El dictamen de la Procuración del Tesoro, un organismo nacional, que le otorga a la provincia de Mendoza el pleno y exclusivo derecho sobre las regalías derivadas de la generación hidroeléctrica de los Nihuiles, sobre el río Atuel, vuelve a poner sobre el tapete -y en la peor forma para nuestra provincia- el tema de la interprovincialidad del río.

En principio llama poderosamente la atención que la noticia haya tomado estado público “vía Mendoza”, ya que fue un funcionario cuyano el que la dio a conocer durante una reunión en Neuquén. Según la autoridad hídrica de La Pampa la provincia no recibió notificación alguna, a pesar de que el dictamen fue emitido en julio del año pasado, y nuestra Fiscalía de Estado se enteró por aquel medio. Al respecto bien puede calificarse la actitud de la Nación como torpe ya que se trata deun litigio que incluye a dos estados provinciales que se supone igualitarios.

También la resolución en sí misma peca de parcialidad ya que no tiene en cuenta que se trata de un río interestadual que, si no escurre por territorio pampeano es porque los arribeños lo impiden y persisten en una actitud de apropiación que lleva ya un siglo. La Procuración, al adherir a la teoría de que los derechos son plenos para el sitio donde está el salto ignorando los derechos de aguas abajo, no solo manifiesta falta de ecuanimidad sino también ignorancia de la legislación y sienta un dudoso aporte a la problemática de los grandes ríos del país, que siempre sostuvieron lo contrario en el orden internacional.

La decisión del organismo nacional viene a respaldar, inexplicablemente, una postura ya antigua y conocida de la provincia cuyana: negociar por un lado y ganar tiempo por el otro. Recuérdese las veces en que La Pampa, de buena voluntad, accedió a firmar convenios con el Poder Ejecutivo mendocino que luego fueron desvirtuados, demorados o bloqueados por la intervención de la Legislatura, las agrupaciones de regantes u otras fuerzas vivas. Esa estrategia dilatoria siempre estuvo al servicio de los intereses últimos de la provincia cuyana: prolongar sine die los tratamientos bilaterales, mientras el agua se queda arriba y los derechos pampeanos siguen sin ser reconocidos efectivamente. 

Al respecto resulta pertinente la actitud adoptada por el gobierno provincial al advertir al Presidente de la Nación que se abstenga de avalar el dictamen. También lo es el pronunciamiento de la Fundación Chadileuvú que señaló que la situación muestra a las claras cuál es la posición mendocina, ya que si no se aviene a aceptar compartir la mitad de la suma -por cierto que módica- que implican las regalías hidroeléctricas, mucho menos aceptará ceder el agua que legítimamente corresponde a nuestra provincia y “marca a las claras el grado de mezquindad de los sectores que más se oponen al escurrimiento del río Atuel”.

Es de esperar que el Poder Ejecutivo Nacional proceda de acuerdo a la ley y el respeto a los intereses generales; mientras tanto los hechos refrendan lo correcto de la postura pampeana al iniciar un nuevo juicio ante la Corte por la imposibilidad de acordar con quienes persisten en su obstinado egoísmo.