Desesperado por tener agua, el trabajador de la construcción Pedro Pirela y sus vecinos tendieron recientemente una emboscada nocturna. Alertados por el ruido de un camión cisterna que suplía a los hoteles en las cercanías, bloquearon la calle y obligaron al conductor a detenerse para luego sustraer el preciado cargamento.

Pirela y sus cómplices no tenían más alternativa, aseguran. Una escasez de agua está postrando al país, cerrando los grifos y contribuyendo a los constantes apagones. Aquí, en la Isla Margarita, un popular destino turístico que también alberga a medio millón de habitantes, el gobierno dijo que puede proveer agua sólo una vez cada 21 días luego de que un embalse se secó.

Algunas personas protestan. Otros están robando agua de las piscinas, los edificios públicos y hasta los camiones cisterna.

"Ahora, el agua es oro", dice Pirela, quien reconoció que también emboscó otro camión.

En un país afectado desde hace tiempo por la escasez de alimentos y medicamentos, se han sumado recientemente la falta de agua y los cortes de electricidad, una consecuencia de la escasez de agua en un país dependiente de la energía hidroeléctrica.

A medida que los embalses se evaporan, muchos venezolanos pasan semanas sin agua. Los apagones obligan a las fábricas a enviar a casa a sus empleados antes de completar sus turnos, lo que reduce la producción. Los vecindarios sin luz son un terreno fértil para los ladrones.

Incluso tratar de escapar de estos problemas yendo al cine, por ejemplo, ha perdido su atractivo. Los recientes cortes de luz en Caracas han forzado a los centros comerciales a cerrar temprano, con lo que la última función de cine es a las 6 de la tarde.

La situación podría empeorar bastante. Los expertos señalan que la mayor represa hidroeléctrica tiene tan poca agua que en los próximos días podrían comenzar a implementarse cortes de luz de hasta ocho horas al día.

"Estamos en una situación crítica", reconoció recientemente el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, ante un grupo de periodistas.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro, que controla los sectores de la electricidad y el agua, culpa a la madre naturaleza y al sabotaje por parte de sus opositores políticos.

Una sequía producto del fenómeno climático conocido como El Niño ha reducido a niveles alarmantemente bajos los niveles de los embalses y en El Guri, una gigantesca central hidroeléctrica en el oriente del país que suple 65% de la electricidad de Venezuela. El agua en El Guri se acerca a sus niveles más bajos desde su inauguración en los años 70. El agua de la represa se ubicaba el viernes apenas 60 centímetros por encima del nivel en el que los técnicos consideran que operar la turbina de agua se vuelve inseguro y casi cuatro metros sobre el nivel en que la generación eléctrica tendría que suspenderse, según cifras de la eléctrica estatal Corpoelec, que también mostró que el nivel del agua está cayendo en promedio 15 centímetros al día.

El gobierno ha reaccionado con un racionamiento eléctrico y con anuncios en televisión que exhortan a los venezolanos a conservar agua. La mayoría de los colegios públicos cierran temprano, los hoteles de Caracas han recibido instrucciones de reducir el consumo de electricidad y los empleados estatales han disfrutado de vacaciones más largas como una forma de ahorrar agua y electricidad.

Los detractores dicen que el gobierno no ha ofrecido evidencia alguna de sabotaje y señalan que países vecinos que también dependen de la energía hidroeléctrica soportan mejor El Niño y no sufren apagones. Miguel Lara, consultor de energía de Caracas, dice que los verdaderos problemas son la corrupción y la falta de inversión y mantenimiento por parte del gobierno.

El congresista de la oposición Jony Rahal señala que en 2009, el entonces presidente Hugo Chávez firmó un acuerdo de US$180 millones con Irán para la construcción de una nueva tubería que trasladaría el agua desde el continente hacia la Isla Margarita. No se ha instalado ni un centímetro de la tubería pese a la distribución de los fondos, acusa Rahal. En la isla cercana de Coche, tuberías de agua abandonadas que se oxidan a la intemperie son las únicas señales de un proyecto que el gobierno de Maduro anunció hace dos años. Llamadas hechas a funcionarios del gobierno para preguntar por el pacto con Irán no fueron devueltas.

"Hay una palabra para explicar esta crisis: corrupción", dice Rahal, quien ha investigado el suministro de agua a la isla durante siete años. La comisión de finanzas públicas de la Asamblea Nacional, que es controlada por la oposición, anunció que investigará las acusaciones de malversación de fondos en los contratos de la eléctrica estatal.

Muchos venezolanos cuentan que cuando el agua sale del grifo, a menudo contiene barro y arena. En El Valle, un barrio pobre de Caracas, la mucama Ángela Mera deja el grifo correr durante una hora antes de que el agua se aclare. "Esperamos tanto tiempo por el agua, y lo que sale es esta mugre", relata.

La presidenta de la empresa estatal de aguas HidroVen y viceministra de Gestión Ecosocialista de Aguas, Siboney Tineo, no respondió a las solicitudes de comentario. Algunos en el gobierno, no obstante, esperan una intervención divina.

"Dios de nuestro lado!", escribió el jueves Motta en su cuenta de Twitter, donde aparece en una foto apuntando a nubes de lluvia en la distancia.

El sistema eléctrico venezolano está fallando pese a una inversión de US$10.000 millones durante los últimos 10 años, según una declaración de Tineo ante la Asamblea Nacional en febrero. El gobierno invirtió unos US$60.000 millones en infraestructura entre 2008 y 2014, estima Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales. La cifra incluye plantas termoeléctricas y la planta hidroeléctrica de Tocoma, que demandó una inversión de US$9.000 millones, el proyecto no petrolero más caro en la historia del país.

La represa, sin embargo, aún no empieza a generar electricidad.

Voceros de Corpoelec y los ministerios de Electricidad y Comunicación no quisieron referirse a nuevas inversiones en plantas.

Buena parte del país sufre cortes esporádicos de electricidad.

En la Isla Margarita no hay agua para descargar los baños en las habitaciones del Venetur Hotel, un establecimiento de cinco estrellas. El lavado de ropa está suspendido, la piscina está vacía y las cataratas artificiales se han secado. El agua que llega por camión no da abasto.

"Hasta Cuba está llena de turistas ahora", lamenta la agente de viajes Susana García, parada en el lobby vacío de Venetur.

Al oeste, en la ciudad industrial de Maracay, la producción de Caracas Paper Co., una empresa fundada hace 63 años, ya estaba cayendo debido a la falta de papel y otros suministros. Ahora, los cortes impredecibles dañan las máquinas de cortar y las prensas que utiliza para fabricar cuadernos y sobres, dice su gerente general, Gonzalo Penagos. Algunas plantas han comprado generadores de diésel, pero la papelera no tiene los fondos para hacerlo, señala Penagos. "¿Por qué invertir en un generador cuando ni siquiera se pueden conseguir materias primas?", se pregunta.

Muchos, como Elizabeth Castro, una enfermera en la ciudad portuaria de La Guaira, guardan agua en tinas y baldes. La práctica, sin embargo, sirve como caldo de cultivo para los mosquitos que transmiten el virus del Zika, que Castro y algunos parientes padecen. "Lo que nos está pasando es alarmante, muy alarmante", señala.

Francisco Olivares

Según explica el ex senador Alexander Luzardo, quien fuera el autor de las disposiciones ambientales de la actual Constitución Bolivariana, se trata de una amplia zona de gran biodiversidad que abarca gran cantidad de bosques, selvas que están protegidas por decretos de reserva forestal como el caso de Imataca, de 3 millones 800 mil hectáreas, La Paragua y El Caura con 5 millones 134 mil hectáreas, monumentos naturales como el caso de Guanay decretados en 1991 y cuencas que están protegidas igualmente por leyes ambientales y convenios internacionales como la Cuenca del Caroní de 96 mil kilómetros cuadrados, que provee de las reservas de agua dulce más importantes del país y generadora de 60% de la energía hidroeléctrica que alimenta la represa del Guri y el complejo hidroeléctrico.

La zona protectora del estado Bolívar decretada en el año 1975 abarca 7 millones 262 mil 358 hectáreas, es la zona protegida más extensa de Venezuela. Esto da un promedio de 80% protegido del Estado Bolívar. Para el ambientalista Luzardo, esa es la gran creación de planificación que legó el período democrático “y sin eso no habría represa del Guri”, enfatiza Luzardo. El tema cobra relevancia cuando el pasado lunes Corpoelec publicó en su portal web que el nivel de agua de la represa había llegado a 244,89 metros sobre el nivel del mar (msnm), colocando a la represa a 89 centímetros del inicio del colapso eléctrico que es de 244 msnm.

De allí que considere  el especialista en derecho político ambiental, que ese decreto, que abarca una extensión del territorio dos veces el tamaño del Estado Zulia, constituya el sacrificio ecológico de una gran parte del territorio que afectará a generaciones presentes y futuras. De allí que califique este decreto como un “crimen ecológico” solo comparable al efectuado por la desaparecida Unión Soviética en el Mar de Aral.

En aquel caso emblemático para el mundo, se sacrificó el espacio marítimo en función del desarrollo agrícola para la producción de algodón. Pero los efectos posteriores  resultaron más dañinos que el beneficio económico perdiéndose gran parte del mar, volviendo sus aguas estériles y provocando la desaparición de unas 150 especies que vivían en el mar y ríos afluentes, como consecuencia de la contaminación.

Por qué el decreto

El Motor Minero forma parte de uno de los 14 motores que fueron establecidos en la Agenda Económica Bolivariana que diseñó el presidente Nicolás Maduro para reimpulsar la economía venezolana. El llamado “Arco Minero” según define el decreto 2.248, es fundamental para impulsar la transición del “rentismo petrolero”.  El mismo busca promover la minería lícita y ordenada, en esa región de Bolívar en donde se encuentran aproximadamente 200 millones de toneladas de bauxita y 44 mil toneladas entre oro y diamante.

Según expresó el gobernador de ese Estado, Francisco Rangel Gómez, durante la presentación de la Agenda Económica Bolivariana, el Arco Minero del Orinoco pudiera ubicar a Venezuela como la segunda reserva de oro más grande del mundo y posicionará al Estado Bolívar como una alternativa económica no petrolera. En el encuentro por la activación del Arco Minero Orinoco participaron más de 150 empresas, de 35 países, interesados en la inversión en suelo venezolano.   

Por su parte, el presidente del Banco Central de Venezuela informó que en abril estarán instaladas en el país varias empresas mixtas con capital canadiense, estadounidense y alemán para iniciar la extracción de oro, cobre, plata y coltán en el Arco Minero del Orinoco, como parte de los convenios suscritos por el Estado venezolano para la explotación de minerales”.

El funcionario ha asegurado que con la minería va a darse un impacto positivo en el Producto Interno Bruto.

El decreto ofrecerá facilidades a estas empresas, que en su artículo 21, expresa que “el “Ejecutivo Nacional podrá otorgar exoneraciones totales o parciales del impuesto sobre la renta y del IVA, aplicables a las actividades conexas a la actividad minera, a los fines de fomentar el impulso y crecimiento de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero”.

Una zona ya intervenida

Cuando en 2010 Venezuela sufrió otra fuerte sequía, similar a la que se sufre en los actuales momentos, producto del fenómeno de El Niño,  fue consultada por El Universal  la investigadora de la Universidad Simón Bolívar, Lelys Bravo, quien forma parte del equipo de científicos que ha estudiado en profundidad la biodiversidad en la cuenca del Caroní. Explicaba la especialista, que la intervención a la que ha sido sometida la Gran Sabana ha alterado el ciclo hidrológico de la cuenca. Aclaraba la investigadora que si bien los efectos de El Niño han incidido en el clima y la frecuencia de las precipitaciones en la región, los más graves efectos provienen de la tasa de deforestación que sustituye bosque por sabana, la minería que sedimenta y envenena los cursos de agua, la cuenca y el embalse y las quemas frecuentes de la sabana. Explicó la investigadora que los estudios que ha realizado el equipo que preside el investigador del IVIC Eugenio Sanhueza, han determinado que una zona quemada en esa región, requiere de 3 a 4 años para ser recuperada.

Luego de 5 años de la grave situación que vivió la cuenca del Caroní y la represa de El Guri, persisten las mismas causas. Indica Luzardo que fue el Gobierno el que llamó a la formación de cooperativas mineras que originó un aumento significativo de la actividad minera artesanal y la ilegal en toda la cuenca con una presencia estimada de 30 mil mineros, en su mayoría brasileños, colombianos y guyaneses. Más tarde con la idea de revertir la oleada de mineros que tomaban la zona tras las “bullas” de oro y diamante, la ministra del Ambiente para ese momento, Jaqueline Farías, promovió un plan de reconversión minera, que intentó atraer a los mineros hacia otras actividades económicas sustentables, pero el plan fracasó.

Recuerda Luzardo cómo la minería ilegal se ha extendido por toda la cuenca e incluso el pasado año habitantes de la zona y ambientalistas denunciaron, cómo la minería ilegal había llegado al Parque Nacional Canaima. Para Luzardo las concesiones que se otorgarán en el llamado Arco Minero promoverá aún más la minería ilegal tras las “bullas” mineras. 

El legado ambiental de Chávez

Cuando el presidente Hugo Chávez asistió a la cumbre de Copenhague dedicada al calentamiento global en 2009 señaló al capitalismo mundial como el responsable de todos los males de la humanidad en materia ambiental. Su socialismo del siglo XXI y los países aliados serían entonces la única salvación de la humanidad.

“No cambiemos el clima, cambiemos el sistema y comenzaremos a salvar el planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo está acabando con la vida, amenaza con acabar  con la especie humana”. Exponía el fallecido presidente venezolano ante la cumbre.

En su programa de Gobierno presentado en noviembre de 1998, un mes antes de triunfar en las elecciones, Hugo Chávez ofrecía salvar la Sierra de Imataca, proteger El Amazonas y Guayana, los lagos de Maracaibo y Valencia, los parques nacionales, el Orinoco y sintetizaba la propuesta con la consigna: “Por el derecho al agua pura y al aire limpio”. Entonces muchos grupos ecológicos del país se adhirieron a la candidatura socialista.

Medidas anteriores

A pesar de la utilización de un lenguaje en el que abundan términos como “endógeno”, “sustentable” o “ecosocialismo” la política de expansión y de poblamiento de la cuenca del Caroní se profundizó durante el Gobierno de Chávez y  Maduro, sostiene Luzardo. Uno de esos ejemplos emblemáticos fue el decreto de explotación minera en la reserva forestal de Imataca.

Recordemos que ese decreto (1810) aprobado durante el Gobierno de Rafael Caldera generó reacciones de grupos ambientalistas e indígenas en su contra. El proyecto para la explotación minera en Imataca se ratificó a través del decreto 3110 aprobado en septiembre de 2004 que sustituyó al de Caldera. El mismo consagró la minería en todos los niveles: pequeña, mediana y gran minería, que permitió la intervención de 40% de la reserva forestal de Imataca. Allí se abrió en perspectiva la entrada de nuevas empresas ligadas con los nuevos aliados internacionales.

Otro caso fue la  construcción del tendido eléctrico desde el Guri hasta Brasil que atraviesa la reserva de Imataca y el Parque Nacional Canaima, inaugurado por los presidentes de Brasil y Venezuela en agosto del año 2000. Ese año, ante las luchas protagonizadas por las comunidades indígenas, Chávez señaló: “El Gobierno debe garantizar la culminación del tendido eléctrico, a pesar de las posiciones de algunos grupos indígenas radicales, anárquicos, que no son la mayoría y que pueden estar siendo instigados por personas extrañas”.

El proyectó contemplaba llevar electricidad desde el Guri hasta la ciudad brasileña de Manaos con 2,5 millones de habitantes, pero más tarde se optó por llevarla solo hasta Boavista. Con 680 kilómetros de longitud, el tendido costó $400 millones y surte a la ciudad brasileña con 230 kw pero que ha sido reducido en 70% debido a la crisis del complejo hidroeléctrico.