Un informe privado de un analista cercano al Gobierno muestra con elocuencia el costo fiscal de los subsidios al servicio de gas. Sólo el año pasado, los usuarios (residenciales, comercios, industrias y estaciones de GNC) pagaron en total unos US$ 4600 millones a través de sus facturas, mientras que el Estado puso US$ 3200 millones. El aumento de las tarifas que el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, tiene listas para implementar buscarán darle otro balance a esa cuenta: que el Gobierno ponga menos y los consumidores, más.
Es un ajuste a pedido de las necesidades del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quien enfrenta planillas que indican que el déficit fiscal está lejos de reducirse sustancialmente, al menos en el primer bimestre de este año.
Aunque los aumentos de gas rondarán el 300%, es difícil asegurar que se tratará de una política de shock, como suele aclarar Aranguren, en especial porque los subsidios continuarán existiendo. Por ejemplo, persistirá la tarifa social para los consumidores de bajos ingresos.
En el caso eléctrico, ese mecanismo permitió que unos 2,7 millones de clientes no paguen por un bloque de energía, y enfrenten un precio módico cuando superan ese consumo.
La gama de aumentos empezaría en 40% y podría alcanzar el 300%, siempre según el tipo de tarifa. Desde hace tiempo están definidos los números del segmento mayorista. Los consumidores residenciales pagarán en promedio $ 70 por millón de BTU (la unidad de medida) por el gas mayorista, 124% por encima del precio actual. En dólares, pasará de poco más de US$ 2 a US$ 4,70.
El impacto del aumento en la factura puede ser muy variable porque hay unas 1300 tarifas distintas de gas para usuarios residenciales en todo el país, que tendrán un ajuste distinto según diversas variables, como el hecho de recibir subsidios o no. También habrá premios al ahorro, igual que en la electricidad.
Las estaciones de GNC, por caso, pagarán poco más de $ 52,50, que representa un incremento del 41%, mientras que el valor para usinas casi se duplicará, hasta los $ 78.
La intención del Gobierno es que después de los aumentos las compañías estén en equilibrio, algo que hoy no ocurre. En ese momento comenzarán a exigirles inversiones en el mantenimiento y la ampliación de las redes.
En febrero, Aranguren disolvió la Unidad de Renegociación de Contratos, más conocida como Uniren, toda una institución en el sector. Fue un paso fundamental para avanzar en el aumento de tarifas. Había sido creada en julio de 2003 para renegociar los contratos de obras y servicios públicos, pero su tarea quedó deslucida cuando el presidente Néstor Kirchner no implementó las alzas acordadas con las empresas.
Es muy probable que las naftas vuelvan a aumentar, como lo hicieron dos veces en lo que va del año. Al menos esa es la intención de las petroleras, como YPF, Axion, Shell y Oil. En marzo, los combustibles subieron en todo el país en torno al 6%, un número similar al de diciembre.
Las petroleras explican los ajustes por la devaluación. En diciembre el Gobierno convalidó un salto cambiario en torno al 40%, pero esa brecha se incrementó en la última semana con la escalada del dólar (pese al retroceso de los últimos dos días). Eso se debe a que las petroleras venden los combustibles en pesos, pero pagan el petróleo a un precio dolarizado. De manera que la depreciación de la moneda local las obliga a desembolsar más billetes. En dólares, las naftas en la Argentina están alrededor de 1 dólar el litro, un valor similar al del resto de la región.
Para compensar la presión del tipo de cambio sobre los combustibles, el Gobierno autorizó en la primera parte del año la importación de petróleo, que se paga a precio internacional, la mitad que el valor en el mercado interno. No se descarta que vuelva a acudir a esa estrategia para moderar los aumentos, que habitualmente siguen a la devaluación.
La diputada nacional de la Coalición Cívica e integrante de Cambiemos Elisa Carrió aseguró este miércoles que no comparte los "ajustes brutales" en los servicios de agua, gas y transporte previstos para el mes de abril y señaló que "no se puede ahogar a la sociedad" con estos aumentos.
"No comparto ajustes brutales de agua, gas, transporte en medio de tan alta inflación. No se puede ahogar a la sociedad que nos apoya en el cambio", dijo Carrió a través de su cuenta oficial de Twitter.
"Es cierto que hay que salir de los subsidios pero no de ésta forma, sin pensar en la sociedad que el solo título del aumento la angustia", dijo la legisladora, aliada del Gobierno de Mauricio Macri, y agregó: "¡No es así! Hice todo lo posible para pararlo. No pude".
Según está previsto para el mes de abril, Aysa podría ajustar su tarifa hasta en un 500% , mientras que el aumento del gas estaría en el orden del 300 % y las subas en transporte se ubicarían en el rango de un 150% más en trenes y 70 % en colectivos. A esto se suma la devalución de 60%, los incrementos de casi 30% en tres de los alimentos y carnes, el tarifazo de luz, las subas de alquileres, los precios de los autos, peajes, naftas, cuota de las prepagas y los colegios.
Antes de dejar el poder, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner además de nombrar en el Boletín Oficial a miles de empleados en el Estado, promulgó una ley que ahora podría ayudar a grandes consumidores a enfrentar la reciente ola de elevados aumentos de tarifas de diversos servicios públicos. Se trata de la Ley 27.218 denominada "Régimen tarifario específico para entidades de bien público". Como reza su nombre, la disposición apunta generar una tarifa especial para aquellas personas jurídicas que no persiguen fines de lucro y tienen por principal objeto el bien común.
La norma fue sancionada por ambas Cámaras del Congreso el 25 de noviembre de 2015 y quedó promulgada de hecho el último 22 de diciembre, ya bajo el nuevo gobierno de Mauricio Macri. En concreto, obliga a las prestadoras de servicios públicos de agua potable y desagües cloacales, electricidad, gas natural y telefonía, a crear una nueva categoría para este tipo de usuarios dentro de los cuadros tarifarios.
Sin embargo, la ley aún no está reglamentada. Muchas de estas entidades desconocen en rigor la existencia del beneficio y ya han sufrido aumentos de más de 700% en electricidad, por ejemplo, debido a que su nivel de consumo es alto y están catalogadas como grandes consumidores. Y aunque todavía no han sido anunciadas oficialmente, el mes que viene el resto de las prestaciones también registrarán subas importantes en sus precios.
Estas entidades no están agrupadas en una sola organización o cámara porque dependen de cada actividad: universidades, colegios, ayuda social, comedores, entre otros, pero El Cronista supo de la intención de algunas de ellas de pedir una reunión con el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, para acelerar la reglamentación que ponga en vigencia el nuevo régimen que las ayude a paliar los mayores costos. De todas formas, esa facultad está en manos del Poder Ejecutivo.
Y es que la ley detalla aspectos para cada servicio pero de forma amplia (de allí la necesidad de una reglamentación). En las características generales, no obstante, puntualiza: "Se establece como tope máximo en la facturación de los sujetos del presente régimen, la tarifa máxima prevista para los usuarios residenciales para cada servicio. La base de facturación será equivalente o menor a la tarifa mínima que abonan los usuarios residenciales, según los cargos propios de cada servicio".
Tras el congelamiento tarifario de más de una década en varios de estos servicios, la administración de Cambiemos con el ministerio de Aranguren a la cabeza decidió realizar una ola de ajustes para reducir millonarios subsidios, equilibrar cuentas y mejorar la calidad de las prestaciones, en muchos casos altamente deficitaria. Claro que incrementos de 700% de una sola vez representan un gran golpe a los bolsillos, sobre todo de los grandes usuarios, que se tornan muy difíciles de afrontar.
En febrero, Aranguren anunció la suba de tarifas eléctricas, con aumentos de entre 500% y 700%, dependiendo la categoría de consumidor. Para abril se esperan ajustes también en las facturas de gas (todavía se desconoce la magnitud del porcentaje pero trascendió una suba promedio de 300%). En el caso del agua, la estatal AySA consiguió que desde el mes que viene sus valores se incrementen desde un 300% hasta aproximadamente 500%. Por ejemplo, una factura que hoy cuesta unos $ 90 pasará a poco menos de $ 500.
Para la telefonía (otro de los servicios contemplados en esta ley), el Gobierno y los operadores telefónicos más importantes acordaron un aumento de casi 200% en el precio del abono de la telefonía fija y el lanzamiento de tarifa plana para llamadas locales y de larga distancia nacional. Tal como informó Clarín, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) recibió esta semana el aviso formal de Telefónica y Telecom para aumentar el abono de la telefonía fija de $ 13,28 más IVA, a $ 38 mensuales.
