El ex gobernador K de Mendoza, Francisco "Paco" Pérez fue imputado por otorgar de modo irregular la concesión de áreas petroleras a una empresa sin solvencia económica, que había incumplido el plan de inversiones y con estrechos lazos con la dictadura.
La imputación a Pérez es por incumplimiento de las obligaciones como funcionario público, durante su anterior puesto a ser gobernador, como ministro de Infraestructura de Celso Jaque.
La empresa cuestionada, Chañares Herrados Empresa de Trabajos Petroleros SA (Chasa), obtuvo en 2011 la prórroga de la concesión en dos áreas para explotación petrolera hasta 2027. Para acceder a esa prórroga, Chasa se comprometió a invertir 226 millones de dólares entre 2011 y 2014; y un total de 1.000 millones hasta 2027. Cobró 37 millones de dólares del gobierno kirchnerista por el programa Petróleo Plus y Gas Plus, que se le pagaba a aquellos que aumentaran la producción y la explotación. Pero, nunca ingresó un peso al Estado mendocino y la empresa fue vendida a capitales extranjeros, en una operación off shore.
El fiscal Juan Manuel Bancalari sospecha que hubo coima entre los funcionarios y la empresa. Además de Pérez, fueron imputados: el ex subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez, el ex director de Petróleo, Pedro Sánchez, y el ex ministro de Energía, Marcos Zandomeni.
El dirigente del ARI, Gustavo Gutiérrez, lleva tiempo denunciando que la empresa Chasa proviene de la dictadura del general Carlos Suárez Mason: "Los integrantes de la empresa son todos terroristas de Estado, tipos que han cometido actos de terrorismo no solo en la Argentina sino en Centroamérica, en El Salvador y Guatemala, y están utilizando el dinero de la explotación petrolera para financiar a tipos que están prófugos de la justicia ya con condenas ciertas por delitos de lesa humanidad'".
El ex legislador Gustavo Gutiérrez celebró la imputación contra el ex gobernador Francisco Pérez y otros funcionarios por supuestas irregularidades en la prórroga de concesiones petroleras en 2011, aunque consideró que la figura legal aplicada por el fiscal -incumplimiento del deber de funcionario público- fue "muy liviana".
El fiscal especial pidió investigar a Pérez, quien entonces era ministro de Infraestructura, además de a los ex directivos de Hidrocarburos, Walter Vázquez; Petróleo, Pedro Sánchez; y de Energía, Marcos Zandomeni por concesiones a la empresa Chañares Herrados Empresa de Trabajos Petroleros S.A. (CHASA).
"Está mal la acusación. Acá también hay asociación ilícita porque por ejemplo en el caso de (Walter) Vázquez, era socio del dueño de la compañía", explicó Gutiérrez en "Hacete cargo", por MDZ Radio.
El ex legislador -uno de los principales impulsores de la investigación- recordó que los dueños de la compañía eran " represores de la época militar". "(el periodista Pepe) Eliaschev envió mails a Celso Jaque para que no dieran las prórrogas", recordó, porque "eran testaferros de Suárez Mason".
Gutiérrez opinó que la responsabilidad debería recaer además sobre el ex gobernador Celso Jaque, quien conducía la Provincia cuando se otorgaron las prórrogas de las áreas de Chañares Herrados a la empresa en cuestión, que luego vendió su paquete accionario a Medanito.
"Hay que revisar todas esas prórrogas de concesiones", consideró Gutiérrez, quien cree que una investigación en profundidad llevará a revelaciones " como todo lo que se está demostrando con Lázaro Báez y Cristóbal López".
