Cuatro horas demoró la primera indagatoria por la causa YMAD. El lunes por la mañana, el juez federal N° 2, Fernando Poviña, escuchó a Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo de la UNT durante la gestión del ex rector Juan Alberto Cerisola.
Se lo acusa del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Siempre obré ajustado a derecho y a mis convicciones. Estimo que todo esto responde a alguna confusión en términos de cómo fueron adoptadas algunas resoluciones”, señaló al dejar el edificio de tribunales federales acompañado por su abogado, Raúl Martínez Aráoz.
Esta fue la primera de las seis indagatorias con las que la justicia tratará de desentrañar cuál fue el destino y cómo se utilizaron los fondos que la UNT recibió de la empresa interestatal, YMAD, entre 2006 y 2009. Más de $353 millones, cuyo manejo, según los investigadores, no fue claro. Hay una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que detalló que hubo sobreprecios en las obras (hasta un 194%) y que la UNT se apartó del régimen de contrataciones que establece la Ley de Obras Públicas, entre otras irregularidades.
En seis años, la causa fue ampliándose y sumando pruebas e imputados. También se investiga qué sucedió con los intereses ganados por el depósito de fondos en entidades financieras, algunas de tercera y cuarta línea, conocidas como “cuevas”. Todo esto es solo una parte de la causa.
“Yo no tenía injerencia ni razón para sospechar de nada”, explicó Reimundín, quien dijo que se comprometió ante el juez en enviarle pruebas documentales. “Tienen que ver cómo se llevó adelante la tramitación de las resoluciones que fueron luego cuestionadas y que son las que llevan mi firma acompañando a la del rector Cerisola”, precisó.
Su indagatoria apuntó a lo vinculado con las resoluciones que dieron pie al régimen especial de contrataciones que utilizó la UNT para la aplicación de los fondos de YMAD. “Por supuesto que sabía que era un régimen nuevo porque se hizo con dictamen de Asuntos Jurídicos No vi ninguna irregularidad”, reconoció.
Reimundín no disimuló su consternación al verse implicado en una causa por malversación de fondos públicos. “No es agradable para alguien que ha dedicado una vida y se ha regido bajo estrictas normas de conducta”, dijo. Reimundín fue decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas. En 2013 fue reconocido como profesor emérito de la UNT e integró la Comisión de Honor del Centenario que organizó los festejos por los 100 años de la universidad, en 2014.
“No puedo decir que pequé de ingenuo o confiado porque siempre obré de acuerdo a mi entender. No creo haber sido utilizado en esto”, agregó.
Este martes será el turno de declarar de Olga Cudmani, ex directora de la Dirección General de Construcciones Universitarias. Un área que por decisión de Cerisola pasó a depender directamente de él en 2008. Cudmani es la única del grupo de imputados que hasta el día de hoy continúa con un cargo en la UNT. Se desempeña en el área de Extensión Universitaria.
El miércoles deberá declarar Horacio Alfredo Lobo, arquitecto y ex inspector de obra. Con él cierra la semana. A partir de la próxima deberán presentarse: Osvaldo Venturino, ex director de Inversiones y Contrataciones; Luis Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas y ex diputado nacional por la UCR y Juan Alberto Cerisola, ex rector de la UNT entre 2006 y 2014.
Desde las 17 el Consejo Superior de la UNT se reunirá en una sesión extraordinaria. Allí se le comunicará oficialmente a la rectora, Alicia Bardón, el dictamen aprobado por mayoría durante la reunión de las tres comisiones que integran el HCS. La decisión fue que la UNT participe como querellante en la causa que se investiga en la justicia federal.
La Gaceta
Hoy arranca el desfile por los tribunales federales de los imputados por una causa que involucra a la UNT y a la empresa interestatal, Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). Hace seis años la Justicia investiga el manejo de fondos provenientes de las utilidades mineras que recibió la universidad durante el período 2006-2009.
Están imputados seis ex funcionarios de esa institución: Juan Alberto Cerisola, ex rector de la UNT (2006-2014); Luis Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas y ex diputado por la UCR; Olga Cudmani, ex directora de la Dirección General de Construcciones Universitarias (hoy continua en la UNT, pero en otra área); Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo; Horacio Alfredo Lobo, arquitecto e inspector de obra y Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones.
El primero en la lista de imputados que deberá declarar antes el juez federal N° 2,Fernando Poviña, a partir de las 9 es Juan Carlos Reimundín. Se trata de un ingeniero civil que posee una larga trayectoria en la universidad: fue decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y miembro de la Academia Nacional de Ingeniería.
En 2013 fue reconocido como profesor emérito de la UNT e integró la Comisión de Honor del Centenario que organizó los festejos por los 100 años de la universidad, en mayo de 2014.
A los imputados se los investiga por irregularidades en el manejo de los fondos de YMAD, una empresa interestatal en la cual la UNT tiene participación junto con la provincia de Catamarca. YMAD controla la explotación minera “Bajo de La Alumbrera”, rica en oro y cobre. Un yacimiento que tiene como fecha de cierre definitivo mediados de 2017.
Los delitos que se les imputa son incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública y malversación de fondos, según el grado de participación de cada uno.
Es una causa amplia a la que se le han ido sumando pruebas e imputados. El primer llamado a indagatoria que realizó el fiscal federal, Carlos Brito, fue en 2014. Luego reiteró su pedido en agosto de 2015.
La justicia investiga cuál fue el destino de los $353 millones que se giró a la UNT en concepto de utilidades mineras, entre 2006 y 2009. También la colocación de parte de ese dinero en entidades bancarias de tercera y cuarta línea, conocidas como “cuevas”.
A su vez, la aplicación de esos fondos en una serie de obras que estuvieron bajo la órbita de Construcciones Universitarias.
En su momento, el fiscal Brito solicitó asesoramiento al Área de Delitos Contra la Administración Pública de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). El informe confirmó lo que la auditoría realizada por la Sindicatura General de La Nación (Sigen) ya había alertado: pago de sobreprecios en varias obras (en algunos casos alcanzaban el 194%). Esto derivó en la causa “Sigen”, que terminó acumulándose a la iniciada por un particular, Ramón Eudal.
La investigación de la Sigen sostiene que las autoridades de la UNT “crearon un mecanismo normativo paralelo con la finalidad de eludir los procedimientos (...) de la Ley de Obras Públicas”. El fiscal Brito destacó que esas resoluciones de las que dio cuenta el informe de la Sigen estaban firmadas por Cerisola y por el Ingeniero Reimundín, en su carácter de Secretario Administrativo.
