La Comisión de Industria del Congreso ha aprobado este martes una iniciativa planteada por ERC y pactada con PSOE, Podemos, Democracia y Libertad (DL) y el PNV, para instar al Gobierno a que prohíba el uso de la fractura hidráulica --el llamado fracking-- en todo el país y para que suspenda los permisos de todo tipo ya concedidos durante esta legislatura.
La iniciativa de los republicanos catalanes modificada con las propuestas de otros grupos pasa por reclamar al Ejecutivo que lleve a cabo las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el fracking en todo el país y para suspender cautelarmente las prospecciones ya previstas, incluso las que están en fase de proyecto o permiso de investigación.
Igualmente, se pide una moratoria durante toda esta legislatura para todos los permisos o peticiones de autorización de investigación, prospección o explotación en trámite o los que ya hayan sido concedidos, así como derogar todos los artículos normativos que favorecen la implantación de esta técnica en cualquier lugar del país.
El texto ha salido adelante con los 22 votos de ERC, PSOE, Podemos, Democracia y Libertad y el PNV, y pese a los 16 votos en contra de PP y Foro Asturias (FAC). Los cinco diputados de Ciudadanos se han abstenido.
La diputada de ERC Teresa Jordà ha advertido de los efectos nocivos del fracking en la salud humana, el medio ambiente y el ámbito rural. Igualmente, ha afirmado que la "España centralizadora, ultraliberal y expoliadora" pretende "imponer su autoritarismo" en zonas donde existe una "gran resistencia".
"El valor que tienen para nosotros estas cosas es lo que estamos votando hoy aquí", ha dicho, reclamando rechazar el fracking y apostar "de una vez por todas" por el "necesario" cambio de modelo energético, así como instando a la "insumisión" de los pueblos frente a esta técnica ante las "dudas" sobre sus efectos.
La socialista María del Puerto Gallego coincide en que los "riesgos" del fracking ya son conocidos, lo que preocupa a los ciudadanos. "Es lógico y de sentido común que el Gobierno pusiera freno a estas prácticas. Pero en contra de esa lógica, el PP ha hecho una huída hacia adelante", ha criticado, señalando que con la "excusa" de la dependencia energética los 'populares' han fomentado esta técnica.
María Rosa Martínez, de Podemos, coincide en que el principio de precaución es fundamental ante esta técnica, por los "notorios" efectos "nocivos" sobre la salud y el medio ambiente que tiene, además de porque es "incompatible" con otras actividades económicas, pese a tener un "escaso retorno energético, económico y social".
Por Democracia y Libertad (DL), Jordi Xuclá ha avanzado su apoyo a la propuesta "por muchos motivos", entre otros el camino seguido por países como Francia y también por informes realizados en Cataluña respecto de los riesgos de esta técnica.
El portavoz 'popular' de Energía, Guillermo Mariscal, considera que "cualquier país serio debe saber los recursos energéticos de los que dispone", sobre todo si es tan dependiente como España, y además recuerda que la pasada legislatura se aprobó un cambio normativo que "garantiza la seguridad de las personas y el medio ambiente" ante este tipo de actividades, que además generan desarrollo económico y abaratan los precios de la energía.
Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha lamentado la "mucha desinformación" que hay en torno a esta "controvertida" técnica, que utilizan muchos países del mundo, incluso los que no son dependientes energéticamente como es España. "Por el futuro de España, no cerramos la puerta a la exploración, y si cabe la explotación, de estos recursos", ha señalado, recordando que la UE considera este recurso como "estratégico".
La portavoz de Industria de Ciudadanos, Elena Faba, por último, ha reconocido que los informes sobre el fracking "alertan" de "notables" riesgos medioambientales y ha admitido que el uso de hidrocarburos no es "sostenible" en el futuro. Pero también cree que es "fundamental" la "prudencia".
"No tenemos suficiente información y, sin ella, es imposible adoptar decisiones", ha añadido, recordando que no se han tenido suficientemente en cuenta los efectos de las posibles responsabilidades patrimoniales que podrían exigirse si se aplica la moratoria que pedía ERC.
