Clarín
No son días tranquilos en Santa Cruz. Alicia Kirchner quedó envuelta en las denuncias por corrupción que apuntan contra Lázaro Báez y temen en el gobierno provincial “más repercusiones”, en un momento de mucha conflictividad social por la crisis financiera que vive la Provincia. En el gabinete santacrueño sostienen que la relación “nunca fue buena” con el empresario K, pero ahora le retiraron la totalidad de las obras a su holding y buscan re licitarlas en el corto plazo. Se tratan de 24 contratos que están suspendidos. En la Casa Rosada señalaron que el empresario “no tendrá más obras”.
El fin de semana largo no dio tregua a la tensión que se vive en el sur. Con cautela y con la firme decisión de no responder públicamente, en el gabinete de la gobernadora aseguran que la prioridad “es resolver los conflictos de la provincia”, y detrás de ello está el temor a que más acusaciones surjan por parte de Báez quien, por primera vez en doce años, decidió confrontar con los Kirchner, que le garantizaron 24.500 millones de pesos en obras públicas que en su mayoría, dejó inconclusas.
“Nunca fue buena la relación”, describió un alto funcionario provincial al referirse al enfrentamiento que tuvo la gobernadora durante sus primeros cien días de gestión, con Báez, y resaltaron “no nos sorprende”, contemplando el escenario de conflictividad que se desplegó en las rutas tras los 1800 despidos que realizó el empresario K en el sector de la construcción.
Desde diciembre, los cruces fueron constantes. En pleno conflicto de Austral Construcciones con la UOCRA, la cuñada de Cristina Kirchner recalcó que el principal responsable era el empresario K, y que debía “hacerse cargo”. Esto molestó a Báez, que en su entorno criticó la gestión de Alicia Kirchner asegurando que “no hizo nada para resolver el reclamo que hicimos con Vialidad que nos debía 400 millones de pesos”, como describió a Clarín uno de sus asesores.
En este escenario de guerra declarada, en una de sus primeras visitas a la Casa Rosada Alicia Kirchner había solicitado a la nueva gestión que “por favor” le retiren las obras a Báez, queriendo desvincularse de la relación comercial que su familia mantuvo por años con el empresario K, cada vez más acorralado por la Justicia. En medio de la confrontación, el gobierno provincial confirmó que Lázaro Báez “ya no tiene obra pública en Santa Cruz”. Todo un símbolo del fin de ciclo del empresario favorito del kirchnerismo en el sur.
Aunque en Austral Construcciones informaron a Clarín que la firma rescindió 29 contratos con Vialidad provincial, en el gabinete de Kirchner indicaron que la decisión fue de la actual gestión. “Se le retiraron todas las obras en acuerdo con Vialidad Nacional. No le quedó ninguna le quitamos absolutamente todo”, indicó un ministro.
Desde la Casa Rosada confirmaron a Clarín que a Báez le quedaban cerca de 24 contratos, y que “se iniciaron los mecanismos administrativos para sacárselas”. Y aseveraron: “No va a tener más contratos con el Gobierno”. La información fue reafirmada por Francisco Anglesio, director de Vialidad provincial comitente de las obras que financió Nación: “Se rescindieron las obras a Austral Construcciones y Kank & Costilla (empresa que dirige Martín Báez), estamos en diálogo permanente con Vialidad Nacional para reactivar la obra pública”, indicó.
Una de las obras que le quitaron a Báez y que representa de los casos más escandalosos, es la ruta nacional 3, tramo Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia. Se licitó por 125 millones de pesos, y no sólo se pagó con la redeterminación de precios 800 millones, sino que de los 92 kilómetros sólo se hizo el 36%, según confirmó el ministro de Transporte Guillermo Dietrich.
Como muestra del ocaso de Báez que, ante la citación a indagatoria de su hijo Martín por las imágenes que lo muestran contando tres millones de dólares en la financiera SGI, promete romper con la lealtad que mantuvo contra los Kirchner, sus socios y beneficiarios durante la última década; en el norte de Santa Cruz se despejó uno de los obradores de Austral. Todo el equipamiento que se encontraba ahí fue trasladado a Comodoro Rivadavia:módulos de oficinas y trailers que utilizaba el personal de la empresa. “Austral es un pueblo abandonado, ya no tiene la plata del Estado para hacer nada”, aseguraron a Clarín desde la Casa Rosada.
Urgente 24
Lo niegan, pero las pruebas están cada vez más a la vista y las diferencias entre ellos ya no se ocultan. El empresario santacruceño Lázaro Báez, acusado en la justicia por supuesto lavado de dinero, reclamó públicamente a la gobernadora Alicia Kirchner que "no pierda la memoria" luego de que la funcionaria asegurara que su familia "jamás" fue socia del constructor. Además recordó que le compró una vivienda a la actual gobernadora en el 2003.
Báez volvió a hablar en las últimas horas con el portal Infobae para lanzar un nuevo mensaje hacia Kirchner y pidió "que no pierda la memoria". Aunque luego, algo enigmático, agregó: "El silencio es salud". Ayer había dicho: "Yo puedo explicar mí patrimonio, Alicia y Echegaray, no".
La compra de la casa fue en mayo de 2003 cuando Néstor Kirchner se disponía a asumir la presidencia y Alicia el ministerio de Desarrollo Social. La operación se concretó en dos semanas. Según los registros a los que accedió el portal, se trata de un chalet ubicado en la calle Tierra del Fuego al 100, del barrio Codepro que pasó a manos de Austral Construcciones por poco más de USD 100 mil aunque se escrituró a un valor fiscal algo menor.
Ese chalet fue la casa de Alicia donde vivió junto a su exmarido, Armando "Bombón" Mercado. En 2013, murió Mercado, padre de la hija de Alicia que figura en el directorio de Hotesur, empresa de Báez que administró hoteles de la ex Presidenta Cristina Fernández.
Pese al estricto hermetismo con que Báez se maneja con la prensa y sus negocios, este fin de semana comenzó a hablar para contestarle a las críticas que recibió por parte de Alicia Kirchner y nuevo director de la Auditoría General de la Nación (AGN), Ricardo Echegaray, quien estimó que el empresario puede ir preso.
El jueves, cuando Alicia fue consultada por radio Vorterix si Báez era socio de su hermano Néstor respondió que "jamás, por favor..." y cuestionó "las mentiras que están circulando" sobre este tema.
"Yo no voy a contestar sobre la causa Hotesur, no soy ni juez ni fiscal, quien debe trabajar es la Justicia", dijo la mandataria santacruceña. "Hay muchas injusticias, un tejido de relaciones que a veces no corresponden", se quejó la gobernadora.
La exministra de Desarrollo Social durante los 12 años de kirchnerismo sostuvo que la actuación de Austral Construcciones "no fue buena", por lo que pidió "la rescisión de las obras" públicas que tenía a cargo.
“Un mensaje para Cristina”
Desde el entorno de Cristina Fernández aseguran que la entrevista de Lázaro Báez fue “un mensaje” contra la ex Presidenta.
“Le soltaron la mano, está claro”. Así definieron ante Clarín desde el entorno de Báez la relación actual con la familia Kirchner. Sin embargo, la tensión de hoy no logra ocultar los negocios con la ex familia presidencial. “Está enojado con Cristina por la situación de su hijo (Martín), si cae él se pudre todo”, contó una persona de confianza del titular de Austral Construcciones. Este mismo planteo lo realizó Norma Calismonte, esposa de Báez, en una reunión privada durante esta semana, describe la periodista santacruceña Lucía Salinas en Clarín.
En el gobierno de Alicia Kirchner no ocultaban ayer el malestar con las declaraciones de Báez. El primer cruce entre ellos fue por la obra pública: la provincia rescindió los contratos de las constructoras del empresario K por “diversos incumplimientos”. Con esa decisión le canceló toda la obra pública a Austral Construcciones, que durante el kirchnerismo fue el adjudicatario de 54 obras por $24.500 millones.
“Esperemos (por Báez) que justifique su patrimonio como dice, después del daño que le hizo al Frente Para la Victoria con sus desprolijidades”, dijo ayer a Clarín uno de los principales ministros de la gobernadora Kirchner.
La confrontación en Santa Cruz llegó a tal nivel que en el gabinete de Alicia responsabilizan a Báez por la conflictividad que se vivió en las rutas por los despidos de personal de la Uocra. “Alicia está abocada a la provincia y no se va a enganchar con lo que diga Lázaro”, aseguraron desde el gabinete.
La disputa de Báez con los Kirchner, encarnada en Alicia, parece haber roto el pacto de silencio que entre dos familias que, según la hipótesis de la Justicia, tienen finanzas indisolubles, acrecentadas por fondos multimillonarios. Y siempre públicos.
Una nueva voz se suma en contra de Ricardo Echegaray. Esta vez quien solicitó su renuncia fue el secretario de Asuntos Políticos de la Nación, Adrián Pérez, que sostuvo que el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) debería ser removido de su cargo por falta de idoneidad moral".
Echegaray asumió como sucesor de Leandro Despouy en enero. El camino a la presidencia de la AGN no fue sencillo para el exadministrador federal del kirchnerismo. Para acceder al cargo debió enfrentar disputas políticas y judiciales con los presidentes de las cámaras del Congreso: la presidente provisional del Senado, Gabriela Michetti y el presidente de Diputados, Emilio Monzó.
En una entrevista con la agencia de noticias Télam, Pérez se alineó con la denuncia que había presentado Elisa Carrió (ver nota relacionada).
"Echegaray no puede estar a cargo del órgano de control más importante del país. No vio la deuda de Cristóbal López (titular del Grupo Indalo), porque o tenía intereses creados o no sirvió para el puesto. También dejó pasar los controles a la imprenta Ciccone", recordó.
El propio Echegara, recientemente en diversas entrevistas negó haber favorecido a López con su actuación. "Una vez que se cumple con las metas de recaudación, la ley le asigna la facultad a la AFIP de otorgar facilidades de pago a empresas que por una situación financiera no llegan a pagar a término".
Días atrás, Carrió amplió su denuncia ante la Oficina Anticorrupción (OA) contra el ex director de la AFIP. Además le pidió al organismo que encabeza Laura Alonso que investigue a algunos de sus colaboradores por considerar que pudieron haber encubierto o haber sido partícipes de hechos de corrupción del gobierno de Cristina Fernández.
