La explotación de Vaca Muerta viene acompañada de nuevos desafíos y riesgos en la protección del medioambiente. La experiencia en Estados Unidos, el país con mayor avance en el desarrollo no convencional, sirve como referencia a la hora de estudiar las leyes y regulaciones. En Argentina, Neuquén tiene el marco normativo más avanzado en el tema, pero aún quedan varias aristas por resolver.
Según el informe "La explotación del shale y el medioambiente: lecciones de política para América Latina", elaborado por Jed Bailey, director gerente de Energy Narrative, y Lisa Viscidi, directora del programa de Energía, Cambio Climático e Industrias Extractivas del Diálogo Interamericano del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, mirar lo que se hizo en Estados Unidos puede ayudar a mitigar los impactos en estas tierras.
El estudio destaca que la industria del shale tiene tecnologías y procesos que cambian con rapidez, a medida que las compañías buscan reducir costos e incrementar la productividad de los pozos. Vaca Muerta no es inmune a esa tendencia mundial.
"Una recolección robusta de datos, comunicación proactiva entre los actores industriales y públicos y una oportuna divulgación de la información, como por ejemplo los contenidos de los fluidos del fracking, son también cruciales", explica el informe.
Argentina es el país que más urgido está en adecuarse a las regulaciones ambientales, ya que es el único en Latinoamérica que produce cantidades comerciales de shale oil, con unos 50.000 barriles de petróleo por día, y Loma Campana es el principal desarrollo masivo en marcha.
Al igual que la industria petrolera tradicional, la exploración y explotación del shale tiene el potencial de dañar el medioambiente.
Neuquén es la única provincia que avanzó en la regulación del shale.
La fractura hidráulica utiliza una mezcla de agua, químicos y aditivos, junto con arena, que hace que las formaciones se pongan en producción. Buena parte del volumen retorna a la superficie, usualmente con contaminantes adicionales provenientes de la roca madre, y luego es tratada e inyectada en pozos sumideros o reutilizada en el fracking.
La explotación del shale puede poner en peligro los recursos de agua de varias formas: mediante la disposición inadecuada del líquido de retorno (flowback), a través de la contaminación de acuíferos subterráneos, o mediante el derrame de químicos o hidrocarburos.
Según indica el documento, bajo una operación normal, el riesgo de contaminación del agua es mínimo. Cuando el pozo es completado correctamente, la cementación y las cañerías previenen la fuga externa de gas o petróleo. Como los revestimientos se extienden más profundamente que cualquier acuífero, el agua potable no corre riesgo.
En EE.UU., la EPA (Agencia de Protección Ambiental) supervisa el cumplimiento de estándares federales mínimos en términos de agua ambiental, mientras que los estados tienen requisitos adicionales para la construcción y operación de pozos. La EPA exige a las operadoras que inyecten el líquido de retorno en los pozos sumideros y prohíbe su descarga en cuerpos de agua de superficie, como ríos o lagos. Lo mismo se exige en Neuquén.
En junio del 2015, la EPA publicó un reporte que resume los resultados de un estudio de varios años, donde destaca que los casos en los que se afectó al agua fueron menores. Ese borrador, el cual está ahora bajo revisión y comentarios públicos, asegura que no hay evidencia generalizada de impactos sistémicos sobre el agua potable.
En ee.uu. preocupa la emisión de metano de los pozos de shale.
La explotación del shale puede afectar la calidad del aire por la emisión de polvo y gases de escape de los camiones, la quema de combustibles de los motores que bombean el líquido de fractura y del equipamiento de perforación. También es riesgosa la ventilación de gases y los fallos en las operaciones.
"La mayor preocupación es la emisión de metano, un potente gas de efecto invernadero. Los pozos del shale pueden liberar alrededor de 230 veces más gas natural y compuestos orgánicos volátiles, que podrían crear smog y otras poluciones locales, que los pozos tradicionales. Esto se debe potencialmente al reflujo de la mezcla líquida del fracking", indica el informe de Bayley y Viscide.
El Acta de Aire Limpio (CAA) provee a la EPA de autoridad para establecer estándares de calidad para contaminantes de aire específicos, así como también permite regular emisiones en las locaciones. Estas regulaciones son revisadas periódicamente y se han endurecido con el correr de los años.
Las nuevas reglas, que entraron en vigor en 2015, alcanzan a las etapas de finalización de pozos de gas y tanques de almacenamiento.
También exigen que las instalaciones petroleras reporten sus emisiones de gases de invernadero (CO2, metano y óxido nitroso) si superan al equivalente de 25.000 toneladas métricas de CO2 al año.
En 2015, la EPA también adelantó que exigirían a las compañías capturar la polución de metano en los nuevos pozos.
En Argentina, las emisiones de gas están reguladas y se prevé una serie de multas, pero no se ha avanzado en el control del metano que se libera durante la perforación de los pozos no convencionales.
En EE.UU., la mayoría de los permisos del uso de la tierra son formulados a nivel estatal. Como gran parte de la explotación del shale se lleva a cabo en tierras privadas, las empresas deben recibir permiso del dueño para operar. Estos contratos incluyen normas que especifican que la tierra debe regresarse a su estado previo una vez que el pozo deje de ser operacional.
La explotación del shale también es acusada de causar un incremento en la sismicidad en algunas áreas norteamericanas. "La Encuesta Geológica de los Estados Unidos (USGS) se encuentra aún estudiando este fenómeno, pero parecería estar relacionado al uso de pozos de desechos de la mezcla líquida residual en lugar de al proceso de fractura hidráulica en sí mismo", indica el estudio.
Varios estados incrementaron los requisitos para el monitoreo, denuncia y control del flowback. Algunos exigen revestir con cemento el fondo de los pozos sumideros, para que el fluido no afecte las fallas del subsuelo, de modo de evitar los sismos.
El informe destaca que en América Latina los reguladores y legisladores deben enfocarse en dos áreas: equilibrar las regulaciones centralizadas con flexibilidad y mejorar la transparencia y la difusión pública.
Al igual que EE.UU., Argentina posee una estructura dual -de nivel federal y provincial- para la regulación ambiental de la actividad petrolera.
El documento destaca que ya hay amplias leyes ambientales que regulan a la industria y que establecen requisitos para las evaluaciones de impacto ambiental, estándares para la gestión ambiental, el tratamiento de residuos peligrosos y protección de la biodiversidad.
Durante la reforma de la Ley de Hidrocarburos de 2013 se acordó establecer presupuestos ambientales mínimos para las explotaciones no convencionales a nivel federal, pero nunca más se avanzó en el tema.
La provincia de Neuquén es la más avanzada y ya promulgó regulaciones específicas. Se exige a las compañías un informe ambiental para poder obtener la licencia para operar y está regulado el tratamiento y disposición final del agua de fracking.
El estudio indica que "mientras que el proceso de creación de normas al nivel de legislación federal es lento en Argentina, las regulaciones provinciales tienen el potencial de ser más adaptables a sus necesidades específicas".
Según Viscidi y Bayley, a pesar de que Estados Unidos aún lidia con los impactos ambientales de la perforación del shale, la experiencia acumulada proporciona un gran cuerpo de conocimiento sobre las mejores prácticas que podrían ser aplicadas en América Latina.
El modelo estadounidense muestra que los estados fueron capaces de adaptar sus regulaciones rápidamente a las necesidades locales y a las cambiantes prácticas industriales. Sin embargo, eso también tiene sus desventajas, porque las petroleras deben navegar entre la superposición de normas estatales y federales y acatar diferentes regulaciones en cada estado.
El informe señala que en Argentina hace falta establecer regulaciones de nivel federal para asegurar estándares ambientales mínimos. Advierte que hay que evitar que la competencia entre las provincias petroleras por atraer las inversiones conduzca a la degradación de regulaciones. Además, indica que las provincias deberán consolidar una estrategia sólida para atraer personal técnico adecuado para controlar la industria, en un escenario de competencia con las petroleras a la hora de contratar personal calificado.
También se destaca que el necesario incremento en transparencia también debe ser equilibrado con una protección de los derechos de propiedad intelectual y secretos comerciales de las compañías. Y recomienda "introducir requisitos para revelar los fluidos del fracking así como recolectar y publicar datos de referencia sobre la calidad del agua, el aire y la superficie terrestre".
Luego de las declaraciones del intendente de Dolavon, Dante Bowen, ratificando la salida de «unos 15 camiones por día de la planta con rumbo a Neuquén», la legisladora de Lago Puelo tomó nota y amparándose en presentaciones anteriores de Di Perna, revalidó la solicitud de información con algunas transformaciones.
El pedido hace hincapié en el procedimiento de extracción de arenas síliceas y su inmediata repercusión en la salud. Además, interroga sobre cuestiones ambientales y permisos.
El proyecto de Caminoa fue derivado a la comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, presidida por el diputado Alfredo Di Filippo.
Por su parte, el diputado petrolero del bloque PJ-FPV, Carlos Gómez, celebró que se esté extrayendo el recurso para que sea llevado a través de camiones al yacimiento Vaca Muerta.
