El cristal que parecía proteger a Julio De Vido se quebró de manera definitiva. La Justicia allanó ayer el estudio del ex ministro menemista Roberto Dromi en una causa en la que investiga la compra de gas licuado con sobreprecios ordenada por De Vido y realizada a una empresa española que no se dedicaba a los combustibles, sino a la venta de hornos industriales.
El allanamiento, ordenado por el juez federal Claudio Bonadio, involucró a una de las vacas sagradas del derecho en la Argentina, ya que Dromi, tras comandar las privatizaciones menemistas como ministro de Obras Públicas, donde acumuló denuncias de corrupción, asesoró a las empresas más poderosas del país y luego al kirchnerismo.
Ésta es la tercera vez que De Vido es alcanzado durante esta semana por la Justicia. Anteayer, el juez federal Julián Ercolini lo citó para indagarlo el próximo 27 de abril por la compra de trenes a España y Portugal, por la que está preso el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
Además Bonadio le fijó fecha a De Vido para el 21 de abril para interrogarlo como sospechoso por ser partícipe en la tragedia ferroviaria de Once, en la que perdieron la vida 51 personas al chocar una formación contra el andén de la estación de tren. Por esa causa Jaime fue condenado a seis años de prisión y el tribunal oral ordenó investigar a De Vido, que era su jefe.
Esta vez fue el propio Bonadio el que activó otra causa contra De Vido. Se trata de un caso impulsado por el fiscal federal Carlos Stornelli, donde se investigan presuntas irregularidades en la adquisición de gas licuado natural desde 2008 hasta 2015. En este expediente se reunieron tres denuncias: dos de un abogado particular y una del ahora jefe de la bancada de senadores de Pro, Federico Pinedo, de la ahora ministra Patricia Bullrich y de Laura Alonso, ahora en la Oficina Anticorrupción. Los entonces legisladores basaron su presentación en una entrevista hecha por LA NACION a Roberto Dromi, que contó que había asesorado a De Vido y que en operaciones de compra de gas licuado por parte de la Argentina los contratos no tuvieron "los códigos de transparencia que la ley exige a Enarsa".
Los diputados citaron también un comunicado de YPF que, en referencia al procedimiento de compra de gas que regía antes de la actual gestión, hablaba de "un sistema que le rindió sus réditos personales en perjuicio del país". Por eso los denunciantes dijeron que sospechan que hubo comisiones indebidas, "dádivas o sobornos".
La implicancia del ex ministro en el caso está dada porque firmas controladas por él compraron el contrato por venta de gas licuado que la española Contrater Consulting SL, fabricante de hornos -contratada por la Argentina- no pudo cumplir.
Esos envíos se hacían mediante inmensos barcos cargados de gas líquido que necesitaban ser descargados en puertos gasificadores acondicionados con medias de seguridad, para convertir el producto en gaseoso.
En esta causa además se investiga una denuncia del diario Perfil por la compra de gas en un barco ruso por 57 millones de dólares, que nunca llegó.
El juez Bonadio, al ordenar el allanamiento, precisó que lo que se investiga es el pago de sobreprecios por las compras que realizó Enarsa con la intervención de YPF.
José Roberto Dromi y su hijo Roberto Nicolás Dromi aparecen en el caso porque a través de las empresas Dysan SA y Diligentia SA compraron el contrato de la española Contrater Consulting SA.
El procedimiento de ayer se efectuó en las oficinas del estudio de Dromi, en avenida Córdoba 1255, 9° piso, de la Capital Federal, y en la sede la firma Diligentia, en Arenales 1618, 2° piso. En los allanamientos se secuestraron documentos que vinculan a los Dromi con la venta de gas. Se efectuó además un backup de los mails encontrados allí desde 2008 a la fecha.
En esta causa además están siendo investigados como imputados por el fiscal el ex subsecretario de Coordinación de Planificación Roberto Baratta, el ex presidente de Enarsa Exequiel Espinoza y otros ex funcionarios de la empresa de energía estatal.
Julio De Vido
Diputado FPV
En esta misma semana, la situación judicial de De Vido dio un vuelco: el 21 y 27 de este mes deberá declarar
Sobreprecios
De Vido está sospechado de haber pagado sobreprecios en la compra de trenes a España y Portugal, y en la causa por la compra de gas licuado
Invicto
Hasta hace dos días, De Vido nunca había sido llamado a declarar a los tribunales. Ahora, se le abrieron tres frentes
Tragedia de Once: El juez Bonadio considera que De Vido tuvo responsabilidades. Por este caso, ya fueron condenados Jaime y Schiavi. Declarará el 21 de abril
Trenes usados: El juez Ercolini sospecha que se pagaron sobreprecios y criticó el estado de los vagones adquiridos por más de 100 millones de euros. Declarará el 27 de abril
Roberto Dromi, el ministro de Obras Públicas que encabezó las privatizaciones
en el gobierno de Menem.
Ícono menemista: Roberto Dromi encabezó las privatizaciones como ministro de Obras Públicas de Menem. Fue además asesor del kirchnerismo
La Corte Suprema revocó la sentencia de la Sala II de la Cámara de Casación Penal que había sobreseído a Diego Bautista Uzcátegui Matheus, Daniel David Uzcátegui Specht y Claudio Uberti en una causa por contrabando, relacionada con el ingreso al país del venezolano Guido Antonini Wilson, que en 2007 arribó al aeroparque porteño con una valija que contenía 800.000 dólares.
De esta forma, el máximo tribunal decidió hacer lugar a una presentación de queja interpuesta por el Ministerio Público Fiscal a raíz de la denegación del recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había sobreseído a los implicados en el caso.
Mientras su esposo, Julio De Vido, era el todopoderoso ministro de Planificación, Alessandra Minnicelli se interesó en una sociedad offshore de Panamá para desarrollar múltiples operaciones; entre ellas, comprar "unidades departamentales en propiedades horizontales". Pero las tratativas se cortaron, de manera abrupta, cuando el estudio Mossack Fonseca detectó quién era su marido, según surge de documentos analizados por LA NACION y El Trece, en la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Minnicelli figura en el caso N° 1.646.614 de los registros internos de Mossack Fonseca vinculado a la firma Sunset Real State SA durante 2009, el año en que tanto ella como De Vido fueron sobreseídos en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, resolución que la Justicia revocó recién seis años después.
La ex síndica general adjunta de la Sigen encendió una luz de alerta en Mossack Fonseca cuando advirtieron que se trataba de una persona políticamente expuesta (PEP).
De acuerdo con los mails analizados, los trámites se iniciaron con la confección de una escritura, fechada el 1° de abril de 2009, que indicaba que Sunset Real Estate SA confería "un poder general a favor de la señora Alessandra Minnicelli, DNI 16.029.508". Como directores de la sociedad figuraban dos panameños: George Allen y Carmen Wong.
Consultada por LA NACION, Minnicelli respondió a través de un vocero y por escrito: "Nunca trabajé ni fui apoderada de ninguna sociedad panameña. No tuve ni tengo vinculación comercial, personal o de cualquier índole con la empresa mencionada". Y agregó: "En mi labor profesional como abogada no he representado ni represento a nadie en ninguna causa que tenga vinculación con empresas panameñas".
De acuerdo con la documentación interna de Mossack Fonseca, Minnicelli iba a gozar de amplias atribuciones para operar la sociedad offshore . La cláusula sexta de la escritura, por ejemplo, estipulaba: "Administrar sin limitación alguna, celebrar contratos, recibir o dar dinero en préstamo, comprar productos y bienes o propiedades, abrir y cerrar sucursales en cualquier país del mundo" y "abrir cuentas bancarias en nombre de la sociedad", entre otras.
En otro mail enviado durante la primera semana de abril de 2009, las tratativas registraron un nuevo paso: adjuntaron al correo el DNI escaneado de la esposa de De Vido.
Pero la gestión se frustró. El 17 de abril de 2009, Mossack Fonseca pisó el freno por iniciativa propia. En uno de los correos electrónicos que fueron y vinieron se emite la alerta de que Minnicelli es una "PEP", es decir, una persona políticamente expuesta. "Hemos verificado que Minnicelli trabajó en la Sigen de la Argentina. Es la esposa del ministro de Planificación, Julio De Vido, quien fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito y luego absuelto", consta en un mail escrito en inglés.
