De acuerdo al estudio de factibilidad realizado en 2012, para producir 20.000 toneladas por año de carbonato de litio (y 40.000 toneladas de potasio) se requeriría un Capex de US$314 millones y generaría un valor presente neto de US$464 millones.
El proyecto de litio Caucharí-Olaroz, ubicado en la provincia argentina de Jujuy, podría comenzar a construirse a comienzos de 2017 y estar operativo 24 meses después, dijo el CEO de la canadiense Lithium Americas Corp (LAC), Tom Hodgson.
"El acuerdo (50/50% con SQM) busca un camino hacia la producción y el flujo de caja y críticamente reducir al mínimo el riesgo de ejecución. Ser un productor de bajo costo es absolutamente fundamental para el enfoque de SQM y es fundamental para nuestro enfoque también y creemos que eso se logrará", dijo el ejecutivo en una conferencia telefónica con analistas.
De acuerdo al estudio de factibilidad realizado en 2012, para producir 20.000 toneladas por año de carbonato de litio (y 40.000 toneladas de potasio) se requeriría un Capex de US$314 millones y generaría un valor presente neto de US$464 millones.
El nuevo plan prevé duplicar dicha capacidad a 40.000 toneladas de carbonato de litio/año, aunque podría ser ejecutado en etapas.
"Tan pronto como el estudio de viabilidad y el plan de trabajo se haya completado, tenemos nuestro plan de negocios asentado y esperamos que al final de 2016 podríamos actualizar los permisos y comenzar la construcción de inmediato", dijo el presidente de LAC, John Kanellitsas.
En relación a la producción esperada, el CEO explicó que "nuestra participación del 50% en la nueva empresa conjunta equivale en realidad a una cifra muy cercana a los números del estudio de viabilidad que hemos publicado en 2012, el 50% de los 40.000 equivale a las 20.000 toneladas que se reflejaban en ese estudio de viabilidad".
Si bien los detalles del acuerdo no han sido especificados por el momento, los analistas no creen que vaya a existir un alza en los precios del litio debido al nuevo proyecto.
Si el estudio definitivo conduce a una decisión, "la administración espera que las obras se inicien a principios del año 2017 y la producción en el año 2019. Los socios tendrían que actualizar los permisos, licencias y el apoyo de la comunidad. Antes de que se dé un visto bueno final, la administración quiere actualizar las pruebas", detalló.
"Es absolutamente una asociación en la que vamos a traer los mejores activos de ambas partes a la mesa", precisó el CEO de la firma canadiense.
Un inédito acuerdo sellaron hace apenas días la minera Rockwood Lithium y las comunidades atacameñas cercanas a las operaciones de la empresa en Salar de Atacama. Entre otros puntos, el convenio considera la participación de las comunidades en las ventas de Rockwood, equivalente al 3% de los ingresos.
El acuerdo permitirá viabilizar la materialización de los proyectos los de la minera en el marco de su reciente alianza con Corfo para la explotación de las reservas en esa zona.
El memorándum, a cuyo contenido tuvo acceso PULSO, define al acuerdo alcanzado como “un nuevo paradigma en las relaciones entre las comunidades indígenas y la industria minera nacional”.
“El Convenio es inédito en su enfoque del desarrollo, basado en el respeto, diálogo genuino y búsqueda de beneficios mutuos. Por un lado, las comunidades son vistas como un verdadero socio para el desarrollo de la industria minera. Por otro, se concibe el desarrollo de las comunidades incluyendo las prioridades e intereses de las mismas comunidades, con un enfoque inclusivo”, señala la empresa.
El acuerdo fue firmado por unas 18 comunidades de la cuenca del Salar de Atacama, que agrupa en total a unas 5 mil personas. Además se suma el Consejo de Pueblos Atacameños, la entidad que las agrupa.
“El Convenio se inspira en los principios del Convenio 169 de la OIT, en tanto busca generar fórmulas de participación de las comunidades atacameñas en los beneficios derivados de la explotación de litio en el Salar de Atacama, con lo que se hace cargo además de una recomendación incorporada en las conclusiones de la Comisión Nacional del Litio”, añade la compañía.
En el pacto se establece además que las comunidades manifiestan su apoyo “al desarrollo sostenible de la empresa”, el que se materializará mediante distintas medidas como, por ejemplo, la venta de energía limpia producida por una planta fotovoltaica, en reemplazo de las actuales fuentes con combustibles fósiles. Esto permitirá, se establece, que Rockwood disminuirá su impacto en el territorio.
Otro punto es que tanto la empresa como la comunidad establecen mecanismos para vigilar y monitorear en conjunto los recursos hídricos; el desarrollo de ciencia para el cuidado y protección del salar; y el establecimiento de mesas tripartitas entre la minera, el Consejo de Pueblos Atacameños y centros de estudio que desarrollen proyectos.
Respecto del aporte monetario, se especifica que el uso de estos recursos será educación, innovación y emprendimiento. En el ítem educación, una parte se utilizará en becas de estudio y el resto se gastará en lo que la comunidad decida, de acuerdo con un plan de desarrollo y presupuesto de carácter anual.
“Cada empresa tiene que buscar la mejor forma de relacionarse con las comunidades cercanas a su operación. Ciertamente tenemos la convicción de que existe un nuevo paradigma sobre cómo construir relaciones con las comunidades indígenas, que se basa en principios de respeto por sus prioridades e intereses, diálogo genuino y búsqueda de beneficio mutuo. El convenio está anclado precisamente en esos principios, y ésa creemos es su principal fortaleza”, comenta Paulo Barraza, Jefe de Relaciones Comunitarias de Rockwood Lithium.
“El Convenio contempla además el acompañamiento y asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo con miras a generar en conjunto una fórmula de gobernanza económica de los recursos, de modo que este acuerdo se traduzca en el fortalecimiento institucional de las organizaciones indígenas involucradas”, se agrega.
En tanto el convenio entre la minera y Corfo se traducirá en aportes al fisco por cerca de US$2.648 millones, en caso de que el memorándum alcanzado en febrero entre la privada y el Estado se traduzca en un contrato. A esto se sumarán inversiones por entre US$400 millones y US$600 millones para aumentar la producción de litio.
¿Qué es lo que más destacan de este acuerdo?
Hay varias cosas muy importantes. Por ejemplo, vamos a establecer zonas de monitoreo de napas subterráneas en lugares donde no existan estaciones, todo esto acompañados de estudios geofísicos. El agua es algo muy relevante para nosotros. Además, las comunidades vamos a percibir un 3,5% de las ventas de litio que haga la empresa. Este 3% va a ser divididas en 19 comunidades y una parte, el 0,5% va a estar destinado a innovación. ¿Para qué? El Consejo de Pueblos Atacameños ha propuesto una meta de establecer planes de desarrollo que están basados en tres ejes: innovación, emprendimiento y educación.
¿Qué tipo de emprendimientos van a ejecutar?
En principio, nosotros vamos a entregarle energía a Rockwood. Ellos se comprometieron a comprarnos energía, poner una planta, donde nos están ayudando para levantar la planta. Otro tema clave es que los beneficios no son sólo para atacameños, sino que también consideramos a atacameños que no están en el Consejo y también a no atacameños. Entonces, hay un beneficio para las comunidades.
¿Cómo van a asegurar el uso correcto de los recursos?
Para salvaguardar el correcto uso de los recursos, estamos trabajando con el BID y ya hemos tenido reuniones con ellos, para ejecutar un plan de gobernanza económica. Ellos nos están asesorando de cómo llevarlo de mejor manera.
¿Van a exigir este tipo de acuerdos a todas las mineras?
Yo creo que una empresa del tamaño que tiene Rockwood, las comunidades están marcando un hito en la relación. Lo que marca esto es que de acá para adelante hay nuevos estándares para desarrollar la minería.
¿Pero se lo van a pedir a todos?
Sí, absolutamente.
¿Están conversando con otras empresas actualmente?
Por ahora no, sólo con ellos.
