Lazaro Báez aseguró ayer ante la Justicia que para la fecha en que su hijo Martín aparece en cámara contando grandes montos de dinero en la financiera La Rosadita, percibió 6,5 millones de dólares en efectivo de origen lícito por la venta de viviendas de un barrio cerrado con amenities construidas en un terreno que compró en Tortuguitas. De este modo reconoció que la plata que se ve en el polémico video le pertenece.

Tras estasafirmaciones que realizó mediante un escrito, pues se negó a declarar ante el juez federal Sebastián Casanello, Báez quedó preso por decisión del magistrado, que le negó la excarcelación. Argumentó que tiene capacidad económica y lazos internacionales como para fugarse y poder para presionar testigos. Fue trasladado al hospital del penal de Ezeiza en medio de una caravana de vehículos del Servicio Penitenciario Federal, que salieron de los tribunales a las 19 haciendo ulular sus sirenas. Adujo tener problemas de salud.

El contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, también quedó detenido y fue alojado en el mismo lugar.

Lázaro Báez fue trasladado al amanecer desde su celda en dependencias de la Policía Federal a los tribunales de Retiro. De campera inflable negra, pantalón de gabardina beige y camisa a cuadros, llegó caminando esposado al juzgado, escoltado por dos penitenciarios pasado el mediodía.

Su hijo Martín Báez ya había comparecido ante el juez y se había negado a declarar. Ayer se presentaron y se negaron a hablar el resto de los imputados citados: Pérez Gadín, Walter Zanzot, dueño de la empresa Top Air, y César Augusto Fernández, dueño de SGI. Federico Elaskar declaró y negó haber realizado operaciones sospechosas. 

Báez padre fue el último en hablar. La declaración se realizó en el despacho del secretario Martín Smietniansky y estaban presentes Casanello y los abogados de Báez: Rafael Sal Lari y Daniel Rubinovich. El clima fue tranquilo y Báez se comportó muy amable y educado. Le leyeron la acusación, consistente en haber blanqueado a través de la financiera SGI 5,1 millones de dólares provenientes de la evasión fiscal de Austral Construcciones. Báez dijo que no iba a declarar y entregó un escrito muy voluminoso.

Sólo trascendieron algunos párrafos. Dijo que compró un terreno al colegio Northlands en 2005 por 650.000 dólares en el que luego construyó 79 viviendas y lo convirtió en un barrio cerrado con amenities. Por la venta de esas unidades entre el 1° de agosto de 2008 y el 27 de enero de 2012 dijo que percibió 6.677.129 dólares. De este modo indicó un origen lícito para los fajos de dinero que su hijo Martín aparece contando en La Rosadita.

Se realizó un fideicomiso que pertenecía a un doctor y a un arquitecto y luego Austral Construcciones compró sus acciones. Dijo que la obra comenzó en 2008 y que la terminó en 2013. Hizo 80 unidades (aunque hay 79 boletos, pues dos departamentos se unieron en uno). Sostuvo que le pagaron 6.677.129 dólares, por lo que aseguró que "tenía fondos lícitos de libre disponibilidad" y que no debería llamar la atención del juez que manejara tanto dinero en efectivo.

"Ello implica que en mi patrimonio, y sólo explicando esta operación, tenía fondos absolutamente lícitos, de libre disponibilidad, por la suma de US$ 6.677.129. Por ende, aun en la hipótesis de que los montos dinerarios alegados por V.S. (el juez) fueran ciertos -lo que se niega-, la disponibilidad patrimonial y financiera da una explicación definitiva que justificaría, incluso, el origen lícito de las presuntas sumas que despiertan la atención de V.S.", dijo Báez.

Y abundó: "Mi rol de empresario me permitió una disponibilidad de fondos suficientes para desalentar cualquier presunción de ilicitud". Se definió como "un empresario importante" con mucho dinero. "El solo hecho de contar dinero no lava nada. Si el dinero está «sucio», así queda, y si es dinero limpio, también se mantiene en esa condición", dice en su escrito. Señaló además que "no existe una relación de implicación lógica entre «tener mucho» y «lavar mucho». Por eso, si lo que se pretende es demostrar que, porque supuestamente se habría tenido mucho dinero, se habría lavado dinero, es un camino conjetural y argumental infructuoso",

"Tengo sesenta años y he vivido prácticamente toda mi vida en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Carezco de cualquier antecedente", se describió Báez, y dijo que no entiende por qué su hijo está acusado en esta causa, sólo por "colaborar" en sus negocios y "actuar" bajo sus instrucciones.

Báez cuestionó los videos de SGI y pidió hacer un peritaje mediante un ingeniero en artes visuales. Sostuvo que no está garantizada la cadena de custodia. "No conozco el origen" ni cómo fueron conservados los soportes magnéticos que contienen las imágenes.

El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido de excarcelación que hizo la defensa de Lázaro Báez y lo basó en los siguientes motivos:

1. En primer lugar -dice Casanello- como consecuencia de la prueba acumulada hay un estado de sospecha que lo ubican como presunto responsable de conductas que prima facie podrían encuadrar en el delito de lavado de activos.

2. La pena en expectativa en su figura básica (es decir, sin considerar la posibilidad de que hubiera agravantes o concurrieran otros delitos) es de 3 a 10 años de prisión. Esto implica que se trata de una amenaza de pena alta y de cumplimiento efectivo.

3. El hecho de que Lázaro Báez cuente con un patrimonio abultado hace presumir con motivos fundados la existencia de recursos materiales para eludir el accionar de la Justicia. En su resolución, el magistrado sostiene: "Estamos en presencia de circunstancias fácticas que permiten advertir la existencia de riesgos procesales". En ese sentido, destaca Casanello que Báez cuenta con más de mil vehículos y al menos tres aeronaves "a su entera disposición".

4. De la investigación surge información que alerta de los aceitados contactos que habrían permitido "sortear controles aeroportuarios, lo que dispara el riesgo de fuga y amerita su inmediata neutralización a fin de asegurar el éxito de la investigación en curso" -no bastando para ello con el dictado de prohibición de salida del país.

5. Hay sospechas de vínculos internacionales de Báez que habrían operado en Panamá, Estados Unidos, Uruguay, Belice y Suiza, de acuerdo con la prueba que hay en la causa.

6. A lo largo del proceso, en las declaraciones testimoniales se han mencionado amenazas y situaciones de presión sobre testigos. Dice Casanello. "Estas circunstancias han actuado en detrimento de la investigación, entorpeciéndola y atentando contra el otro de los fines del proceso, el descubrimiento de la verdad".

Teniendo en cuenta estos parámetros, el juez Casanello afirma en su resolución que "la detención del nombrado se torna indispensable y razonable para asegurar los fines del proceso".