En la puja de jurisdicciones y competencias entre la Justicia Federal y la de San Juan, se conoció otra novedad: el pedido del juez Sebastián Casanello para que una comisión multicolor inspeccione Veladero, a propósito del derrame de cianuro en septiembre pasado.
Es Sebastián Casanello, el magistrado federal cuya jurisdicción para entender en el caso del derrame está objetada. Nombró un grupo para que lo asesore, entre quienes están los querellantes.
Con fecha de la semana pasada, exactamente el 22 de marzo, el juez federal Sebastián Casanello firmó una resolución que pone en alerta las operaciones en la mina Veladero, escenario en setiembre de un grave derrame de cianuro en el Río Potrerillos: dispuso la conformación de una "comisión de expertos” que realice en 20 días un informe sobre las condiciones en las que opera el emprendimiento.
Ese grupo de expertos ya está trabajando desde el martes, cuando se reunieron por primera vez y comenzó a correr el plazo de 20 días hábiles para hacer el trabajo. Lo que llama la atención es que la constitución de ese equipo de expertos figuren las partes interesadas, aceptadas por el propio Casanello como querellantes en la causa.
El magistrado lo explica en su resolución de la siguiente manera: "Previo a expedirme respecto de la solicitud de cierre preventivo de la empresa, estimo necesaria la adopción de una medida de tipo preventiva que aporte conclusiones definitivas y permita la participación activa de aquellos que se han presentado como víctimas del suceso detonante de estas actuaciones”.
La comisión designada por el magistrado está compuesta por dos miembros de cada una de las entidades ambientales querellantes: la Asamblea Jáchal no se toca y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia. También, "personal idóneo” de la Secretaría de Minería de la Nación, de la Subsecretaría de Recursos Hídricos también de la Nación, y la coordinación de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal que se deberá encargar de las actas y los registros fílmicos y fotográficos.
Además, dispone dar aviso a la Oficina de Justica Ambiental de la Corte Suprema de Justicia "a los efectos que estime corresponder”.
La resolución de Casanello hace referencia a fallos anteriores de la propia Corte en causas ambientales, y hasta menciona la última encíclica papal Laudato si, sobre "el cuidado de la casa común”. La comisión designada ya tuvo su primer encuentro en el juzgado de Casanello y tendrá 20 días corridos para expedirse con sus conclusiones al magistrado, quien seguramente tendrá en cuenta esos consejos para decidir si acepta o no la medida requerida por los querellantes –que también integran la comisión- sobre el cierre temporal de la mina.
Puntualmente, el trabajo encomendado por el juez a la comisión es el siguiente:
1) detalle paso a paso el procedimiento de la pila de lixiviación que efectúa la empresa para la extracción de oro mediante el uso de cianuro; 2) indique si encuentra fallas que podrían generar daño ambiental; 3) enumere y describa las medidas adoptadas por la empresa a partir del derrame; 4) determine las funciones de la pileta de contingencia y de la compuerta ubicada en el canal de desvío Norte; 5) indique si dicha compuerta debe estar normalmente cerrada o abierta; 6) establezca si el mecanismo es suficientemente seguro; 7) detalle si deberían hacerse reformas; 8) indique si es necesaria la impermeabilización del canal; 8) compruebe por donde circula el agua de deshielo; 9) determine la fatiga de los materiales que componen las válvulas, ductos y demás elementos; 10) determine si la forma de detección de incidentes de la firma es eficiente; 11) compruebe si es suficiente y adecuada la preparación de los operarios; 12) proponga para el caso de considerar que los procedimientos no logran neutralizar de modo absoluto los riesgos cuáles serían los adecuados.
Sebastián Casanello es uno de los dos magistrados que llevan adelante actuaciones penales luego del derrame ocurrido en setiembre del año pasado. El otro es el juez Pablo Oritja, con jurisdicción sobre el territorio donde se produjo el incidente, es decir Iglesia, quien ya tiene procesados a 9 presuntos autores por el delito de contaminación. Uno de los dos deberá o apartarse por su propia decisión o ser separado por quien entiende en este conflicto de jurisdicción, que es la Corte Suprema.
Mientras el máximo tribunal demora su decisión sobre a qué juez le corresponde intervenir, el propio Oritja ya le envió a Casanello una solicitud para que se aparte porque sostiene que le corresponde a él investigar porque el hecho ocurrió en su jurisdicción. El único supuesto por el que podría corresponder la jurisdicción federal es que el presunto delito alcance a otras provincias o, como sostiene Casanello, que investiga a ex funcionarios nacionales.
En el caso que correspondiera la jurisdicción federal, también se abre el debate sobre si la causa debería ser instruida desde Comodoro Py en Puerto Madero por Casanello o por algún magistrado federal con asiento en San Juan. Mientras esta indefinición se mantiene, Casanello definirá en poco más de 20 días si cierra la mina. Lo hará cuando tenga el dictamen de la comisión que acaba de conformar.
