La ministra de Industria, Carolina Cosse, informó que Aratirí presentó a una segunda empresa para que se haga cargo de la explotación minera en la zona de Valentines y el gobierno analizará si esa firma está en condiciones de llevar a cabo la iniciativa.
Por otra parte, la jerarca anunció que a las 3 de la madrugada de hoy comenzó a ser perforada la plataforma marítima uruguaya en busca de petróleo y en 100 días habrá novedades sobre el asunto. "Es una muy importante novedad", dijo Cosse en declaraciones al programa "No toquen nada" de Océano FM.
Acerca de la empresa presentada el 15 de marzo por parte de Aratirí -a la que se le venció el plazo para participar del emprendimiento minero-, Cosse dijo que se llama Invertexi pero que no se tiene ninguna referencia previa.
"Por lo que hemos investigado hasta ahora, no tiene actividad en el rubro. Está sí registrada. Lo que vamos a hacer es solicitar a esta empresa que presente su proyecto y recorra los caminos legales que marca la ley de minería de gran porte. Luego tomaremos una decisión", dijo la ministra.
Cosse advirtió que el hecho de que Invertexi no tenga antecedentes en la materia no es motivo para que sea descartada si, como reiteró, cumple con todas las normativas vigentes.
Cuando todo indicaba que la posibilidad de que empresas privadas explotaran los yacimientos de hierro de la zona de Valentines se diluía, una empresa desconocida denominada Invertexi, sin experiencia en materia minera, le hizo saber al gobierno su interés en extraer metal de las cinco minas. La empresa compareció el 15 de marzo y, según la ministra Carolina Cosse, lo hizo dentro de los plazos legales que tenía la anterior interesada (la india Zamin Ferrous que impulsaba el proyecto Aratirí) para presentar a otro inversor. Los opositores a la minería metalífera del movimiento Uruguay Libre, entienden que ese plazo venció el 24 de febrero.
Cosse le dijo a Océano FM que Invertexi "no tiene actividad en el rubro", y que se abrió un período de 120 días corridos de negociación. Fuentes cercanas al Ministerio de Industria dijeron a El País que todo indica que Invertexi está vinculada a Aratirí.
Cosse se limitó a decir que se trata de una sociedad anónima nacional. La situación es confusa también porque en noviembre del año pasado Zamin Ferrous ya había presentado a otro grupo inversor indio llamado Aurum Ventures.
El anuncio también tomó por sorpresa al sindicato de trabajadores de Aratirí que comenzó a hacerle juicio a la empresa por no cumplir con un convenio suscripto para que 94 empleados cobrasen sus despidos. El sindicato no tiene noticias sobre el nuevo interesado. Manuel López, del secretariado del Interior de la Untmra (sindicato metalúrgico), dijo a El País que la empresa solamente pagó el 45% de los despidos y quedó adeudando tres cuotas de las cuatro pactadas. La minera propuso un nuevo acuerdo el cual no fue aceptado por el sindicato. Proponía pagar el 55% en ocho cuotas y, pese a que el sindicato no aceptaba la propuesta, depositó una de ellas en las cuentas corrientes de los empleados. López informó que el Pit-Cnt le pidió la semana pasada una reunión a Cosse para analizar alternativas para explotar los yacimientos de hierro.
La presentación de Invertexi despierta la desconfianza del movimiento Uruguay Libre que quiere prohibir la minería a cielo abierto de metales en todo el país. Raúl Viñas, uno de los referentes de este grupo, comentó a El País que la impresión de los activistas es que el interés del grupo indio es vender al Estado uruguayo los datos geológicos que obtuvo en los últimos años para cuya obtención en su momento dijo haber invertido US$ 260 millones
Viñas recordó que cuando los ambientalistas informaron en febrero que se habían vencido los plazos para que Aratirí presentase un interesado, el gobierno no lo desmintió. Y señaló también que la propia directora de Minería, Leda Sánchez, señaló que se habían vencido los plazos.
El activista dijo que tras el anuncio de Cosse, los ambientalistas decidieron continuar con su campaña para la prohibición de la minería metalífera a cielo abierto. "Aratirí dijo que iba a invertir US$ 3.000 millones en la explotación y ahora no pueden pagar menos de US$ 700.000 en despidos. Es raro", cuestionó Viñas.
"Además las minas no se pueden explotar porque extraer una tonelada hoy cuesta US$ 90 y en el mercado internacional vale algo menos de US$ 50", señaló. Viñas conjeturó que quizás el gobierno quiere extender hasta último momento las negociaciones para evitar que el grupo indio le realice un juicio al Estado, amparándose en el acuerdo de protección de inversiones entre Uruguay e India.
El proyecto de Aratirí fue declarado como de gran porte por una ley aprobada el 4 de diciembre de 2013. El expresidente José Mujica presentó en varias oportunidades al proyecto Aratirí como una oportunidad para generar empleos en una zona del país donde faltan fuentes de trabajo y diversificar la matriz productiva del país. Lo cierto es que nunca llegó a obtener las autorizaciones ambientales requeridas. En febrero de 2015, el saliente gobierno de Mujica impulsó y obtuvo que se votara una ley que le daba 360 días adicionales para que Aratirí y el gobierno negociasen un contrato. Pero transcurrió todo el año sin acuerdo.
Aratirí argumentó que los cambios del gobierno respecto a la ubicación de la terminal portuaria de la minera retrasaron su proyecto. El Ministerio de Defensa rechazó construirlo en La Angostura (Rocha). Finalmente la empresa propuso embarcarlo en Montevideo.
El gobierno de Tabaré Vázquez disolvió la comisión para estudiar la viabilidad de construir un puerto, por donde se iba a embarcar el hierro de Aratirí.
Siete funcionarios del gobierno del expresidente José Mujica realizaron 10 viajes para impulsarlo a países como Corea, Brasil, Paraguay, Rusia y China, por los cuales se pagaron por lo menos US$ 35.000 en viáticos y pasajes. Seis viajes fueron hechos por el ex vicecanciller Luis Porto.
El Movimiento Uruguay Libre que quiere prohibir la minería de metales a cielo abierto, logró que el Poder Judicial dispusiera que se liberase la información sobre cuánto se gastó en diversos trabajos de consultoría para estudiar todo lo vinculado a la posibilidad de construir un puerto de aguas profundas en Rocha, que nunca se concretó.
Inicialmente, los activistas calculaban que se habían gastado con ese fin US$ 2 millones, pero un estudio detallado de la información reveló que en realidad el monto ascendió a US$ 6,6 millones; US$ 2,1 millones los cobró Seaforth Geosurveys Inc.
Como se superó el tope de US$ 2 millones originalmente destinado a la comisión interministerial que estudió la viabilidad del puerto, Presidencia de la República asignó recursos adicionales.
El consultor Ignacio Aragone percibió US$ 87.840 y el ingeniero Ismael Piedra Cueva US$ 76.250. La Universidad de la República cobró US$ 1 millón, el LATU US$ 571.000 y la empresa CSI Ingenieros US$ 420.000.
Pero el puerto no se construyó. La consultora brasileña Planave advirtió en junio de 2014 que hacían falta más estudios para determinar la viabilidad, y estimaba "nula" la posibilidad de atraer la carga de granos brasileños. En diciembre el consultor Rafael Escutia señaló que "los análisis no identifican claros beneficios en la utilización del puerto de aguas profundas" frente a las terminales existentes.
