lo hizo con su habitual fervor militante, o acaso movilizada por aquel amor platónico- apenas desatado el vendaval de los Panamá Papers. "Constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo, señores", escribió la ex Poder Ciudadano en su cuenta de Twitter, una frase que podria ser sindicada como un plagio de la tan kirchnerista "Contar plata no es delito", ésa que usó el mundo K para bajarle el precio al video en el que se veía a Martín Báez, a Fabián Rossi y al contador Pérez Gadín, entre otros, contando montañas de dólares en la financiera apodada La Rosadita.  

 +Macri había prometido también –con aportes enérgicos de Elisa Carrió- que, con él en el poder, la República perdida en los 12 años de kirchnerismo renacería de las cenizas de su decadencia. Y que, en ese reverdecer, la Justicia dejaría der ser avasallada y sometida como un instrumento del poder político. La Justicia, en definitiva, volvería a ser independiente. La últimas horas, sin embargo, ofrecieron episodios que permiten especular con la posibilidad de que acaso las cosas no estén siendo tan distintas. Por el sentido de la oportunidad de dos jueces federales, Julián Ercolini y Sebastián Casanello, las llamas del escándalo de las offshore del Presidente fueron apagadas por el hollywoodense show televisivo de las detenciones de los dos campeones de la corrupción K: Ricardo Jaime y Lázaro Báez.

Y en este punto es necesario indicar algunas particularidades. El ex secretario de Transporte se entregó a la Justicia, en respuesta a una orden de detención librada horas antes por Ercolini, el sábado a la mañana, un día antes del estallido de la bomba panameña, pero el mismísimo diario Clarín aportó, en su edición del pasado martes, un dato importante: “El Gobierno supo 48 horas antes que la investigación (de los paraísos fiscales) se iba a difundir”. En la misma nota, titulada “Mal momento para un tropiezo”, el periodista Julio Blanck agrega que la Casa Rosada había sido notificada del trabajo del consorcio internacional de periodistas un mes antes, el 8 de marzo. O sea: el Gobierno sabía que iban a pegarle en el bajo vientre.

En tanto, Báez fue detenido dos días después de la difusión de los papeles de Panamá, cuando ese culebrón ardía en los medios con frondosas repercusiones y nuevas revelaciones que astillaban la imagen presidencial. Lo llamativo es que el juez Casanello ordenó detenerlo por temor a que se fugara y evadiera la indagatoria prevista en principio para este jueves, pero fue apresado cuando aterrizó en San Fernando, procedente del sur, con el objetivo de quedarse en Buenos Aires para, justamente, ir a declarar (lo más lógico, además, hubiese sido, si efectivamente existía ese riesgo, que no permitieran que ese avión despegara en su punto de origen). Es lícito, entonces, pensar mal: si Báez hubiese ido a Comodoro Py en libertad, por sus propios medios, no habría sido noticia –ni la noticia hubiese sido tan espectacular- hasta el mismo jueves, y los Panamá Papers habrían dominado la agenda, casi sin competencia, por dos días más.

+El macrismo había señalado, durante los años del kirchnerismo, al “periodismo militante” como otro cáncer que carcomía los cimientos de la República. Y había prometido dos cosas: no presionar a los medios privados ni comprar sus voluntades para convertirlos en instrumentos al servicio del Gobierno y transformar el sistema de medios públicos en reservas de pluralidad y objetividad –brulotes propagandistas como el programa 6 7 8, por supuesto, ya no tendrían espacio. Pero la detención de Báez también ofreció, en este sentido, datos que conviene señalar. Llamó la atención la impresionante cobertura televisiva de un procedimiento que se calificaba, mientras progresaba, de “secreto”.

Las señales TN y América, por ejemplo, transmitieron en vivo y en directo las alternativas de un operativo con el que, supuestamente, la Justicia y las fuerzas federales de seguridad intervinientes sorprendieron al imputado. Y, en ese momento, la portada de la agencia oficial de noticias Télam era dominada por tres títulos centrales: “Por orden de Casanello, detuvieron a Lázaro Báez”, “Allanan oficinas de Dromi en busca de pruebas contra De Vido por compra de GNL” y “Jaime quedó  preso por la compra de vagones en mal estado a España y Portugal”. La agenda oficial tenía un denominador común: los problemas del kirchnerismo con la justicia por actos de corrupción.

 En un artículo publicado el lunes en este mismo espacio, se señalaba que el Gobierno enfrentaba el peligro de que, por obra y gracia de los Panamá Papers, Macri terminara siendo –a los ojos de la opinión pública- parecido a los Kirchner. Hoy, 48 horas después, el riesgo al que se expone el Presidente parece ser otro, aunque similar: que las herramientas a las que recurre para seguir luciendo como la contracara del kirchnerismo terminen revelándolo, prematuramente, como más de lo mismo.