El Diario de Madryn
El empresario dejó de pagar a la AFIP las deudas impositivas de Oil Combustibles y mudó la sede de la compañía a Chubut; afirma que es “víctima de una persecución política”.
Cristóbal López colocó a su petrolera Oil Combustibles a un paso de la convocatoria de acreedores al ordenar a los bancos con los que opera que no le debiten más el dinero requerido para hacer frente a las cuotas mensuales de los planes de pago que acordó con la AFIP. Así, ya no devolverá los $ 8000 millones que adeuda en impuestos.
La indicación de López -conocida en la jerga bancaria como “poner un stop debit” a los pagos desde una cuenta- se produjo en los últimos días. En paralelo, el empresario aceleró los trámites para mudar la sede de la petrolera desde sus oficinas porteñas hasta Comodoro Rivadavia, su pago chico, donde confía en que recibirá un mejor trato judicial.
Cambio de estrategia
López y su socio y lugarteniente en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, decidieron que sólo pagarán lo que corresponda a partir de ahora por el Impuesto a las transferencias de los combustibles (ITC) en todas sus estaciones de servicio, pero no los $ 8000 millones que adeudan por no haber abonado ese tributo. Y, al mismo tiempo, comenzaron a rever sus relaciones comerciales con varios de sus acreedores -a los que les piden tiempo- y proveedores, que replantearon sus condiciones.
Pese al incumplimiento, el stop debit a través de una clave bancaria uniforme (CBU) por esa multimillonaria deuda fiscal no conllevará la caducidad automática de los planes de pago, ya que la letra chica de esos regímenes incluyen un par de meses de gracia. De todas maneras, implica una nueva señal sobre cuál es la estrategia que adoptó el Grupo Indalo.
De Buenos Aires a Chubut
El objetivo de López y De Sousa incluye el traslado del domicilio social de la petrolera desde la sede histórica de avenida Córdoba 657, en la ciudad de Buenos Aires, a Hipólito Yrigoyen 4250, en el barrio industrial de Comodoro Rivadavia, Chubut, donde comenzó el imperio económico de López. Así, los eventuales reclamos judiciales de la AFIP o de cualquier otro acreedor público o privado deberían sustanciarse en la ciudad donde el “zar del juego” goza de una notable ascendencia, por lo que se descuenta un mejor trato en los estrados.
El cambio de domicilio social de Oil Combustibles se encuentra ahora a un par de pasos de completarse, según los registros comerciales. Sólo falta que la Inspección General de Justicia (IGJ) dé su visto bueno final y que se publiquen los edictos en el Boletín Oficial de la provincia de Chubut.
Divididos
La IGJ era también el destino obligado para López y De Sousa desde que anunciaron la división del Grupo Indalo. Pero todos esos trámites inevitables quedaron en el olvido desde que, tras la denuncia por “insolvencia fiscal fraudulenta” que radicó la AFIP, dieron marcha atrás con la separación. En Oil Combustibles, en cambio, López y De Sousa están más avanzados. Dieron el primer paso para la mudanza a mediados del año pasado.
Así, según surge de los registros comerciales, López y De Sousa dicen que celebraron dos reuniones de directorio y, el 8 de julio pasado, una supuesta asamblea extraordinaria de accionistas (fuera del cronograma habitual), en la que acordaron mudar la sede de Oil Combustibles a Chubut. El siguiente paso, sin embargo, recién lo dieron casi cinco meses después. El 2 de noviembre, publicaron en el Boletín Oficial nacional la decisión de mudar ese domicilio social. La fecha resulta sintomática. Se publicó ocho días después de la primera vuelta electoral que colocó a Macri en el ballottage, así como después de la reunión que el Presidente mantuvo con López en la casa de su padre, Franco Macri. Ese encuentro resultó insatisfactorio para ambos, según indicaron colaboradores de Macri y López.
El último paso de López y De Sousa para mudar al Sur la sede de Oil Combustibles ocurrió el 7 de marzo, cuando se presentaron ante la IGJ para registrar el cambio de jurisdicción. Ese trámite se encuentra, desde el 9, en “proceso de estudio”.
De completarse, la mudanza a Comodoro Rivadavia aportaría un respiro a los dueños del Grupo Indalo, porque tanto un concurso como una quiebra deberían tramitarse en Chubut, en tanto que López y De Sousa podrían plantear que -dado que el cambio de domicilio comenzó el 8 de julio pasado- cualquier causa penal debería enviarse al Sur.
Proveedores
Varios proveedores comerciales del Grupo Indalo -en particular de sus negocios petroleros- decidieron alterar las condiciones con las que operaban hasta que el domingo 13 de marzo- La situación tributaria de Oil Combustibles provocó una rebelión entre productoras de crudo. Esas empresas lo justifican en una particularidad del sector: cualquier operación implica millones de dólares.
Hace 10 días varias empresas productoras se resistieron a venderle a la compañía de López, dueña de un 6% del mercado de combustibles, en las mismas condiciones en que lo venían haciendo. Empresas como YSUR (un activo de YPF, bajo control estatal), la norteamericana Chevron, la brasileña Petrobras y CGC, de Eduardo Eurnekian, demoraron o redujeron las ventas a Oil para disminuir su riesgo financiero ante un eventual problema en los cobros. La filial de YPF volvió a venderle crudo en los últimos días, pero en condiciones férreas. Sólo carga petróleo en el barco que lo trasladará hasta la refinería de López y De Sousa en San Lorenzo si Oil paga de antemano.
El mismo camino
Chevron difirió una entrega hace aproximadamente una semana, pero comenzó a normalizarlas en los últimos días. Sí le cortó el crédito hasta que se clarifique la situación. La petrolera norteamericana le vende unos 2400 barriles de crudo por día, que cuestan más de un millón de dólares por semana. CGC, por su parte, le vendió petróleo el viernes. Sólo cargó lo que estaba acordado desde hacía tiempo, unos 7500 metros cúbicos, la mitad de lo que Oil Combustibles pretendía.
Intervinieron la autopista Ezeiza-Cañuelas que operaba Cristóbal López
Clarín
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció ayer queVialidad Nacional intervino en la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas, que está en manos de una empresa de Cristóbal López. La notificación sobre esa decisión se realizó el miércoles, para evitar "desvío de fondos en la empresa, en el manejo del día a día", explicó el funcionario.
Según el Gobierno, Aecsa -una empresa de Cristóbal López- le debe $ 250 millones al Estado nacional. Es por "recursos de asignación específica" (RAE), un dinero que los concesionarios recaudan en los peajes y deben transferir a Vialidad Nacional.
"Es parecido a lo de la nafta (por el diferimiento en el pago en el impuesto a los combustibles que hizo Oil, también de López). El RAE iba a un fondo de obras y esas obras las ejecutaban empresas y las pagaba el Gobierno nacional", explicó Dietrich. "La concesionaria de Cristóbal (López) no pagaba esto", agregó.
Por este incumplimiento y otros, Vialidad rechazó una revisión integral del contrato Aecsa (la concesionaria) y el OCCOVI, el ente de control vial que se encargó del asunto en el kirchnerismo, que iba a prolongar el plazo de concesión hasta 2031. Además, Vialidad entiende que están dadas los causales de "rescición del contrato con culpa del concesionario"
En el Poder Ejecutivo argumentan que esa concesión también adeuda multas por $ 130 millones y posee otras infracciones en trámite por $ 400 millones.
"En esta concesión no hubo ajustes tarifarios hasta que la compró Cristóbal López y se aumentó la tarifa en un 75%. Y con el OCCOVI se acordó ampliar (el plazo) en 10 años y una serie de beneficios", puntualizó Dietrich.
Según estimaciones de los funcionarios que revisaron estos contratos, el kirchnerismo se predisponía a extender la concesión del tramo Ezeiza-Cañuelas hasta 2031. Eso le generaría a López ingresos por $ 5.500 millones. Mientras tanto, Aecsa posee deudas por $ 388 millones con el Estado y se le libraron 69 actas de incumplimientos (47 de ellas, graves).
"Todo quedo saldado con los funcionarios y se extinguieron los reclamos entre las partes durante el 30 de octubre", refutan cerca de López. "Ni Vialidad tiene deudas con la concesionaria, como tampoco la firma las posee con el Estado", agregaron.
Aecsa le expresó a Vialidad que la concesión le provocó un rojo de $ 72 millones en 2015. La única forma de recuperar rentabilidad, según la firma, era con prolongar la concesión hasta 2031.
Desde que tomó la concesión, López comenzó a acumular deuda con Vialidad Nacional. Aecsa -la concesionaria- pretendía incluir ese dinero dentro de una renegociación con Vialidad (cuyo titular es Javier Iguacel). Pero este organismo, tras el cambio de Gobierno, se negó.
Todas las concesionarias de peajes tienen el deber de depositar mensualmente estos fondos RAE en un fideicomiso. López no lo hacía, según el Gobierno.
CPC, una constructora de López, también iba a ser beneficiada con la construcción de una obra en la ruta 3. Estaba valuada en $ 725 millones, pero la firma de López la iba a realizar por $ 1.300 millones. Es un incremento de $ 575 millones en el costo y estaba dentro de la renegociación que Vialidad anulará.
En la renegociación entre el Gobierno anterior y López, había obras de repavimentación por $ 1.700 millones que dejaban de ser responsabildad del concesionario. De esa forma, la firma se ahorraba el dinero.
En la administración macrista entienden que, durante el kirchnerismo, el organo de control de concesiones Occovi (que la flamante administración disolvió) vino pactando condiciones favorables para López. Gustavo Gentilli, director de Vialidad en el kirchnerismo, se fue de esa organismo y ahora es asesor de un diputado nacional del Frente para la Victoria. En la revisión de su actuación, podría haber sobresaltos.
ESCRIBE CESAR LITVIN
Cuando un contribuyente no puede o no quiere pagar un impuesto, tiene tres opciones principales:
1 No presenta la declaración jurada: en ese caso, la AFIP, si es un gran contribuyente, le intima la presentación en menos de 48 horas, y si no cumple, tiene posibilidades de iniciar un reclamo judicial calculando un monto estimado en base a pagos anteriores.
2 Presenta la declaración jurada, indicando el monto a pagar, pero sin abonar el impuesto: en ese caso la AFIP en menos de 48 horas le inicia una ejecución fiscal donde se encarecen los intereses porque empiezan a devengarse punitorios en lugar de resarcitorios, más honorarios judiciales, más costas.
3 Presenta la declaración jurada con un monto menor, engañando al fisco: en ese caso, cuando la AFIP lo detecte, además del reclamo económico con intereses y multas se realiza una denuncia penal.
Aparentemente, el grupo investigado tomó la alternativa de presentar las declaraciones sin pagar el impuesto oportunamente y luego aprovechó diversos planes del artículo 32, que es un salvavidas discrecional y a medida.
En una interpretación muy ligera de la normativa penal tributaria, no habría delito porque el contribuyente no engañó al fisco mintiendo en sus declaraciones. En mi opinión, y sólo basado en la información periodística, creo que:
◆ Deberíamos profundizar si no tipifica la figura de evasión fiscal a través una maniobra de omisión penalmente relevante, porque se omite el pago teniendo los fondos para hacerlo y en lugar de pagar lo destina a otros fines.
◆ También habría que analizar si no se da la figura de apropiación ilegítima de un tributo, porque en definitiva se cobró el impuesto a los combustibles (ITC) y ese dinero no le pertenece, y en lugar de depositarlo a su vencimiento le dio otro destino. Aquí la dificultad interpretativa es que la ley que tipifica la apropiación indebida sólo se refiere a los agentes de retención y percepción de tributos, y el ITC es un caso diferente.
◆ Otra posibilidad es investigar la figura de insolvencia fraudulenta, que utilizó la AFIP para denunciarlo. Para eso, debe acreditarse la acción deliberada de no pagar el impuesto y a su vez efectuar un vaciamiento de la empresa.
◆ También es posible tipificar la conducta en el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, que castiga el fraude a la administración pública.
En cualquier opción es posible extender la imputación penal a los funcionarios de la AFIP que participaron de la maniobra evasiva. Incluso con el artículo 32, éste sólo estaba previsto para situaciones extremas con el fin de preservar las fuentes de trabajo.
Respecto del reclamo económico y la posibilidad real de cobro ante una escisión de empresas, cuando se produce la división el fisco conserva las facultades de reclamar a las antecesoras. El problema mayor para la AFIP es si el grupo se presenta en concurso de acreedores, que suele arrastrar al resto de las compañías. Con un concurso se detienen los reclamos desde la presentación hasta la homologación, unos dos años aproximadamente, sin devengar intereses, con lo cual se licúa la deuda en escenario de inflación. Y luego se puede acoger a un plan de pagos a ocho años de plazo con intereses de financiación muy bajos.
Si la empresa no se presenta en concurso y la AFIP inicia el juicio ejecutivo junto a un embargo e inhibición de bienes, podría llegar a un remate judicial al final de un largo camino de varios años. La AFIP también tiene facultades para el reclamo económico a los directores como responsables solidarios, con lo cual habría que ver la solvencia de éstos. El organismo tiene todas las herramientas legales para proteger sus acreencias, sólo debe actuar rápidamente.
*Socio de Lisicki, Litvin y Asociados.
