Ricardo Labó*

Faltan menos de dos semanas para las elecciones nacionales. Al igual que con otros sectores, propuestas concretas relacionadas con el sector minero prácticamente no han existido, salvo ciertamente lo plasmado en los planes de gobierno, que existen sólo para los que los han escrito y los hemos leído.

La campaña ha estado centrada en ataques entre candidatos, formalidades administrativas, exclusiones y tachas. A estas alturas, si bien los candidatos mencionan en cada posible oportunidad que ahora sí es el momento de centrarse en debatir propuestas, ello se limitará tal vez a algunos minutos en el debate del domingo 3 de abril. Si bien es cierto que ha habido diversos espacios organizados por algunas instituciones y universidades en donde se ha discutido el tema minero, ellos han cubierto un mínimo número de temas y una cantidad limitada de votantes interesados.

Lo cierto es que a diferencia de las últimas tres elecciones, los precios de los metales están deprimidos, por lo que ahora no existe “tajada extra” que dividirse ni discutir e incluir en una agenda electoral con una visión populista y rentista. La era del súper ciclo de los últimos 15 años permitió que “exista espacio” para reformas tributarias, como la imposición de regalías (Toledo), contribuciones “solidarias” (García; a cambio de la imposición de un impuesto a las sobreganancias) y regímenes especiales (Humala).  Asimismo, por su parte, las discusiones y reformas institucionales en materia ambiental y sobre la consulta previa ya se realizaron en gran medida durante este gobierno, por lo que ahora el foco está en su consolidación e implementación.

La limitada discusión pública sobre minería durante esta campaña se ha centrado más bien en si un determinado proyecto “va o no va”, como si fuera así de simple la determinación de continuidad de un proyecto o de todo un sector, y no sobre cómo lograr una visión y acuerdos de largo plazo que permitan concretar importantes inversiones que generen recursos que puedan traducirse en desarrollo.

Hace algunos meses, se discutió, aunque aislada y tangencialmente, la propiedad del subsuelo, la participación de comunidades como accionistas y cambios en la distribución del Canon Minero. Aunque, erróneamente en mi opinión, todos estos temas han sido planteados como las “balas de plata” que resolverían los conflictos sociales y destrabarían las inversiones.

Me comentaba un amigo y colega -medio en broma, medio en serio- que si las propuestas o promesas electorales estuvieran reguladas por INDECOPI,  ya se habría multado por “publicidad engañosa” a muchos candidatos. Ciertamente, todo es posible en estas épocas. Recordemos así a ese candidato, ahora Gobernador Regional, que prometió repartir 500 soles a cada poblador, provenientes del Canon Minero. Un imposible por supuesto, pero efectivo al momento de atraer votos. Ciertamente, en el estricto, el contenido de la propaganda política no está regulada ni menos las promesas electoras (aunque las regula “el pueblo” dirían algunos a través de la aprobación o no de la gestión) y lo que está regulado, tampoco pareciera que se ejerce del todo.

Comencemos por el tema sobre la participación de comunidades como accionistas de los proyectos o empresas mineras. Se propone que obligatoriamente las empresas brinden una participación accionaria en los proyectos o empresas mineras que realicen actividades sobre sus territorios.

Ya se han escrito algunos artículos al respecto; yo quiero añadir un ángulo distinto. ¿Es necesario imponer o regular algo que ya es posible? ¿A qué me refiero? Asumiendo que está bien definida la propiedad superficial, hoy nada impide que la empresa que alquile o compre dichas tierras decida pagarle como contraprestación a dichos dueños con acciones de la empresa en vez de con dinero en efectivo. No se requiere legislación alguna para ello, pues es decisión de la empresa ofrecerlas y de las comunidades aceptarlas o viceversa; un mero acuerdo entre privados.

Asimismo, de realizarse la transacción en efectivo, las comunidades son libres de acercarse a la bolsa de valores donde cotiza la empresa y adquirir a precio de mercado acciones de la misma. Los montos que implican dichas transacciones, que llegan a varios millones de dólares lo permitirían. Nuevamente, nada ni nadie impiden ello; es libre elección de los beneficiarios nuevamente. Un tema importante, sin embargo, que debe tener en cuenta quien recibe o compra acciones, es que el precio de las acciones es volátil, afectado por diversas variables generalmente no controlables.

Sobre la propiedad del subsuelo, en parte ligado a lo anterior, se presenta el gran reto sobre determinar y asegurar los derechos de propiedad, en un país donde la propiedad superficial rural no está bien delimitada ni determinada, por lo que se generarían interminables (y hasta violentas?) disputas. Por otro lado, como se sabe, se necesitaría de un cambio en la Constitución, pues actualmente los recursos son patrimonio de la Nación y los beneficios de su aprovechamiento deben ser distribuidos entre todos los peruanos, no solo un grupo.

Finalmente, sobre la distribución del Canon Minero. ¿El problema está únicamente en la distribución? Yo cuestiono a los que plantean soluciones únicas y aisladas y no ven o no conocen la cadena de valor que implica la explotación y aprovechamiento de los recursos mineros. Se está atribuyendo a sólo un problema de distribución a que las comunidades no vean beneficios del sector minero. Ciertamente, las reformas en el sector minero los últimos 25 años se han enfocado en la atracción de inversiones, regulación, tributación y un poco en la distribución de recursos, pero prácticamente nada en la gestión y monitoreo de los mismos, lo cual es esencial para traducir la riqueza minera en desarrollo.

Esta tema me recuerda a la discusión que se tuvo a inicios de los 2000 sobre el incremento de 20 a 50 el porcentaje a distribuir como Canon Minero. En esos años, se veía el incremento de ese porcentaje como la “solución justa” para las poblaciones involucradas. Ciertamente, en esos tiempos, debido a que recién los proyectos estaban madurando y los precios no eran tan altos, la única manera que se pensaba posible para incrementar los recursos en los gobiernos subnacionales fue esa. Como si el desarrollo dependiera únicamente de la cantidad de recursos monetarios. Ciertamente, de nada sirve contar con mucho o poco dinero si no se sabe gestionarlo y traducirlo en desarrollo.

Hoy en día, aunque detectado hace muchos años, podemos ver que el principal problema de dicha reforma en la distribución fue que no vino acompañada de una reforma de la carrera y gestión pública, en donde se brinden de mayores y mejores capacidades de gestión a los gobiernos subnacionales. Esta mala administración no hizo más que generar más frustración al no poder ver las rentas mineras traducidas en desarrollo local, convirtiéndose así en una razón más para que exista rechazo a la actividad minera.

Es por ello que propuestas como la creación del “canon comunal” no hacen más que confirmar que no se ha realizado una evaluación integral del sector ni tomado en cuenta lecciones aprendidas, sino que se siguen tratando de poner parches a un problema estructural. Nuevamente, una propuesta como la de un canon comunal está llamada al fracaso si es que no se toma en cuenta la capacidad de gestión, pues una cosa es saber qué se requiere “por estar más cerca al problema y necesidades” y otra es cómo administrar los recursos, “sin burócratas intermediarios” como ha señalado el candidato de la propuesta.

Además, hay algo más fundamental y preocupante en esta propuesta: ella corre el riesgo de restar poder político, representatividad y responsabilidad a la autoridad local, la cual es la encargada de administrar los recursos. Decir que “como ellos no han sido capaces, se lo damos a otros”, es como la solución cortoplacista que se dio al otorgar la administración de los recursos para inversión pública a las empresas privadas, que si bien podría decirse que fueron invertidos con mayor celeridad y efectividad, se generó un efecto colateral más profundo que fue el debilitar aún más la institucionalidad de los gobiernos subnacionales, contribuyendo así al retraso de la necesaria reforma de gestión pública.

Todos los temas mencionados son ciertamente complejos y si son vistos de manera aislada, como históricamente se han visto los problemas y soluciones del sector minero y no de manera integral, nuevamente serán sólo parches de corto plazo. Es por ello que la discusión que urge tener desde el inicio del próximo gobierno debe centrarse principalmente en cómo generar una visión estratégica compartida de largo plazo sobre la forma de desarrollo del sector minero, el rol que éste juega en el desarrollo del país y el modelo de relacionamiento y colaboración que debería existir entre los grupos de interés involucrados.

*Economista