En un giro contradictorio, la Justicia hizo lugar ayer a la apelación que presentó YPF para mantener bajo confidencialidad una parte del polémico contrato que firmó hace casi tres años con la estadounidense Chevron para la explotación conjunta de Loma Campana, un área del megayacimiento neuquino Vaca Muerta.
Según pudo saber El Cronista, la jueza María Cristina Carrión de Lorenzo avaló la postura de la estatizada petrolera, aunque todavía no la notificó oficialmente (cuenta con 72 horas para hacerlo) y ahora el caso volverá a la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo, que en un primer momento había fallado a favor de la compañía. Hace apenas una semana, la magistrada había ordenado a la empresa a revelar todas las cláusulas del documento, ratificando así un fallo de la Corte Suprema que en noviembre hizo lugar a la demanda iniciada por el diputado socialista Rubén Giustiniani, quien había pedido a la empresa una copia del acuerdo basándose en el derecho de acceso de información pública.
Pero el escrito de apelación de YPF (también presentado la semana pasada) estuvo basado en los mismos argumentos por los que en una primera instancia intentó convencer sin éxito a Carrión de Lorenzo para que revea la sentencia de la Corte y que ciertos datos se mantuvieran en reserva al considerarlos como "información estratégica" para la firma.
A principios de mes, dentro del plazo establecido por la Corte, YPF había entregado al juzgado un duplicado del documento pero con algunas de sus cláusulas tachadas y adjuntando un pedido adicional de conservar su secreto; solicitud que la jueza trasladó a la demanda pero que fue rechazada. Después consiguió que la Oficina de Anticorrupción (OA) emitiera una nota de carácter administrativo en la que respalda su argumento.
Más tarde Carrión de Lorenzo (quien presentó su renuncia y dejará su cargo el 1 de mayo) ratificó el fallo del máximo tribunal, decisión que la cúpula directiva de YPF recurrió por unanimidad con aval del gobierno de Mauricio Macri, a través de los representantes por el Estado en la empresa. Desde ese día, la magistrada tuvo 72 horas hasta las 9 de ayer para resolver si daba lugar o rechazaba la acción de la petrolera. Lo que busca YPF es negociar de qué manera y en qué condiciones se hará público el documento de unas 5.000 páginas sin que afecte su competitividad. La empresa no reniega de publicarlo pero pide hacerlo en el marco de la ley de acceso a la información pública, con las salvedades que contempla la norma.
Mediante un comunicado, la empresa que hasta abril conducirá Miguel Galuccio explicó hace unos días: "el juzgado que no estableció recaudos que impidan la divulgación a terceras partes ajenas al proceso (empresas competidoras y otros actores) de información con claro valor geológico, comercial, técnico e industrial, previstos en el régimen de Acceso a la Información Pública, coloca a YPF en una situación de desventaja competitiva con consecuencias adversas para el desarrollo de Loma Campana y futuros proyectos de la compañía".
La temporada de emisiones corporativas fue inaugurada el viernes pasado por YPF con la colocación en el exterior de un bono por u$s 1000 millones, el cual pagará cupones a una tasa de interés del 8.5%.
Pero el diferencial de rendimiento con respecto al soberano se ubicó rápidamente en unos 25 puntos básicos por debajo de su valor razonable, lo que para algunos supuso que el título perdió atractivo.
Según Elypsis, por el amplio interés de los inversores que realizaron ofertas por u$s 3000 millones y el acierto de recurrir a los mercados antes del soberano, la tasa del bono de YPF que vence en 2021 se ubicó el mismo viernes en 8,38%, unos 135 puntos básicos sobre la curva soberana.
Pero desde la consultora estimaban su precio al menos unos 160 puntos básicos sobre la curva soberana bajo ley argentina, por lo que el spread ya no se ve tan tentador, dados los precios actuales.
El rendimiento del título de YPF se ubicó ayer en 8,43% mientras el Bonar 2024 casi se mantuvo sin cambios desde el viernes, y cerró en 7,55%. En la nueva etapa del preacuerdo del gobierno nacional con los holdouts, el rendimiento del título pone un techo al financiamiento sobre el pago a los holdouts, dijo Diego Martínez Burzaco, economista jefe de Inversor Global.
"Si lo comparas con otros bonos corporativos, el corte no es tan atractivo. Si se compara con petroleras regionales, los de Petrobras rinden más que YPF con otro tipo de riesgo. Creo que una tasa en torno al 8,40% es atractiva para un mundo de tasa cero o negativa y con emergentes con buena calificación crediticia rindiendo entre 4y 5%", agregó.
El segundo corporativo que también decidió evitar al gobierno nacional como competidor en los mercados fue IRSA, que con la emisión de un bono por u$s 360 millones a 2023, obtuvo una tasa de corte del 9%, como parte del plan de extensión del perfil de su deuda. A través de esta colocación, la compañía planea recomprar a fin de mes parte de sus deuda a 2017 y 2020.
Según un informe del Banco Ciudad, a esta primera ronda de colocaciones, que también incluye a la emisión de u$s 1250 millones de la provincia de Buenos Aires, podrían llegar a sumarse en el transcurso de los próximos meses, otras emisiones de deuda provinciales por aproximadamente u$s 5000 millones, que se agregarían a las liquidaciones de dólares del complejo agroexportador previstas para el segundo trimestre, por más de u$s 7000 millones.
A su vez, en el ámbito corporativo se espera que más compañías coloquen bonos en el exterior, sobretodo aquellas que tienen la capacidad de emitir u$s 200 millones o más. Algunas ya están sondeando a los mercados y pronto podrían concretar sus planes antes de que el soberano inunde el mercado con papeles argentinos.
El foco deberá estar puesto en las empresas que tienen que refinanciar deuda este año, sobretodo aquellas que tengan deuda con cupones altos, como es el caso de Edenor. Otras que podrían salir pronto son Arcor, Raghsa, TGS o Banco Macro, entre otras.
